Laguntza sozialeen kontra kanpaina / campañá contra las ayudas sociales

 PUBLICADO en GARA 2014/12/27

La plataforma de Maroto, de cazadora a cazada con la dimisión de su portavoz

Patxi Gómez, portavoz de la plataforma Ayudas+Justas, no ha tenido más remedio que dejar su cargo tras informar GARA de los requerimientos recibidos por cobro indebido del paro e impagos a la Seguridad Social, entre otros.

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La realidad supera a la ficción en la campaña electoralista de Javier Maroto. El empresario que lideraba la plataforma auspiciada por el alcalde del PP de Gasteiz ha debido dejar el cargo de portavoz de Ayudas+Justas tras admitir que sobre sus espaldas recaen no uno, sino varios requerimientos por «cobro indebido» del subsidio de desempleo e impagos a la Seguridad Social, además de otras deudas. Es decir, por las mismas cuestiones que la plataforma denuncia en el caso de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), en una dinámica que pone en el punto de mira a colectivos inmigrantes. Patxi Gómez, también administrador único de Ayudas+Justas, es una persona del país y muy activa en Araba, donde ha participado en tertulias o integró la candidatura del PP en Urizaharra en 2007.

Tras la publicación, este domingo, por GARA de datos exhaustivos de los requerimientos recibidos, con información pública del Boletín Oficial de Araba, ayer admitió que efectivamente ha sido apercibido tanto por Lanbide como por la Seguridad Social, y en consecuencia dejó el cargo de portavoz, aunque seguirá trabajando en la polémica plataforma de Maroto.

Anteayer, tras la publicación de la noticia en estas páginas, desde la cuenta de Twitter de la plataforma se intentó restar importancia a los datos aparecidos con argumentos como «somos gente de todo tipo y todos con pasado» o «la reclamación [por cobro indebido del paro] se recurrió hace dos años, sin haber tenido una sola noticia desde Lambide [sic]».

Ayer, Gómez entendió que no tenía sentido prorrogar la farsa. Emitió un comunicado en el que argumenta, sobre ese último episodio concreto, que hace unos años dejó de trabajar en su propia empresa, en la que siguió participando como socio al 50%. Y cobró el paro indebidamente. La Seguridad Social le dio de alta de oficio como autónomo, que era la situación correcta que le correspondía.

Cabe recordar, en cualquier caso, que Patxi Gómez acumula otro buen número de citaciones por no haber sido localizado en relación a diversos procedimientos: liquidaciones pendientes, apremio, embargos de cuentas… GARA detalló ocho casos prolongados en el tiempo, dado que el primero era de 2001 y el último de 2014.

Gómez ha ejercido en esta plataforma como hombre de paja de Maroto. Lo reconoció implícitamente ayer en su decisión de dimitir: «Participé en la plataforma porque comparto y creo firmemente en la causa que defiende y que es de justicia. Pero no quiero que se me haga a mí lo que se le ha hecho al alcalde». Apostilló que lo que ha hecho en su vida es «trabajar duramente, siempre de forma honesta» y «sin intención de defraudar a nadie».

Apelaciones al alcalde

La dimisión de Patxi Gómez intenta crear un cortafuegos sobre la plataforma, dado que la credibilidad de su planteamiento ha quedado más que tocada. Pero el episodio obliga también a posicionarse a Maroto, cuya paternidad sobre esta campaña es total. Cabe recordar que al inicio dio a entender que él mismo recogería las firmas para la Iniciativa Legislativa Popular que quiere endurecer el acceso a la renta básica, y solo cuando se percató de que eso no era posible surgió la idea de la plataforma ciudadana. El alcalde también apareció de la mano de Ayudas+Justas en el Parlamento de Gasteiz, y también ha dado que hablar la utilización de recursos municipales de la capital para recoger las firmas.

Kike Fernández de Pinedo (EH Bildu) valoró ayer que «un partido y unos dirigentes podridos por la corrupción que actúan así no tienen ninguna credibilidad». E instó a Maroto a «dejar de instrumentalizar a personas para sacar unos votos en mayo» y a que lleve el debate al Parlamento si es caso, «donde tienen las herramientas suficientes» para abordar ese debate.

Desde el PNV, la concejala Blanca Guinea consideró que «como máximo impulsor de una plataforma auspiciada por el PP y como responsable de haber puesto al frente de ella a una persona que no parece muy autorizada para hablar de fraude, Maroto tiene que asumir ahora las consecuencias».

De paso, reclamó al regidor del PP que «reconsidere» el papel que cumple Ayudas+Justas ante el «fuerte golpe a su credibilidad» que supone este hecho.

0,3% de fraude en una RGI que rescata a 80.000 personas

El director de Lanbide, Adolfo Alustiza, criticó ayer que se haga «electoralismo de baja calaña» con el asunto y cuestionó «si de verdad merece la pena poner en cuestión la RGI por un puñado de votos», en réplica a la campaña de Maroto.

En una entrevista a Radio Euskadi, ofreció un par de datos importantes para situar esta polémica. Por un lado, que el fraude alcanza únicamente «el 0,3% de los casos, por lo que estamos en unos niveles que no son de escándalo». Añadió en este punto que Lanbide tiene un control estricto de esas ayudas, «hasta tal punto que suspende 1.300 al mes».

Por otro lado, recordó que la RGI «rescata a 80.500 personas de la pobreza», por lo que calificó de «verdaderamente triste» que se ponga en riesgo el sistema y, con ello, el futuro de estos seres humanos. Comentó además que, puestos a valorar los costes, habría que medir también lo que supondría tener a todas esas personas sin auxilio alguno, por ejemplo, en el incremento de la delincuencia.

Para el director de Lanbide, «se está generando un caldo de cultivo populista con una clara intención electoral». Y no tiene claro si el objetivo último del PP es ganar unos votos o si intenta cargarse el sistema de la RGI. Alerta Alustiza de que «este tipo de discursos populistas tienen su público y arraigan».

En el lado positivo, destacó la sintonía política en torno a este modelo durante muchos años, rota solo por el PP con esta campaña, y añadió que la RGI permite mantener una sociedad «cohesionada» y establecer «unos índices de pobreza comparables a los países más avanzados de Europa».

«Otra cuestión es que haya que mejorar los sistemas de control y, en ese sentido, hemos firmado un convenio con la Diputación de Bizkaia que se hará extensivo a Gipuzkoa y Alava para intercambio de datos y mejora del afloramiento del posible fraude», explicó en la entrevista radiofónica.

Yendo más allá de esta ofensiva, Alustiza aludió a los problemas genéricos aparecidos en torno a la RGI para atribuirlos a la decisión tomada en 2011 por el Gobierno de Patxi López. «Se decidió cambiar la gestión y pasarla de las diputaciones al Gobierno Vasco, lo que, en mi opinión, fue una decisión no oportuna y significó dinamitar el sistema de los últimos 25 años. Lanbide empezó a gestionar las prestaciones sin personal adecuado, sin procedimiento adecuado, sin medios informáticos adecuados…», se quejó su actual director.

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