PSOE y PP, la misma cosa es. Hasta noviembre de 2011, el PP denunciaba desde la oposición la política antisocial del Gobierno del PSOE y su servidumbre al poder económico internacional. Ahora, desde el Gobierno, el PP aplica con más intensidad las políticas que criticaba. Hoy, el PSOE en la oposición critica al PP por la reforma laboral, los recortes y el servilismo a la Comisión Europea, como si no tuvieran nada que ver con lo que él hacía meses atrás.

La demagogia de la izquierda política y sindical, cómplice y víctima de las políticas neoliberales, favorece el ascenso electoral de la derecha. Por eso, el Gobierno del PP carga sin piedad los excesos de bancos y especuladores sobre el pueblo trabajador y finiquita las leyes que protegen el trabajo, el sindicalismo y las libertades para los de abajo.

La columna vertebral de nuestra monarquía parlamentaria de mercado es el bipartidismo PSOE-PP. Este régimen muestra su incompatibilidad con el Estado Democrático y Social de Derecho que en su art. 1 consagra la Constitución Española. En lo que les conviene, los partidos constitucionalistas se comportan como «antisistemas».

¿No nos representan? PP y PSOE representan a más del 70% de los votantes españoles. Sumando los votos de toda la burguesía y de la mitad de los autónomos, el PP no llegaría al 50% de sus casi 11 millones de votos. ¿Por qué cinco millones de trabajadores votan a un partido neoliberal y neofranquista? El PP no ha pagado ningún coste electoral por aplicar políticas neoliberales extremas, porque en las dos legislaturas que ha gobernado, lo ha hecho en un ciclo de auge económico. El Acuerdo en Defensa del Empleo Estable, que inició la rebaja de la indemnización por despido en mayo de 1997, fue firmado por CEOE-CEPYME-CCOO-UGT bajo el patrocinio del Gobierno del PP. El intento de Aznar de modificar las prestaciones por desempleo cinco años después, fue impedido por una huelga general en el contexto del Movimiento contra la Europa del Capital, la Globalización y la Guerra, sin que tuviera efectos sensibles en su estimación de voto.

«La madurez ciudadana» en las democracias de mercado acepta como algo normal los abusos y las corruptelas de los señoritos de toda la vida pero no a una izquierda que, proponiéndose como alternativa a la derecha, vende su alma por entrar en las instituciones del Estado y está envuelta en escándalos y corrupciones.

La dura crisis económica de la Transición política coincidió con el Gobierno de la UCD. De 1982 a 1996 y de 2004 a 2011, el Gobierno del PSOE -con la única excepción de la huelga general del 14 de diciembre de 1998 que le obligó a retirar su Plan de Empleo Juvenil-, aplicó políticas neoliberales para aumentar la competitividad de la economía española e incluirla en la Europa del Euro. Al amparo de políticas monetaristas y globalizadoras, el PSOE ha precarizado y segmentado el mercado de trabajo, permitiendo a los empresarios un fraude de ley estructural y permanente respecto a la duración de los contratos y las causas del despido que, con las sucesivas reformas laborales, han ido pasando de realidades ilegales a legales. Esta impunidad permite trasladar las inestabilidades de la economía del mercado global a las condiciones de vida y trabajo de la población.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En la última legislatura del PSOE, la sumisión del Gobierno a las políticas neoliberales de Berlín-Bruselas y del FMI, colocan a la economía española en vías de desarrollo hacia la inseguridad del llamado «tercer mundo». Más allá de sus diferencias, se hace transparente la unidad de PP y PSOE para sustentar una monarquía comprometida con la especulación y la utilización de la crisis para disciplinar a los de abajo.

Tenemos uno de los mercados de trabajo más flexibles del mundo. Entre octubre de 2008 y marzo de 2009, se destruyeron 9.000 puestos de trabajo diarios. En cuatro años hemos pasado de 2,1 a 5,4 millones de parados. Desde 2008, la especulación de bancos e inmobiliarias ha expulsado de sus casas a más de 200.000 familias. Las empresas públicas han sido despedazadas y privatizadas. El mercado avanza contra la protección pública a la salud, la educación y la vejez. La población reclusa se ha multiplicado por 5 en 30 años. El alcoholismo y la drogadicción de masas constituyen, junto al individualismo y el sedentarismo tecnológico, la diversión preferente de nuestros adolescentes y jóvenes. Ha desaparecido la división de poderes. Los ministerios son ocupados por representantes de las multinacionales, responsables de las crisis financieras y franquistas, que rebobinan 37 años de democracia consentida en una nueva transición hacia la dictadura parlamentaria del capital.

La población española ha sufrido en 80 años la violencia de un golpe de Estado, una guerra civil y una dictadura, al final de la cual, la izquierda cambió la construcción de la democracia por su propia legalización cancelando la movilización popular que ella misma había propiciado. Esto explica por qué nuestra identidad ciudadana es una amalgama de consumismo, nacionalismo español, fascinación tecnológica, descompromiso político y sumisión.

¿Qué se vayan todos? Sin la izquierda capitalista, la derecha no habría avanzado tanto desde dentro de la democracia. Aunque nadie se cree nada, los beneficiarios del bienestar del mercado y del Estado no se van a arrepentir voluntariamente y seguirán abusando mientras les demos nuestro apoyo. Por otro lado, si se fueran ¿quién se va a poner en su lugar?

La verdadera pregunta es: ¿Qué nos tiene que pasar para dejar de ser perdedores que sólo desean ser triunfadores? De una cosa podemos estar seguros, la política, como participación en lo privado, lo público y lo común, no puede limitarse a un teatrillo electoral en el que discutimos, como si fuéramos conejos, si elegimos a los galgos o a los podencos.

¿Se va a acabar la paz social? La gobernanza capitalista ha entrado en un ciclo presidido por la inestabilidad. Para mantener la obediencia, en plena pérdida de legitimidad, lo que no resuelven la política y la economía, lo va a resolver la policía. Las grandes tempestades que cambian la sociedad no las creamos los militantes sino la violencia de los explotadores. En un capitalismo global sin raíces, futuro, empleo ni alma, la democracia se reduce a elegir entre obediencia o represión. Sin pluralismo ni alternancia política real en los sucesivos gobiernos, millones de personas pierden el empleo, la vivienda, la protección social y la autoestima. Pero de esta situación calamitosa puede surgir un gran movimiento popular por la democracia y la emancipación social.

La izquierda cómplice, autodestruida por su traición, intenta canalizar el malestar social como un recurso para recuperar el poder. No podemos acudir a sus convocatorias como si no les conociéramos pero, menos aún, dar la espalda a las grandes movilizaciones que, contra el PP y por sus propios intereses electorales, convoca la socialdemocracia política y sindical.

Desde el 15 de mayo de 2011, los movimientos sociales del Estado español disponemos de un instrumento propio para la expresión del descontento social en sus múltiples manifestaciones. Por su carácter estatal, plural y democrático, el 15-M ha ocupado precariamente el vacío de representación popular en el terreno de «lo político» y contiene la posibilidad de un proceso constituyente anticapitalista. A los nueves meses de su nacimiento este movimiento demuestra su madurez al sumarse, con sus propios contenidos, a una huelga general apoyada por la izquierda institucional. Hoy, en el Estado español el terreno de la unidad de la izquierda es la calle y no el Parlamento. El encuentro de millones de personas en las luchas locales y en las luchas generales es la prueba para identificar la izquierda y la democracia frente a la derecha y la tiranía.

En un contexto de precariedad, desempleo, desigualdad social, corrupción de la clase política y restricción de las libertades civiles, amplios sectores sociales podrían sumarse a un proyecto de regeneración democrática. Para la acumulación de poder constituyente democrático, es mejor que el PSOE esté en la oposición porque ya hemos visto lo que da de sí en 21 años de gobierno. Las alternativas electorales capaces de acabar con el gobierno de los bancos serán consecuencia de un periodo de sufrimientos y confrontación con el actual régimen.

El camino para acabar con el fascismo que crece desde dentro de la monarquía se llama República Constituyente, único marco de normalización política en el que los pueblos, las clases explotadas, las mujeres y los ciudadanos se autodeterminan y se apoyan mutuamente respecto a los poderes que les sojuzgan para construir una convivencia en paz y seguridad para todos y todas.

En febrero de este año, unos 900 presos kurdos se declararon en huelga de hambre, requiriendo una tabla de nueve puntos. Cualquiera que esté interesado puede encontrar la misma en las páginas de organizaciones de derechos humanos. Por simplificar señalaré que las demandas se centran en la denuncia del aislamiento en las prisiones turcas, en la reivindicación de los derechos elementales de los presos, en la supresión de las normas que «con el pretexto de combatir el terrorismo se utilizan para aplicar la tortura», en la supresión de los tribunales especiales del Estado, en la liberación inmediata de los presos enfermos…

Cuando conocí la lista de las demandas, me asaltó simultáneamente una idea. Las reivindicaciones de los presos kurdos en huelga de hambre eran exactas a las de los presos vascos y sus familias. Parecían un calco. Y quizás lo eran porque Turquía y España siempre han ido de la mano en cuestiones político-militares. Para EEUU han sido las niñas de sus ojos, mientras Europa miraba hacia otro lado en temas tan cercanos como los derechos humanos, la impunidad policial, y la implicación del Estado en la llamada «guerra sucia». España y Turquía son, por ejemplo, la referencia en modelos y aplicación de la tortura en Europa, según Amnesty International.

Sin embargo, entre tantas similitudes, había algunos matices. Y después de escudriñar los mismos, creo que la lectura es sencilla: España es el maestro, el laboratorio para países que como Turquía mantienen masivamente a su disidencia en prisión.

Lo dijo de una manera nítida Alfredo Pérez Rubalcaba hace cinco años cuando el Tribunal Supremo aprobó la doctrina 197/2006 respondiendo al recurso del preso vasco Unai Parot: «El sistema penitenciario español es el más duro de Europa». Y sacó pecho con semejante declaración. España es el único país del mundo que publicita sus horrores: sol, sangría, toros, realmadrid, ladrillo, bancarios, pelotazos, corrupción… y tortura. «En nombre del Rey», como rezaba la declaración del Supremo de 2006.

Con datos del pasado año, España tenía 73.459 presos, 1,6 por cada mil habitantes. En términos absolutos y relativos, más que Alemania, Francia o Italia, por citar sus estados vecinos cercanos. En términos relativos, más que China, Vietnam, Iraq, Siria, Venezuela, Argentina, Honduras y la mayoría de países africanos. Escasamente superada por Colombia (1,8 por mil y 84.444 presos), país en guerra.

Es Colombia, precisamente, el tercer estado en estos momentos con mayor número de presos políticos, unos 9.550, aunque como España no les reconoce su condición. Palabrería para satisfacer a sus ejércitos, porque es de dominio público que los disidentes presos sufren las consecuencias de una represión política, como bien definían los kurdos. (No quiero parecer parcial sin señalar que en Corea del Norte las organizaciones de derechos humanos citan, con fuentes de Washington, la existencia de campos de concentración con decenas de miles de presos).

En Turquía se concentran 12.000 presos políticos, de los que más de la mitad son kurdos. En Rusia hay unos 25.000 chechenos encarcelados por razones político-étnicas y varios centenares dispersados por cárceles de la Unión Europea, sin conocer el número exacto. Como es notorio, Chechenia no existe ni para Moscú ni para la comunidad internacional. Todos son rusos.

EEUU, gendarme mundial, tiene el triste récord de prisioneros en sus cárceles: 2.300.000. Sí, han leído bien, el 0,75% de su población. Algunos de ellos son políticos, como 15 portorriqueños, cinco cubanos y una lista desgranada en años de castigo. El sioux Leonard Peltier lleva 36 años en prisión, el puertorriqueño Óscar López 31 y el pantera negra Mumia Abu-Jamal 30. Acusados de atentados mortales, los grupos de derechos humanos, en contra de Washington, los consideran «presos políticos».

La disidencia bengalí ha sido encarcelada por el Gobierno de India, así como unos 2.000 birmanos en el Lejano Oriente. Israel mantiene en la actualidad a 6.000 palestinos entre rejas. Nael Bargouthi era el preso político más antiguo en las cárceles de Israel. Fue liberado en octubre del año pasado, tras pasar 33 años entre rejas, después del intercambio de un soldado israelí por 1.027 presos palestinos.

Irlanda, junto a Euskal Herria, tenía históricamente el mayor número de presos por razones políticas en Europa. Hace una década, 600 presos republicanos irlandeses estaban condenados a cadena perpetua. Las cárceles se vaciaron para los republicanos a partir de los Acuerdos de Viernes Santo (1998). Según los últimos datos, 63 presos republicanos irlandeses están en prisión por razones políticas, la mayoría que no reconocieron los acuerdos y prosiguieron la actividad armada: 26 en Irlanda, 35 en Ulster, uno en Francia y otro en Lituania.

España y Francia han acogido históricamente a miles de prisioneros políticos. Aún lo hacen. Durante el franquismo, Fernando Carballo Blanco fue el preso con más tiempo de cumplimiento a sus espaldas: le faltaron algunas semanas para hacer 27 años internado. Pero no lo hizo de seguido, sino en varias ocasiones. Natural de Valladolid y sindicalista de la CNT, su padre fue ejecutado por Franco. Carballo fue detenido en 1963 junto al escocés Stuart Christie y acusado de preparar un atentado contra el dictador. Salió amnistiado en 1975.

Entre los nuestros, el navarro Jacinto Otxoa Martikorena permaneció 26 años en prisión (murió en octubre de 1999). Salió en 1963, indultado por la muerte del Papa Juan XXIII. El resto, ni siquiera el maquis comunista Marcelo Usabiaga, que aún vive para contarlo, llegaron a los 20 años. La inmensa mayoría cumplió una pena inferior a los seis años, como Juan Ajuriaguerra, líder del PNV que negoció en Santoña la rendición del Ejército vasco y que salió de la prisión de Las Palmas de Gran Canaria en julio de 1943. Falta de mano de obra e indultos (1940, 1961 y 1963) abrieron las cárceles.

Es notorio que hay algunos lugares en el mundo con más número de presos que Euskal Herria (Colombia, Turquía…), con condenas más largas (EEUU), pero no hay lugar en todo el planeta con semejante acumulación de cadenas perpetuas. España tiene el récord mundial en condenas de por vida, por razones políticas, aplicadas de facto desde hace años y ratificadas tanto por su corte suprema como por la constitucional. Medio centenar de presos vascos han cumplido los 20 años de condena que en la mayoría de los países de la Unión Europea son el límite a la condena perpetua.

Jamás en el siglo XX hubo un colectivo de prisioneros que hizo tantos años en prisión, tanto en Francia como en España, como el vasco de los últimos 35 años. Tantos presos que sufrieron de manera premeditada el castigo prolongado. Jamás los tribunales, ni siquiera los de guerra (tanto colaboradores como franquistas como los anticolaboracionistas), enviaron a tanta gente por tanto tiempo en el siglo XX.

Más aún. Ahora que se acerca el 500 aniversario de la conquista de Navarra, creo que la precisión es importante. Jamás en estos cinco siglos hubo colectivo humano vasco en prisión tratado con tanta saña como el correspondiente a estos últimos 35 años. No es una interpretación al calor de sentimientos políticos, sino una constatación histórica, avalada por los números.

Jamás los vascos, ni siquiera los que defendieron la soberanía navarra, los que se sublevaron contra Tréville o Napoleón, los que participaron en las guerras carlistas, o los que se defendieron contra Mola y Franco, sufrieron semejante castigo. Jamás, Madrid y París se ensañaron contra los presos como lo están haciendo Rubalcaba, Rajoy, Fillon y Sarkozy. Y vuelvo a la repetición: son datos, no interpretaciones.

España no es el centro de la revolución mundial. En España no hay una guerra convencional. Madrid no ha sufrido un ataque galáctico, tampoco químico ni nuclear. ¿Por qué semejante saña? A pesar de las toneladas de explicaciones, de las interpretaciones jurídicas, de las razones estatales… la decisión del Constitucional de mantener la Sentencia 197/2006 contra el recurso de casación de Unai Parot no tiene, desde mi punto de vista, sustrato político ni jurídico alguno. Solo uno, pasional: la venganza.