En los últimos años asistimos a la difusión de mensajes alarmistas, por parte de algunos medios de comunicación y de los sectores más conservadores de la derecha.
Cuentan con un coro compuesto por comerciantes y algun grupo del barrio.
Nosotros, valoramos la situación actual como satisfactoria y normalizada. Hace años que hemos dejado atras una dura epoca, donde los vecinos y vecinas sufrimos mucho.
Acualmente existen problemas, pero igual que en otros barrios y zonas de Bilbao.
No obstante, hay gente que se empeña en seguir lanzando sus mensajes alarmistas para obtener beneficios partidistas.
Por eso, os presentamos un articulo que da la verdadera dimensión de la situación.
A la cabeza de Europa en presos.
Juanjo Ruiz
España es el país europeo con más presos por número de habitantes, 159 por cada 100.000. Ha superado a Gran Bretaña, que históricamente había sido líder europeo en este ránking. Y aunque en el mundo estamos lejos de cifras como los 762 presos de EEUU o los 220 de Brasil, la cifra española es superior a la de China, con 143.
Las reformas penales de la democracia y la inmigración son los dos factores que explican un fenómeno que ha pasado desapercibido a la opinión pública pero que tiene preocupados a los responsables penitenciarios, que ven cómo sus previsiones quedan superadas por los acontecimientos: en sólo diez años, se ha pasado de menos de 40.000 presos a los más de 76.000 que actualmente pisan una cárcel española, según las últimas cifras disponibles, de septiembre de 2009.
Un reciente estudio del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, dependiente de la Universidad de Málaga, confirma el descenso de la delincuencia en España en los últimos diez años, lo cual contrasta con este aumento de presos. No sólo eso, el mismo estudio afirma que, pese a que las cifras de delitos son descendentes, la gente tiene la percepción de que cada vez hay más delincuentes. La razón está en el alarmismo generado por los medios de comunicación, porque las encuestas demuestran que no es por la experiencia personal o cercana vivida.
- Un Código Penal más duro.
Aunque resulte paradójico, el Código Penal franquista de 1973 era más “suave” que el actual al recoger la redención de penas por el trabajo, una figura jurídica que podía reducir una condena a menos de la mitad de lo impuesto por el juez. Actualmente, ya sólo quedan poco más de 1.000 internos que cumplen condena con el antiguo código. Las condenas actuales, sin redención, son parecidas a las de la antigua legislación penal de 1973, sobre todo en robos y tráfico de drogas, pero carecen de mecanismos flexibles para que el tiempo efectivo en prisión se reduzca, por lo que se ha alargado la estancia media de cárcel.
Según dice Manuel Cancio, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, “han desaparecido delitos de carácter moralizante o de represión política, pero hay nuevas necesidades de intervención donde antes no había: delitos de medio ambiente o fiscales, por ejemplo”. Los tiempos también han cambiado y las nuevas leyes tienden a ver el delito como una disfunción voluntaria del delincuente más que, como indica Cancio, “parte de un fenómeno social, por ello la Constitución proclama la rehabilitación como objetivo supremo de la pena”.
Sucesivos retoques han aumentado las condenas en algunos delitos y endurecido las condiciones para la libertad condicional. Por ejemplo, un condenado a más de cinco años de prisión no puede salir en libertad condicional si no paga la responsabilidad civil marcada en su sentencia. En asuntos de narcotráfico, las multas suelen ser astronómicas y no todos los condenados, especialmente los de medio y bajo escalafón, se la pueden costear. Cualquiera de las frecuentes “mulas” detenidas en los aeropuertos con drogas en las maletas o en las tripas, suelen ser condenadas entre nueve y once años de prisión. Y todas son reclutadas entre los barrios pobres de ciudades como Bogotá, Sao Paulo o Caracas. Y casi el 16% de los presos cumplen condena por tráfico de drogas.
Otro reforma penal ha sido fruto de la llamada “tolerancia cero” hacia delitos como la violencia de género o contra la seguridad vial, lo cual está generando un número cada vez mayor de ingresos en prisión. A noviembre de 2009, había 4.161 presos por violencia doméstica mientras que a principios de año la cifra era de 2.865, lo que supone un aumento del 45% en sólo 11 meses. Como ejemplo, en la cárcel valenciana de Picassent recibe más presos por delitos domésticos que por tráfico de drogas.
También la cárcel es ya una medida habitual para delitos relacionados con la seguridad vial, en especial, las alcoholemias graves al volante. En el primer semestre de 2009, los encarcelados exclusivamente por estos delitos subieron un 86%, de 356 a 662. A éstos hay que sumar los que tienen condenas por otros delitos y suman penas relacionadas con la seguridad vial, que en total son 2.674. La mayoría de delitos relacionados con la circulación se pagan con trabajos en beneficio de la comunidad; la cárcel trata sólo las infracciones más graves, pero casi la mitad de las condenas registradas en España lo son ya por delitos en las carreteras.
La dureza penal, contrariamente a la fama de España como país blando, se explica por la decisión de los sucesivos gobiernos por el llamado “populismo punitivo”: la percepción errónea, antes mencionada, entre los ciudadanos de que el delito campa a sus anchas y de que es necesario “mano dura” ha generado que los distintos gobiernos, tanto del PP como del PSOE, hayan endurecido la leyes penales con fines electorales. Según el profesor Cancio, “las fuerzas políticas determinantes en España participan en una subasta cotidiana de nuevas parcelas de criminalización. Todos los agentes políticos temen que la otra parte les reproche en el debate público ser blandos contra el crimen y dejar desprotegidos a los ciudadanos de bien. Los agentes políticos piensan en el siguiente telediario, en el próximo período electoral, y las consecuencias de reformas irresponsables y frívolas se manifiestan tiempo después en tribunales y prisiones”.
Todo lo anterior explica la evolución en el número de internos, pero otra cuestión es el cambio en la tipología sociológica de los presos. La generación autóctona de delincuentes de finales de los 70 y 80´s, encarnados en la imaginería popular por el “Vaquilla”, fue desapareciendo de las prisiones por culpa de la heroína y el SIDA en los años 90, lo que debería haber repercutido en un menor número de delincuentes en activo. Pero en los últimos diez años otro fenómeno ha ido llenando las celdas: la inmigración.
Las cárceles españolas se están llenando de inmigrantes. Actualmente, el 35% de los presos son extranjeros mientras que en el año 2000 esa tasa era del 18%. Y todos los indicios apuntan a que estas ratios seguirán aumentando. Marroquíes, colombianos, rumanos y argelinos son, por este orden, las nacionalidades más numerosas en los presidios españoles.
Medios de comunicación y gobiernos tratan de no criminalizar al colectivo inmigrante. De esta forma, pese a que estudios y estadísticas alertan de un fenómeno que va a más, no existe una política criminal, social o penitenciaria que aborde de frente la cuestión. Recurriendo a Ortega y Gasset, “toda realidad que se ignora prepara su venganza”.
Los expertos alertan de que proporcionalmente los inmigrantes delinquen más que los españoles. Un estudio publicado por el Real Instituto Elcano y dirigido por Juan Avilés, Catedrático de Historia Contemporánea por la UNED, sobre el impacto de la inmigración sobre la seguridad, remarca “que si la tasa de delincuencia, a igualdad de sexo y edad, fuera idéntica entre los residentes nacionales y extranjeros, habría que esperar que los extranjeros hubieran cometido el 18% de los delitos, pero en realidad cometieron el 29%”. No obstante, el mismo trabajo muestra cómo la tasa de detenciones de extranjeros baja a medida que éstos se encuentran empadronados. Con todo, cada vez más inmigrantes entran en prisión, y volviendo a Ortega, “España es el único país del mundo en el que los hechos se discuten“.
Los mayores índices de pobreza y marginalidad en este colectivo es la primera explicación simple del fenómeno, considerando además que buena parte de los inmigrantes son sin papeles. Según el Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Cancio, “sobre este colectivo, el sistema penal se proyecta de una manera muy asimétrica en la práctica: hay mayores niveles de prisión provisional y mayor nivel de detección de infracciones penales por parte de los órganos de persecución penal, etc.” De esta forma, se decretan más prisiones provisionales o fianzas que no se pueden asumir, y el acceso a permisos y libertades condicionales se dificulta por la falta de red social o familiar que acoja al preso inmigrante.
- Jóvenes en prisión.
Más todavía: un reciente estudio de la Generalitat de Cataluña detalla que la reincidencia entre delincuentes extranjeros es más habitual y es, por tanto, otro factor que explica la mayor tasa de presos inmigrantes. No sólo reinciden antes sino que, de nuevo, cada vez delinquen más veces antes de que los atrapen. La reincidencia se centra mucho más en los de origen magrebí y del este de Europa. En cambio, los procedentes de América latina vuelven menos a prisión, debido a que suelen pagar largas condenas por tráfico de drogas y, una vez acabadas, regresan a sus países.
Y un dato para acabar, que pinta un futuro negro: la inmigración ocupa el 74% de los internos de la prisión de jóvenes de Barcelona, en una comunidad, la catalana, que ya tiene más del 40% de internos foráneos. Los equipos de tratamiento de las cárceles se encuentran cada vez más con menores solos e indocumentados de origen magrebí, habituales del robo, y delitos violentos protagonizados por pandillas latinas. “Apenas hay políticas de prevención en la calle o los institutos. Nos llegan a prisión menores y jóvenes que pueden hacer de este sitio un lugar de partida para una larga carrera delictiva si no se ponen medios para evitarlo”, explica Rita Medina, pedagoga del Centro Penitenciario de Jóvenes de Barcelona y especializada en delincuencia juvenil. “El Estado tampoco tiene una política clara y va poniendo parches; pretende mano dura pero no tiene medios para expulsar y carece de medidas integradoras en la calle. No sólo el Estado, consulados o familias tampoco parecen dispuestos a ayudar”, añade.
La crisis económica abre nuevos interrogantes que todavía ningún estudio o estadística ha recogido. Si en un entorno de bonanza económica ha subido espectacularmente la población reclusa, en especial la de origen foráneo, las cifras venideras pueden situar a las prisiones españolas en una situación insostenible. Acabando con Ortega, “lo menos que podemos hacer, en servicio de algo, es comprenderlo.”
- Los delitos y la delincuencia.
A falta de cifras fiables sobre la cifra real de delincuencia, que el Gobierno o los órganos judiciales no proporcionan, los expertos usan las tasas de victimización, encuesta que mide el número de personas que dicen haber sido víctimas de un delito o saber de alguien a su alrededor que lo haya sido (véase, por ejemplo, el estudio enlazado más arriba). La ventaja de esta tasa es que permite acceder a delitos que no han pasado por registros policiales o judiciales. Las cifras oficiales respecto al número de condenados que ofrece el Instituto Nacional de Estadística no sirven para medir la evolución en tasa de delincuencia; por ejemplo, más de la mitad de las condenas lo son contra la Seguridad Vial, cuando hace diez años había menor persecución.
- La reinserción de los presos inmigrantes.
La Constitución, en su artículo 25.2, orienta las penas de prisión reinserción social y da al preso derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social. Las leyes de extranjería, sin embargo, no permiten regularizar con antecedentes penales si no es a través de un proceso largo, que incluye un juicio, y en el que el inmigrante debe acreditar una trayectoria y vinculación en el país antes del delito. Si tiene papeles temporales, el delito no les dejará renovarlos y sólo si tiene permiso de residencia permanente, los antecedentes no cuentan y mantiene su estatus legal en España. En este intríngulis legal, cabe también la posibilidad que la Delegación del Gobierno no detecte los antecedentes a la hora de renovar (o dada la lentitud de la justicia, no sean firmes) y el inmigrante que ha delinquido consiga la residencia permanente.
http://horasur.wordpress.com/2009/12/24/a-la-cabeza-de-europa-en-presos/
Martxoaren 8an Emakumearen Nazioarteko eguna ospatzen da.
