oroimena / memoria
Una charla para comprender mejor como funciona la memoria y aportar soluciones a los problemas que van apareciendo a lo largo de la vida.
El de Zorrozaurre nunca ha sido un proyecto sencillo. Ilusionante y prometedor como ningún otro de los planes urbanísticos de Bilbao, pero en la misma medida difícil de gestionar, y más ahora que está envuelto en un procedimiento judicial. Esa complejidad se puso ayer de relieve en la reunión del Consejo Asesor de Planeamiento, la asignatura pendiente que debe aprobar el Ayuntamiento como le han recordado los jueces. Los representantes de las agrupaciones vecinales expresaron bastantes dudas y algunas críticas. Al final el asunto quedó sobre la mesa y la presidenta, la concejala de Urbanismo, Julia Madrazo, convocó una nueva reunión para el lunes que viene.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula las bases del plan de Zorrozaurre ha dado protagonismo al Consejo Asesor de Planeamiento, un órgano consultivo de participación ciudadana que celebró su primera reunión en Bilbao hace quince meses. Aunque no se había constituido cuando se aprobó la modificación del Plan General en esta zona, en abril de 2008, los magistrados han dejado claro que no hay excusas para eludir su dictamen, un «trámite esencial» que va más allá de las formalidades, porque la ley «no queda al libre albedrío de los ayuntamientos».
Este es el argumento de mayor calado de la sentencia que dio la razón a los vecinos de El Canal, y que ha sido recurrida ante el Supremo. Por eso ayer se reunieron en el Ayuntamiento representantes de todos los grupos políticos, tres asociaciones vecinales y otros colectivos: ecologistas, arquitectos urbanistas, personas mayores, discapacitados y comerciantes.
Tuvieron que viajar en el tiempo. El documento que les presentaron es el avance aprobado en 2006 que fija los criterios generales de la operación, como los porcentajes de vivienda protegida -50% del total- y actividades económicas. Es necesario para cumplir la sentencia porque sirvió de base a la modificación del Plan General, pero a estas alturas del recorrido resulta extraño volver a los cimientos. Los vecinos plantearon cuestiones mucho más concretas. Preguntaron «qué informes técnicos sustentan el incremento de la edificabilidad» -inicialmente se plantearon unas 3.200 viviendas y ahora son 5.500- y reclamaron que se garanticen «zonas verdes y parques urbanos en ambas riberas». También expresaron su preocupación por el impacto de las nuevas construcciones en el tráfico.
Estos aspectos quedarán regulados en el Plan Especial de Zorrozaurre, cuya elaboración ha quedado bloqueada por la sentencia. Pero antes hay que refrendar el avance de 2006. Para evitar que el proceso se convierta en un laberinto, se adoptaron dos decisiones concretas. Los miembros del consejo tienen una semana para estudiar la documentación que les han remitido y volverán a reunirse el lunes que viene para emitir un dictamen, que no es vinculante, sobre el documento básico. Por otra parte, Julia Madrazo se comprometió a trasladar a este organismo la propuesta de modificación del Plan General antes de que pase por la Junta de Gobierno y el pleno, lo que está previsto para junio.
El Ayuntamiento quiere dar «todas las garantías» al proceso para poder avanzar con consenso y sin nuevos sobresaltos. «Hay grandes sectores vecinales que están descontentos con la gestión de Zorrozaurre», destacó el portavoz del PSE, Txema Oleaga. Algunos miembros del consejo, como Joseba Egiraun, de la agrupación de mayores Hartu Emanak, pidieron la comparecencia de expertos y de la asociación El Canal para ampliar la información, pero la presidenta respondió que «el consejo ya es bastante representativo».
Se vivió un momento tenso cuando el representante del distrito de Begoña dijo a Julia Madrazo que «debería pedir disculpas» por «tratar de burlar al tribunal con una maniobra». Se refería al escrito que envió «con actas que no estaban aprobadas» de la reunión del consejo celebrada el 22 de marzo, donde abordaron el proyecto de Zorrozaurre. El asesor jurídico aclaró que lo que se remitió «no fue el acta, sino una certificación del acuerdo». La concejala calificó la intervención del vecino de «poco respetuosa» y pidió «mantener el tono».
