udal etxebizitzak / viviendas municipales

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2014

Bilbao es la urbe con más alquiler social en el Estado

Viviendas Municipales reúne 4.090 pisos, lo que supone una vivienda por cada 88 bilbainos

Un vecino pasa por delante de uno de los bloques de Viviendas Municipales en Bilbao.Foto: José Mari Martínez

Un vecino pasa por delante de uno de los bloques de Viviendas Municipales en Bilbao

BILBAO – Bilbao es la capital del Estado que encabeza la clasificación de número de viviendas en alquiler social por número de habitantes. En concreto, los 4.090 pisos adscritos al alquiler social que ofrece la sociedad Viviendas Municipales suponen una vivienda por cada 88 personas, a gran distancia de otros grandes núcleos urbanos como Barcelona (1 vivienda por cada 185 habitantes), Madrid (1 por cada 996), Zaragoza (1 por cada 276), Málaga (1 vivienda por cada 154 vecinos) o Sevilla (1 por cada 336 habitantes).

Este es uno de los datos principales extraído de la memoria de actividad 2014 presentada por la sociedad municipal este mes. En las casi 4.100 viviendas municipales bilbainas residen 12.270 habitantes, lo que supone el 3,5% del total de la población. Un parque de oferta inmobiliaria pública que se reparte por siete de los ocho distritos de la ciudad y están presente en 21 barrios diferentes. El informe anual indica que “la distribución del parque contribuye al desarrollo de una ciudad heterogénea, que evita la concentración de la vivienda protegida en determinadas zonas o en la periferia”. Hay que destacar que casi un centenar de las viviendas están adaptadas para personas con discapacidad, y se ubican sobre todo en los bloques construidos en los últimos años.

Prácticamente todas están alquiladas. En concreto el 93,6% de las viviendas, 3.828 pisos, se encontraban arrendadas al finalizar el pasado año; 188 viviendas estaban en trámite de adjudicación (4,6%) y otras 74, se encuentran en proceso de reforma (1,8%).

EFICIENCIA ENERGÉTICA

En los últimos años la eficiencia energética ha sido uno de los objetivos de la entidad “en su compromiso con la sostenibilidad”, indica la memoria. La inversión en este apartado en el último lustro supera los 12 millones de euros. Ahora mismo se está trabajando en la rehabilitación energética y mejora de la accesibilidad en el parque de pisos ubicado en la plaza Corazón de María, números del 2 al 9, y en el grupo Zankoeta. Entran dentro de las actuaciones especiales que trascienden más allá del mantenimiento general o de obras promovidas por las propias comunidades.

Así, se han sustituido las calderas en Bilbao La Vieja y Lezeaga, se han incorporado circuitos de calefacción en viviendas de la Plaza Corazón de María y sustituido las ventanas metálicas en Otxarkoaga, en los portales 28, 40, 64, 66 y 68 de la calle Txotena. En el barrio de Torre Urizar el objeto de la obra fue la sustitución de las viejas carpinterías de madera que, por su edad y configuración, producían problemas importantes de estanqueidad y falta de eficiencia.

También, para mejorar la accesibilidad a edificios se han incorporado ascensores en Torre Urizar, 1 y se han iniciado los trabajos para llevar a cabo. En la plaza Corazón de María también se van a instalar elevadores en los ocho portales mencionados de modo que las 111 viviendas del grupo dispongan de accesibilidad para todos los vecinos.

Por otra parte, en 2014, finalizaron 243 obras de reforma en viviendas, y 52 en locales. El importe total de las obras en viviendas ascendió a 2,8 millones y se solventaron 2.548 averías, con un coste total de las reparaciones de 635.414 euros. –

publicado en DEIA 2015/04/27

etxebizitzak / viviendas

La adjudicación de residencias en alquiler en Otxarkoaga se encuentra «lastrada» por un alto porcentaje de renuncias de personas sin vinculación con la zona, según explicaron ayer desde el Ayuntamiento de Bilbao. Con el objetivo de resolver esta realidad y facilitar el acceso a un domicilio entre los jóvenes del barrio, el Consejo de Viviendas Municipales de la villa ha aprobado el ‘Programa de fomento del arraigo de residentes en el barrio de Otxarkoaga’. Ha fijado un cupo específico para menores de 35 años en régimen de alquiler -que podrán optar a la compra de la casa a cinco años- y otro para los residentes de más de diez años de empadronamiento, mayores de 35, y que estén inscritos como demandantes desde hace más de cinco años.

El concejal de Acción Social y Vivienda en el Ayuntamiento de Bilbao, Eduardo Maiz, explicó, -acompañado por responsables del consejo-, que se reservará una veintena de pisos para satisfacer el «interés» de sus vecinos por quedarse en la zona. Otras de las líneas del programa tienen como objetivo vincular vivienda y creación de empleo, dinamizar locales comerciales facilitando el alquiler y compraventa aplazada o el programa de pisos compartidos, novedad este año. En los próximos 45 días el Consistorio informará a los interesados y llevará a cabo el sorteo, después de recopilar el listado de demandantes.

Por otro lado, el consejo aprobó también ayer la congelación de las rentas a los locales comerciales repartidos por los diferentes distritos de la villa y que pertenecen a Viviendas Municipales. Esta medida, que impulsaron ya el año pasado y en 2009, se hará extensiva a todos los contratos de arrendamiento para uso distinto de vivienda destinados al ejercicio de actividades comerciales.

 

PUBLICADO en ELCORREO 2014-01-29

etxebizitza eta rehabilitazioa / vivienda y rehabilitación

publicado en la pag Web de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)

http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/Noticias/El-Gobierno-aprueba-una-nueva-ley-de-rehabilitacion

El Gobierno aprueba una nueva ley de rehabilitación

Las obras de rehabilitación de un edificio no requerirán, en adelante, el acuerdo de la junta de propietarios cuando sean necesarias para garantizar el mantenimiento y el cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes y aquellos requeridos a instancias de los propietarios con discapacidad o mayores de 70 años. Estas son algunas de las novedades introducidas por la ley 8/2013 aprobada por el Congreso el pasado 26 de junio.

19-07-2013

Rehabilitación

Aproximadamente el 55 % del parque de viviendas del Estado español, que asciende a 25.208.622 viviendas, es decir, cerca de 13.759.266, fueron construidas antes del año 1981 y casi el 21 % (5.226.133) cuentan con más de 50 años. Ello explica en parte el escaso grado de eficiencia energética de nuestros edificios, ya que casi el 58% se construyó con anterioridad a la primera normativa que introdujo en España unos criterios mínimos de eficiencia .

La necesidad de rehabilitar el parque edificado a través de intervenciones de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas resulta, por tanto, evidente.

El pasado 26 de junio, el Congreso de los Diputados aprobó la ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas con ese objetivo eliminando las trabas actualmente existentes a través de un nuevo marco normativo que se adecúe a l europeo, sobre todo en lo que respecta a los objetivos de eficiencia, ahorro energético y lucha contra la pobreza energética.

La nueva ley modifica la ley de propiedad horizontal obligando a los propietarios a “consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de obras, actuaciones o la creación de servicios comunes llevadas a cabo o acordadas conforme a lo establecido en la presente Ley”.

Además, establece el carácter obligatorio, sin necesidad de acuerdo previo de la junta de propietarios, de la ejecución de los trabajos que requieren el adecuado mantenimiento y cumplimiento de del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes y aquellos requeridos a instancias de los propietarios con discapacidad o mayores de 70 años.

Por último, permite ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución para garantizar la accesibilidad universal y siempre que asegure la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones públicas y demás elementos del dominio público.

etxebizitzarako soluzioak / soluciones de vivienda

alternativa a problemas de ancianos y jóvenes

Reciprocidad, base de la cohabitación generacional

Por un lado, una persona de avanzada edad que vive sola en una casa con sitio para albergar a alguien más. Por otro, una persona joven, estudiante o en formación, sin poder acceder a una vivienda. Son el prototipo de gente que la asociación Maillâges pone en contacto para ayudarse mutuamente. Una aporta un techo; la otra, la presencia humana.

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Arantxa MANTEROLA

En biología se define la simbiosis como «la asociación de individuos animales o vegetales en las que ambos asociados sacan provecho de la vida en común». La descripción se adapta perfectamente a la fórmula que la asociación Maillâges propone para dar una respuesta a situaciones vitales difíciles y cada vez más frecuentes en nuestra sociedad: las de personas mayores que viven solas y con escaso contacto con el exterior y las de personas jóvenes con problemas de alojamiento, en particular cuando deben desplazarse por cuestión de estudios, para cubrir un empleo temporal…

El intercambio no es tarea fácil para ninguna de las dos partes pero, a la vista de las experiencias ya producidas, Pierre de Nodrest -fundador de Maillages a nivel de Pau hace tres años y que desde el año pasado ha extendido su ámbito de acción también a Ipar Euskal Herria- se muestra convencido de su potencial.

Las condiciones para crear estos peculiares binomios son bastante estrictas. Todo está muy regulado en el convenio que firman las dos partes y de cuya correcta aplicación es garante la asociación. De hecho, existe un protocolo donde se establecen los principios y límites en los que se basa la convivencia y se detallan los deberes y los derechos de ambas partes.

Gratuidad y respeto al otro

El principio del intercambio está basado en la reciprocidad y solidaridad mutuas. Es decir, hay una puesta a disposición de una habitación en condiciones correctas ante una presencia que no da lugar a ningún tipo de subordinación ni de remuneración. La persona joven es acogida gratuitamente, si bien a veces pueden acordar una participación en los gastos habituales (electricidad, agua…) En contrapartida, esta se compromete a aportar una presencia amistosa a la persona anciana. En ningún caso puede sustituirse a otras personas que se ocupan de esta última, como servicios sociales o médicos que intervienen en el cuidado a domicilio.

Además de aspectos materiales como el del uso de cocina y baño, limpieza, horarios, aviso de posibles ausencias, prohibición de prestar la habitación a otra persona o recibirla sin autorización previa, etcétera, también se especifican otras cuestiones que pueden influir en la vida en común como el respeto a las opiniones y convicciones religiosas o morales de cada cual, a la intimidad, a los bienes o mantener la discreción debida sobre la vida de la otra persona.

Las candidaturas son examinadas con lupa por Maillâges, que se asegura de las motivaciones reales de cada parte para emprender esta convivencia. Asimismo, analiza el estado de salud física y psicológica de ambas personas, confirma la disponibilidad de la joven respecto a lo que espera de ella quien la acoge en su casa (presencia, conversación, paseo…) y comprueba que la habitación y las condiciones del alojamiento son apropiados. Durante el tiempo que dura el acuerdo, Maillâges hace un seguimiento del desarrollo de la convivencia, verifica si realmente es lo que ambas personas esperaban e interviene en caso de problemas.

Normalmente la cohabitación dura unos meses, ya que la persona acogida suele ser un joven (mujer en el 95% de los casos) de entre 18 y 25 años que está realizando una formación o un cursillo. Sin embargo, el tramo de edad se está extendiendo incluso hasta los 40 años y a personas que necesitan un alojamiento porque trabajan con contratos temporales o precarios.

La constitución de los binomios es compleja, ya que se da un desajuste entre la oferta y la demanda. Las personas de edad (también mujeres en gran mayoría) son las más reticentes a participar en este tipo de experiencia. De Nodrest lo imputa a las dudas que surgen tanto en estas personas como en su entorno familiar a la hora de acoger «un extraño» en casa. Por ello, la asociación se esfuerza en informar especialmente a ese sector para disipar malentendidos y explicar el funcionamiento del dispositivo.

Convencer a la familia

Y es que aunque los protagonistas directos sean quienes vayan a convivir bajo el mismo techo, la familia de la persona anciana también juega un papel importante. Según De Nodrest, muchas ancianas no quieren irse a vivir a residencias y ocurre frecuentemente que los hijos tengan un «sentimiento de culpabilidad» porque, al no residir cerca o contar con medios suficientes, no pueden ocuparse de sus padres cotidianamente. La cohabitación intergeneracional puede ser, por lo tanto, una alternativa para responder a esas situaciones, al menos por un periodo de tiempo.

Así lo entendieron los hijos de Odette Schmitt, de 91 años, que ha acogido durante seis meses en su casa de Angelu a una joven de 22 años, Edith Chipoy. «Mi madre -comenta Bettina Cordova- había sido bastante autónoma hasta hace un par de años. Pero ahora tiene problemas de salud y de vista importantes. Fue el servicio de Gerontología de Baiona quien nos habló de la asociación Maillâges. Al principio teníamos muchas dudas porque ella no quiere ir a una residencia. Nosotros vivimos lejos y tampoco tenemos los medios para mantener a alguien permanentemente en su casa».

Las explicaciones de la asociación terminaron de convencerles. «También tuvimos que buscar ese difícil equilibrio entre imponer una persona extraña a mi madre y convencerla de la conveniencia de intentarlo», añade Bettina, quien acaba de trasladar su residencia desde París a Angelu para ocuparse de su progenitora.

Como ejemplo de la idoneidad de la experiencia, Bettina remarca la recuperación de los hábitos alimentarios: «Antes mi madre ni tan siquiera hacía comidas con formalidad. Picaba algo en su habitación y se pasaba horas allí. Cuando vino Edith, volvió a comer abajo, en el comedor, y estaba mucho tiempo menos encerrada en su cuarto. En ese aspecto hubo un cambio evidente desde la llegada de Edith».

Pero lo que más aportó la presencia de la joven es, sin duda, la tranquilidad que le hacía sentir a Odette el saber que había alguien en casa, sobre todo por las noches, que le producen mucha ansiedad. Ella misma lo reconoce: «Por la noche, y más si es invierno, resuulta tranquilizador tener a alguien en casa. Te da seguridad. Edith siempre ha sido muy regular con la hora de volver a casa tras sus actividades. En cuanto comenzaba a oscurecer ya estaba aquí».

Por supuesto, existe una fase de adaptación mutua que, a decir de Odette, «no fue complicada» para ella. «Edith se preparaba sus comidas como si estuviese en su propia casa y cenábamos juntas». Admite que sí hubo alguna que otra observación o puntualización, «pero nunca llegamos a discutir». Valora como «muy positivo y recomendable» el periodo convivencial con la joven.

Por su parte, Edith confirma que los seis meses que vivieron juntas, desde septiembre de 2012 a abril de este año, discurrieron bien. Cree que la adaptación para la anciana debió ser más difícil que para ella. «Siempre es más delicado acoger a un desconocido en tu casa y tenía un poco de reparo a cómo me aceptaría. Pero, al final, fue muy natural».

Experiencia enriquecedora

Las motivaciones de la joven para lanzarse en esta aventura están unidas a su preparación profesional. Estaba haciendo una formación de asistenta social y tenía un curso de seis meses. Tuvo conocimiento de la existencia de Maillâges por la prensa: «Me pareció que, de cara a mi futuro oficio, conocer directamente las situaciones que viven las personas ancianas me aportaría una experiencia suplementaria. Además, necesitaba un ambiente sosegado para mis estudios».

Edith sabía que tendría que hacer concesiones porque, evidentemente, no es el mismo ritmo de vida, pero trataba de dar a Odette lo que esperaba de ella: «Conversábamos durante las comidas. Y le avisaba cuando no iba a estar, por ejemplo, los domingos en que iba donde mi familia. Pero creo que lo que más apreciaba era mi presencia, porque le produce pánico estar sola por la noche».

La diferencia de estilos de vida tambien se reflejó en aspectos más materiales. «Odette no tenia conexión a internet y para mi trabajo eso era algo esencial. Llegamos a un acuerdo, me hice cargo del abono mensual y lo instalamos».

En primavera, Edith abandonó la casa de Odette tras haber finalizado el curso y se trasladó a Pau para finalizar su formación. Ahora busca un empleo acorde con su aprendizaje y espera que la experiencia vivida sea un plus en su currículo. Tiene claro que si tuviese que repetir la experiencia, lo haría: «Aparte de lo que me ha aportado para mi profesion, la convivencia con Odette ha constituido una experiencia humana muy enriquecedora».

Todas agradecen el «trabajo remarcable» de la asociación Maillâges y animan a quien lo necesita a informarse y a intentarlo. Al fin y al cabo, la asistencia mutua tiene compensaciones que van mas lejos que los aspectos prácticos. La solidaridad y reciprocidad llenan más huecos que los simplemente materiales y demuestran que esa simbiosis intergeneracional amplía horizontes y contribuye a mantener e incrementar la condición humana.

MAILLÂGES anima a los seniors a abrir sus puertas

La dinámica de la asociación Maillâges en Ipar Euskal Herria está comenzando a consolidarse. Se han formado unos cuatro binomios y el dispositivo de cohabitación intergeneracional está empezando a ser conocido, especialmente por los jóvenes. «Sin embargo, no podemos hacer frente a todas las solicitudes porque los seniors no proponen suficientes alojamientos» puntualiza Pierre de Nodrest, coordinador de la asociación.

Es por ello que han lanzado una campaña de sensibilización hacia ese sector de la población, que a menudo se enfrenta a la soledad, y les invita a informarse y a abrir sus puertas a un joven que, a cambio, le puede aportar su compañía. A.M.

udal zerbitzua / servicio municipal

El Ayuntamiento crea un servicio ante los desahucios.

PUBLICADO en Bilbo.net

EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO CREA UN SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN FRENTE A DESAHUCIOS

• El órgano mixto formado por Acción Social y Viviendas Municipales coordinará la estrategia municipal de actuación ante situaciones de desposesión de vivienda por sobreendeudamiento como consecuencia de la crisis.

Bilbao, a 13 de mayo de 2013. El Ayuntamiento de Bilbao ha constituido el Servicio Municipal de Atención Frente a Desahucios, órgano mixto creado entre Acción Social y Viviendas Municipales para el seguimiento de la estrategia municipal de actuación ante situaciones de desposesión de vivienda por sobreendeudamiento como consecuencia de la crisis económica.

El órgano mixto que ha sido presentado hoy al Consejo de Administración de Viviendas Municipales nace con la vocación de evitar la exclusión residencial en situaciones de especial vulnerabilidad y coordinará la actuación de Acción Social y Viviendas Municipales, sin constituir una estructura orgánica nueva.

Desde el Servicio Municipal de Bilbao de Atención Frente a Desahucios se movilizarán al servicio de la ciudadanía todos los recursos públicos existentes y se adoptarán medidas complementarias, con el ánimo de responder a las diferentes situaciones creadas.

La detección y primera atención de las situaciones derivadas de desahucios puede darse indistintamente en cualquiera de los servicios sociales municipales y en la nueva sede de Viviendas Municipales (Calle Navarra, 5-5ª planta). Una vez realizada la primera valoración del caso, podrá darse una derivación entre los servicios sociales y el servicio de intervención social de Viviendas Municipales. Los equipos profesionales de ambos servicios estarán disponibles para realizarse mutuamente las consultas telefónicas y telemáticas que precisen.

Las personas que soliciten atención en Viviendas Municipales serán atendidas en su Servicio de Trabajo Social con el fin de realizar una primera valoración diagnóstica de la situación.

De igual modo, se establece un servicio de atención legal, que facilitará información, orientación y asesoramiento a través de la realización de un prediagnóstico jurídico, por parte de la asesoría jurídica.

Las personas afectadas pueden contactar con el teléfono de atención permanente (94.470.14.60), perteneciente al Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS), y a Viviendas Municipales (94.413.24.00) o a cualquiera de los servicios sociales de los centros de distrito.

Aquellas personas que soliciten atención en los servicios sociales de base serán atendidas en cita prioritaria y el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS) tendrá carácter de urgencia social, según los protocolos establecidos para estas situaciones.

La primera valoración diagnóstica incluirá un informe sobre los ámbitos social, económico y jurídico en relación a la situación de necesidad que presenta. A partir de esta primera valoración, la trabajadora o trabajador social planteará la pertinencia de una intervención puntual o continuada y si lo considera oportuno derivar a la persona directamente a Viviendas Municipales según el protocolo establecido.

Medidas complementarias

En el marco de esta nueva actuación, se incorpora también un servicio de prediagnóstico y orientación jurídica frente a situaciones de desposesión, de apoyo a personas usuarias y a Trabajo Social. Tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes), los servicios jurídicos externos de Viviendas Municipales atenderán en la sede de Viviendas Municipales las consultas de los supuestos en los que la problemática socioeconómica venga derivada de la crisis y afecte a la vivienda habitual, con el objeto de realizar una primera orientación y derivar en su caso a cualquiera de los recursos públicos existentes.

Entre las medidas complementarias, cabe mencionar la publicación de una guía de recursos en materia de vivienda, con especial atención a las situaciones de desposesión de vivienda; actuaciones con entidades del tercer sector y Centros de Distrito; servicio de intermediación de vivienda para personas en riesgo de exclusión social; o la creación de un Observatorio de la vivienda social en Bilbao.

Asimismo, está prevista la coordinación frente a situaciones de desahucios institucionales, la detección precoz en colaboración con órganos jurisdiccionales y la posibilidad de coordinar la atención en sede judicial en colaboración con el Colegio de Abogados y entidades del tercer sector.

El Ayuntamiento de Bilbao ofrece así a la ciudadanía un apoyo eficaz en las situaciones de pérdida o desposesión judicial de vivienda por ejecución hipotecaria, así como las situaciones de desahucio por falta de pago de las rentas u otras situaciones asimilables. La estrategia municipal tiene un carácter complementario y subsidiario respecto a las medidas adoptadas por la Administración General del Estado, la Administración de la CAPV y otras iniciativas del sector financiero.

Personas en situación de especial vulnerabilidad

Se consideran personas en situación de especial vulnerabilidad a las familias numerosas; unidad monoparental con dos hijos a cargo; unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años; unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral; unidad familiar que se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo; unidad familiar en la que convivan una o más personas que estén unidas con el titular de la deuda o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral; y unidad familiar en la que exista una víctima de la violencia de género, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual.

Además de estos supuestos de especial vulnerabilidad, el conjunto de ingresos de los miembros de la unidad familiar no debe superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. La unidad familiar ha debido sufrir una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, de manera que la carga de la deuda sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5. La cuota de la deuda debe resultar superior al 60% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar; y la familia debe carecer de vivienda en propiedad o ser objeto de lanzamiento sobre la única vivienda disponible.

Recursos y actuaciones existentes

Entre los recursos públicos existentes, por parte de la Administración General del Estado destaca el código de buenas prácticas de entidades financieras, que incluye la reestructuración de la deuda hipotecaria, quita en la hipoteca y la dación en pago como último recurso. Asimismo, el Real Decreto Ley 27/2012 establece la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se euncuentren en una situación de especial riesgo de exclusión

Respecto a las medidas en la Comunidad Autónoma Vasca, hay que señalar el Decreto 268/2011 de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo. El Decreto incluye el Servicio de Ayuda al endeudamiento familiar, y el acceso preferente a vivienda en alquiler en el programa Bizigune.

Viviendas Municipales

Viviendas Municipales, por su parte, ha puesto en marcha medidas específicas dirigidas a paliar la situación de los deudores hipotecarios sin recursos, con una residencia acreditada en Bilbao superior a los tres años, entre las que destaca la calificación de forma automática como incursas en carencia sobrevenida de vivienda a las familias que hayan sufrido un lanzamiento por desahucio como consecuencia del impago del préstamo hipotecario. Así, estas familias se podrán beneficiar de la adjudicación por carencia sobrevenida de una vivienda en alquiler del parque de Viviendas Municipales, siempre que cumplan el resto de requisitos como son la falta de vivienda y de ingresos. Esta medida tendrá carácter retroactivo hasta el mes de junio del año 2011.

El mecanismo de adjudicación de vivienda está previsto para las personas que se encuentren en supuestos de especial vulnerabilidad.

Viviendas Municipales extiende las medidas a las personas que hayan actuado como fiadores o garantes de la deuda de un tercero, siempre que el mismo tenga la condición de descendiente o ascendiente hasta el segundo grado.

Otra de las medidas impulsadas dentro de este plan integral está permitiendo a Viviendas Municipales ejercer los derechos de tanteo y retracto en aquellas desposesiones de vivienda, procedentes del proceso de venta de parque municipal, como consecuencia de la imposibilidas de pago por parte de los compradores. La medida garantiza, asimismo, la permanencia en alquiler de las personas que hayan sido desposeidas del piso que habían adquirido a Viviendas Municipales.

Viviendas Municipales ha creado un cupo inicial de treinta viviendas con el fin de atender las situaciones de necesidad perentoria e inminente de alojamiento como consecuencia de la carencia sobrevenida debida a las situaciones de desposesión derivada de sobreendeudamiento.

Este cupo estable de vivienda del parque municipal propiedad de Viviendas Municipales de Bilbao cuenta con diferentes tipologías de pisos, en función del número de personas que componen las familias a las que se vayan a destinar. Los pisos están repartidos de forma homogénea por los diferentes distritros de la ciudad, con el fin de no desplazar a las personas usuarias de los lugares en los que desarrolla su vida ordinaria (centro escolar, centro de salud, etc.).

Estas viviendas están preparadas para una ocupación inmediata y cuenta, como mínimo, con los servicios imprescindibles de cocina y amueblamiento básico. Las condiciones de adjudicación establecen un periodo de carencia en el pago de la renta de dos mensualidades, o la que en coordinación con los Servicios Sociales de Base se establezca y que contribuya a la reordenación y solvencia económica de las personas afectadas.

Otra de las medidas impulsadas por Viviendas Municipales es la participación en el fondo de reserva para viviendas sociales de propiedad de las entidades financieras para su gestión y administración en interlocución con las entidades financieras.

Actuación de los servicios sociales municipales

Los trabajadores y trabajadoras sociales podrán utilizar, según la valoración realizada, las prestaciones de acompañamientos social, ayudas de emergencia social, ayudas económicas municipales no periódicas y alojamiento alternativo en situaciones de urgencia.

El acompañamiento social es una prestación continuada que permite a la persona usuaria constrastar su situación, y contar con una persona de referencia que sea capaz de ofrecerle apoyo instrumental, emocional, educativo o relacional.

Las Ayudas de Emergencia Social, por su parte, son prestaciones no periódicas de naturaleza económica destinadas a aquellas personas integradas en una unidad de convivencia, cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social.

Las ayudas económicas municipales no periódicas son prestaciones destinadas a personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter extraordinario, necesarias para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social.

En situaciones extremas y de inminente pérdida de la vivienda –lanzamiento- se asimila la necesidad a una situación de emergencia social. El objeto de esta prestación es la cobertura, con carácter subsidiario, de las necesidades de alojamiento alternativo sobrevenidas a personas afectadas por emergencias ordinarias.

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279127995704&language=es&pageid=3012566642&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia

BILBOKO UDALAK ETXE KALERATZEEN AURREKO ARRETARAKO UDAL ZERBITZUA SORTU DU

• Gizarte Ekintzak eta Udal Etxebizitzak erakundeak eratutako organo mistoak koordinatuko du krisialdiaren ondorioz, gehiegizko zorra dela eta, etxetik kaleratze egoeren aurreko jarduketarako udal estrategia.

Bilbon, 2013ko maiatzaren 13an. Bilboko Udalak Etxe Kaleratzeen Aurreko Arretarako Udal Zerbitzua eratu du, Gizarte Ekintzaren eta Udal Etxebizitzak erakundearen artean sortutako organo mistoa, krisialdi ekonomikoaren ondorioz gehiegizko zorra dela eta etxetik kaleratze egoeren aurreko jarduketarako udal estrategiaren jarraipenerako. 

Udal Etxebizitzak Erakundeko Administrazio Kontseiluaren aurrean gaur aurkeztu den organo mistoa, zaurgarritasun bereziko egoeretan etxebizitza bazterketa saihesteko helburuz sortu da, eta Gizarte Ekintzaren eta Udal Etxebizitzak erakundearen jarduketa koordinatuko du, egitura organiko berririk eratu barik.

Etxe Kaleratzeen Aurreko Arretarako Udal Zerbitzutik, dauden baliabide publiko guztiak mobilizatuko dira hiritarrei zerbitzua emateko, eta neurri osagarriak ere hartuko dira, sor daitezkeen egoera guztiei erantzun ahal izateko.

Etxe kaleratzeen ondorioz sortutako egoeren hautematea eta lehenengo arreta udaleko edozein gizarte zerbitzutan eman daiteke, eta baita Udal Etxebizitzak erakundearen egoitza berrian ere (Nafarroa kalea, 5-5. solairua). Kasuaren lehenengo balorazioa egin eta gero, deribazioa eman ahal izango da gizarte zerbitzuen eta Udal Etxebizitzak erakundearen gizarte esku hartze zerbitzuaren artean. Bi zerbitzuetako talde profesionalak prest egongo dira, beharrezkoak diren telefono eta telematika bidezko kontsultak elkarri egin ahal izateko.

Udal Etxebizitzak erakundean arreta eskatzen duten pertsonek, erakunde horren Gizarte Lanetako Zerbitzuak jasoko dituzte, egoeraren lehenengo balorazio diagnostikoa eman ahal izateko.

Halaber, lege arreta zerbitzua ere ezarriko da. Zerbitzu horrek informazioa, orientazioa eta aholkularitza eskainiko ditu, aholkularitza juridikoak egingo duen aurre-diagnostiko juridikoaren bitartez.

Arazo hori duten pertsonek Gizarte Larrialdietarako Udal Zerbitzuaren (SMUS) etengabeko arreta zenbakira (94.470.14.60) deitu ahal izango dute edozein ordutan, eta Udal Etxebizitzak erakundera (94.413.24.00) edo distritu zentroetako edozein gizarte-zerbitzura.

Arreta oinarrizko gizarte zerbitzuetan eskatzen duten pertsonek lehentasunezko hitzorduan jasoko dute arreta hori, eta Gizarte Larrialdietarako Udal Zerbitzuak (SMUS) gizarte larrialdi izaera izango du, egoera horietarako ezarritako protokoloen arabera.

Lehenengo balorazio txostenak, aurkeztutako behar egoerarekin erlazionatutako azterketa soziala, ekonomikoa eta juridikoa jasoko du. Lehenengo balorazio horretan oinarrituz, gizarte langileak esku hartze puntuala edo jarraitua behar den adieraziko du, eta, protokoloaren arabera, pertsona Udal Etxebizitzak erakundera zuzenean bideratzea egoki irizten dion ala ez esango du.

Neurri osagarriak

Jarduketa berri horren barruan, jabetza eza egoeren aurreko aurre-diagnostiko eta orientazio juridiko zerbitzuak, erabiltzaileei laguntza ematea eta Gizarte Lan zerbitzuak ere jarriko dira indarrean. Astean hiru egunez (astelehenetan, asteazkenetan eta ostiraletan), Udal Etxebizitzak erakundeko kanpo zerbitzu juridikoek, arazo sozioekonomikoa krisialdiaren ondorioa den eta ohiko etxebizitzan eragina duen balizkoei eskainiko diete arreta Udal Etxebizitzak erakundeko egoitzan, lehenengo orientazioa egiteko eta, hala bada, indarrean dauden baliabide publikoetara bideratzeko.

Neurri osagarrien artean azpimarratzekoa da etxebizitza alorreko baliabide gidaren argitalpena, arreta berezia jarriz etxebizitzatik kaleratze egoerei; jarduketak hirugarren sektoreko erakundeekin eta Barrutietako Zentroekin; etxebizitza bitartekaritza zerbitzua gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonentzat; edo Gizarte etxebizitzaren behatokia sortzea Bilbon.

Halaber, kaleratze instituzionalen egoeren aurrean koordinazioa ere aurreikusi da, aurretiazko hautematea, organo jurisdikzionalekin elkarlanean, eta egoitza judizialeko arreta koordinatzeko aukera, Abokatuen Elkargoarekin eta hirugarren sektoreko erakundeekin elkarlanean.

Horrela, Bilboko Udalak laguntza eraginkorra eskainiko die hiritarrei, hipoteka gauzatzearen ondorioz etxebizitza galtzen duten egoeretan, eta baita errentak ez ordaintzeagatik kaleratze egoeretan eta antzekoetan. Udal estrategiak, Estatuko Administrazio Nagusiak, EAE-ko Administrazioak eta finantza sektoreko beste ekimen batzuen aurreko izaera osagarria eta subsidiarioa du.

Zaurgarritasun egoera berezietan dauden pertsonak

Zaurgarritasun egoera berezietan dauden pertsonak hauek dira: familia ugariak; bere kargura bi seme-alaba dituen guraso bakarreko unitateak; hiru urtetik beherakoren bat duten familia unitateak; familiako kideetako batek, lan jarduera aurrera eramatea ezinezkoa bilakatzen dion %33tik gorako ezintasun aitortua, mendekotasuna edo gaixotasuna duen familiak; hipotekaren zorduna langabezian dagoen eta langabezia horren ondoriozko prestazioak amaituta dituen familiak; ezintasuna edo gaixotasun larria duen eta hirugarren odolkidetasun mailara arteko senidetasuna duen pertsonaren bat bizi den familiak; eta genero indarkeriaren biktimaren bat bizi den familia unitateak, kaleratzea jasango duen etxebizitza ohiko etxebizitza denean.

Zaurgarritasun bereziko balizkoetako horiez gain, familia unitateko kideen diru-sarrera guztiak, Ondorio Anitzen Errenta Adierazle Publikoaren hirukoitza baino txikiagoa izan beharko dira. Horrez gain, familia unitateak bere abagune ekonomikoen aldaketa esanguratsua jasan behar izan du, etxebizitza izateko esfortzuari dagokionez, hau da, zorrak familiaren errentan izan duen karga, gutxienez 1,5egatik biderkatu behar izan da. Hipotekaren kuota, familia unitateko kideen diru-sarrera garbi guztien %60tik gorakoa izan behar da eta, horrez gain, kuota hori, zorduna jabe den etxebizitza bakarraren gaineko hipoteka bitartez bermatutako kredituarena edo maileguarena, etxebizitza hori erosteko emandakoarena, izan beharko da.

Dauden baliabideak eta jarduketak

Dauden baliabideen artean, Estatuko Administrazioari dagokionez azpimarragarria da finantza erakundeen jardunbide honen kodea. Kode horren barruan hipoteka zorraren berregituraketa, hipotekan kita egitea eta, azken unean, etxebizitza ordainean ematea biltzen da. Halaber, 27/2012 Lege Errege Dekretuak, bazterketa egoera berezian dauden familien etxegabetzeen berehalako etetea ezartzen du, bi urteko eperako.

Euskadiko Autonomia Erkidegoan martxan jarritako neurriei dagokienez, kreditu erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren artean etxebizitza eta zoru alorreko finantza elkarlanerako 268/2011 Dekretua azpimarratu behar da. Dekretu horrek familien zorpetzeari Laguntzeko Zerbitzua, eta Bizigune programan alokairuko etxebizitza eskuratzeko lehentasuna izatea jasotzen ditu.

Udal Etxebizitzak

Udal Etxebizitzak erakundeak, bere aldetik, baliabiderik gabeko hipoteka zordunen egoera arintzera bideratutako neurriak jarri ditu indarrean, Bilbon hiru urte baino gehiago bizi izana egiaztatuz. Horien artean, gertatzezko etxebizitza gabeziaren ondoriozko subjektu gisa hartzen ditu modu automatikoan, hipoteka maileguaren ordainketa ezaren ondoriozko kaleratzea jasan duten familiak. Horrela, familia horiek, Udal Etxebizitzak erakundearen etxebizitza parkeko etxebizitza bat alokairuan ematearen gertatzezko etxebizitza gabeziaren ondoriozko esleipenaren onuradun izan daitezke, etxebizitzarik eta diru-sarrerarik ez izatea bezalako gainerako baldintzak betetzen badituzte. Neurri horrek, 2011ko ekainera arteko atzerako izaera izango du.

Etxebizitza esleitzeko mekanismoa zaurgarritasun balizko berezietan dauden pertsonentzat dago aurreikusita.

Udal Etxebizitzak erakundeak, beste baten zorraren fidatzaile edo bermatzaile gisa jardun duten pertsonei ere zabalduko dizkie neurri horiek, hirugarren hori fidatzailearen edo bermatzailearen bigarren mailara arteko ondorengoa edo aurrekoa baldin bada.

Plan integral horren barruan bultzatutako beste neurrietako bati esker, Udal Etxebizitzak erakundeak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideak erabili ditu udal parkearen salmenta prozesutik sortutako etxegabetzeetan, erosleek ordaindu ezin izan dituzten kasuetan. Neurri horrek, aldi berean, Udal Etxebizitzak erakundeari erositako etxebizitza kendu zaien pertsona horiek alokairuan jarraituko dutela bermatzen du.

Udal Etxebizitzak erakundeak hogeita hamar etxebizitzako hasierako kupoa osatu du, gehiegizko zorra dela eta gertatzezko etxebizitza gabezia egoeraren ondoriozko berehalako alojamendu behar egoerei erantzun ahal izateko.

Udal Etxebizitzak erakundearen esku dagoen udal parkeko etxebizitza kupo egonkor horrek hainbat etxebizitza tipologia biltzen ditu, horien jasotzaile izango diren familietako pertsona kopuruen araberakoak. Etxebizitzak era homogeneoan daude banatuta hiriko barrutietan, erabiltzaileak euren eguneroko bizimodua egiten duten lekuetatik (ikastetxea, osasun etxea, etab.) ez urruntzeko.

Etxebizitza horiek berehala bizitzen sartzeko daude prestatuta eta, gutxienez, sukalde eta oinarrizko altzari zerbitzuak dituzte. Esleipenerako baldintzek, ordainketan bi hilabeteko gabezia epealdia ezartzen dute edo, bestela, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekin koordinatuz ezartzen dena, kaltetutako pertsonen berrantolakuntza eta kaudimen ekonomikoari lagundu ahal izateko.

Udal Etxebizitzak erakundeak bultzatutako beste neurrietako bat, finantza erakundeen esku dauden gizarte etxebizitzetarako erreserba funtsean partaidetza izatea da, haien kudeaketaz eta administrazioaz arduratzeko, finantza erakundeekin elkarlanean.

Udaleko gizarte zerbitzuen jarduketa

Gizarte langileek, gizarte lagun egiteko prestazioak, gizarte larrialdi laguntzak, aldizkakoak ez diren udal laguntza ekonomikoak eta larrialdi egoeretarako alojamendu alternatiboa erabili ahal izango dituzte, egindako balorazioa kontuan izanik.

Gizarte lagun egitea, erabiltzaileari bere egoera kontrastatzeko eta laguntza instrumentala, emozionala, hezkuntzakoa edo erlaziokoa emateko gai izango den erreferentziazko pertsona izateko aukera ematen dion prestazio jarraitua da.

Gizarte Larrialdi Laguntzei dagokienez, izaera ekonomikoa duten eta aldizkakoak ez diren prestazioak dira, elkarbizitza unitate batean integratuta dauden pertsonei zuzenduak, euren baliabideak gastu jakin batzuei, ohikoei edo ez ohikoei, aurre egiteko adina ez direnean, eta gastu horiek gizarte bazterketa egoerak prebenitzeko, saihesteko edo arintzeko beharrezkoak direnean.

Aldizkakoak ez diren udal laguntza ekonomikoak, gizarte bazterketa egoerak prebenitzeko, saihesteko edo arintzeko beharrezkoak diren gastu jakin batzuei, ohikoei edo ez ohikoei, aurre egiteko adina baliabide ez duten pertsonei zuzendutako prestazioak dira.

Muturreko egoeretan, etxebizitzaren galera berehalakoa denean –kaleratzea– beharra gizarte larrialdi egoera gisa ulertzen da. Prestazio horren xedea, ohiko larrialdiak jasaten dituzten pertsonei zuzendutako alojamendu alternatibo beharrei estaldura ematea da, izaera subsidiarioz.
 

hipoteka / hipoteca

El Senado aprueba de forma definitiva la ley hipotecaria propuesta por el Partido Popular

  • Sale adelante por 142 votos a favor, 94 en contra y 2 abstenciones
  • La ley no incorpora la dación general en pago y retroactiva
  • Una veitnena de activistas de ‘Stop Desahucios’ desalojadas tras protestar

 

El Senado aprueba de forma definitiva la ley hipotecaria

El Senado ha aprobado de forma definitiva la ley de protección a los deudores hipotecarios propuesta por el Partido Popular, después de que hayan sido rechazadas la tres propuestas de veto y todas las enmiendas presentadas por la oposición. El texto ha salido adelante por los 142 votos a favor del PP, 94 en contra y 2 abstenciones.

Se rechazaron las propuestas de veto PSOE, PSC e ICV y las 273 enmiendas planteadas por la oposición y durante el debate, el presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero, tuvo que pedir en numerosas ocasiones silencio a los senadores y a la tribuna.

La norma aprobada suspende los lanzamientos de las viviendas durante dos años en el caso de los colectivos más vulnerables, modifica el régimen de subastas y limita los intereses de demora, pero no incorpora la dación en pago general y retroactiva solicitiada en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Todos los grupos políticos votaron en contra del proyecto presentado por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados al considerar que la ley no da solución al problema de los desalojos. El PP ha incorporado 50 enmiendas presentadas por la oposición y defiende que la ley “recoge el espíritu” de la ILP.

Suspensión de desahucios en especial vulnerabilidad

Así pues, la nueva norma no incorpora la dación en pago universal y retroactiva que se reclamaba en la ILP, aunque incluye como medida ‘estrella’ la suspensión durante dos años de los desahucios en los que los afectados cumplan unas condiciones de especial vulnerabilidad.

Entre ellos, se señala que los ingresos de los miembros de la unidad familiar no podrán superar la cantidad de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), el equivalente a 19.000 euros anuales.

Por otro lado, la reforma de la Ley Hipotecaria incluye también quitas del 35% para los deudores que liquiden sus cuotas en un plazo del cinco años y del 20% si lo hacen en 10 años.

La norma se adapta también a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, por la que se faculta a los jueces a detener una ejecución hipotecaria cuando detecten cláusulas abusivas, y amplia de uno a tres los impagos a partir de los cuales el banco podrá iniciar un proceso de ejecución hipotecaria.

Rechazo de toda la oposición

 

La ley no incorpora finalmente la dación en pago general y retroactiva como reclamaba la Iniciativa Legislativa Popular, aunque sí contempla la reducción de la deuda en las viviendas que ya hayan sido adjudicadas al banco.

En el momento de la votación se ha producido la protesta de varias decenas de personas que han mostrado pancartas de la plataforma ‘Stop Desahucios’ y han empezado a gritar “Sí se puede”. Entonces han sido desalojadas del Senado, después de haber presenciado las seis horas de debate en el Salón de Plenos.

A las puertas del Senado otra treintena de personas de la PAH, vigiladas por un dispositivo especial de la Policía Nacional, se han concentrado para advertir de que “no se rendirán” y que las movilizaciones contra la nueva normativa seguirán su curso.

publicado en EXPANSION

Cómo evitar un desahucio sin tener que acudir a los tribunales

 
09.04.2013
Los mediadores de muchos colegios de abogados de España asesoran a los ciudadanos en riesgo de embargo por impago de la hipoteca para lograr acuerdos con las entidades bancarias.
Cómo evitar un desahucio sin tener que acudir a los tribunales

Cada día se llevan a cabo 159 ejecuciones hipotecarias en España. Frente a este drama social, y la poca eficiencia de las normas en vigor que pretendían proteger a los deudores, se están imponiendo soluciones extrajudiciales como la intermediación.

Este sistema, mucho más ágil, pretende lograr que las partes firmantes de cualquier hipoteca alcancen un acuerdo y «todos salgan ganando», como explica Anna Vall Ruis, coordinadora del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valencia.

“El servicio que ofrecen las oficinas de intermediación hipotecaria (OIH) de los colegios de abogados es gratuito para el usuario. El deudor acude y presenta su situación. El primer objetivo es asegurarse si se pueden acoger al RDL 6/2012 o al RDL 27/2012 (ver información adjunta), que permiten la reestructuración de la deuda hipotecaria o la suspensión de los lanzamientos de viviendas habituales, respectivamente. Sin embargo, los requisitos exigidos por estas normas son tan estrictos que sólo un 5% de los afectados por las ejecuciones hipotecarias puede ampararse en ellas. Para el resto, la solución es la intermediación”, añade Vall Ruis.

requisitos legales para paralizar un embargo

– Todos los miembros de la unidad familiar deben carecer de rentas derivadas del trabajo o de actividades económicas.

– No ser dueño de otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.

– Debe tratarse de un crédito garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor.

– La cuota hipotecaria ha de ser superior al 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de la unidad familiar.

– En los cuatro años anteriores, la unidad familiar tiene que haber sufrido una alteración de sus circunstancias económicas.

– El conjunto de ingresos no puede superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

En la mayor parte de los casos, este tipo de actuaciones suelen durar de media unos tres meses, salvo si el intermediador se encuentra con situaciones complejas, como la compra de un domicilio entre varias personas que no sean una pareja.

“Ésta es la solución más ágil frente a los posibles desahucios. Tras estudiar el dossier de los afectados, se ve cuáles son sus posibilidades reales y se presenta una propuesta a la entidad bancaria. Ésta puede aceptarla o hacer una contrapropuesta. Para conseguir acuerdos más rápidos es esencial poder hablar con los departamentos centrales o los responsables provinciales de pago. Éstos son los que tiene capacidad de decisión, frente a los directores de sucursales”, dice la mediadora que participó en la jornada Protección del deudor, intermediación hipotecaria y ejecución, organizada por el Consejo General de la Abogacía y La Ley.

Soluciones habituales
El 60% de los casos que llegan a las OIH logran un acuerdo entre las partes. En Valencia, entre abril de 2012 –fecha de la puesta en marcha de la oficina de intermediación– y marzo de 2013, se han atendido 610 casos y en 385 se han alcanzado acuerdos: un 19% ha sido daciones en pago; un 11%, refinanciación de la deuda; un 10%, suspensión del lanzamiento, y en el resto de los casos se han encontrado otro tipo de soluciones, incluso alquileres con opción a compra.

“Las entidades bancarias aceptan habitualmente la refinanciación de la deuda como primera solución. En este caso, y dependiendo de la situación económica de cada uno de los deudores, se puede ampliar el plazo de amortización o acordar la carencia durante cuatro años, por ejemplo”, explica Miquel Sàmper, decano del Colegio de Abogados de Tarrasa.

Sin embargo, la mejor solución, tanto para Vall Ruis como para Sàmper, es la dación en pago con alquiler social. “En la OIH de Tarrasa atendimos 430 expedientes en 2012 y un 11% –46 decisiones– fueron daciones. Por mala suerte, no es un porcentaje muy alto, pero está claro que es una salida óptima para ambas partes. La entidad tiene el inmueble ocupado, no paga las cuotas comunitarias y recibe un pago, por bajo que sea, y el deudor no debe de abandonar su casa y puede hacer frente a los pagos, mientras se recupera económicamente”, añade el decano del Colegio de Abogados de Tarrasa.

Estos acuerdos suelen tener una duración de entre dos y cinco años. Tras este periodo, la entidad revisa el acuerdo para, si ha mejorado la situación económica, ampliar el alquiler.

Otra posibilidad es la rebaja de intereses o la quita, pero estas dos soluciones son poco habituales y los bancos no suelen aceptarlas como acuerdo.

Un servicio limitado geográficamente
Las oficinas de intermediación hipotecarias (OIH) se han convertido en un aliado esencial para las personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, tan sólo existen 29 en toda España.

El Colegio de Abogados de Tarrasa fue el primero en poner la suya en marcha. Su decano, Miquel Sàmper, está convencido de que “el Gobierno debería facilitar el acceso a este tipo de servicios en todo el territorio”. Cataluña, Andalucía y Valencia, las comunidades autónomas más afectadas por los desahucios, son las más activas.

Los ayuntamientos y los colegios de abogados tienen cada vez más clara la importancia de este tipo de centros para ayudar a los ciudadanos en dificultades. Pero, ¿qué sucede si alguien quiere recibir este servicio y no tiene una OIH en su comunidad?

“En este caso, el afectado sólo puede acudir a su ayuntamiento y solicitar ayuda a los trabajadores sociales. También se puede pedir información a los colegios de abogados, pero nunca recibirán la asesoría que se recibe en las OIH. Esperemos que esto cambie pronto, porque son esenciales”, concluye Sàmper.

kaleratzerik ez

PUBLICADO EN EL CORREO
 
NO QUIEREN QUE LES ACUSEN DE UTILIZAR LA VIOLENCIA

Stop Desahucios se desmarca “completamente” de los escraches tras hablar con Basagoiti

La plataforma en Bizkaia ha “llegado a un consenso” con el líder del PP vasco, además de haber pedido una reunión con el lehendakari y el resto de representantes políticos de Euskadi
15.04.13 –

La coordinadora de Stop Desahucios Bizkaia, Marta Uriarte, ha señalado que la plataforma ha decidido “desmarcarse completamente” de los denominados escraches, ya que no quieren que se les pueda acusar de “utilizar la violencia”. Asimismo, ha anunciado que han solicitado una reunión al lehendakari, Iñigo Urkullu, así como a los principales representes políticos vascos.

Uriarte ha subrayado que en los últimos días ha mantenido “contactos” con representantes del Partido Popular de Euskadi de cara a “tender puentes” tras la polémica surgida durante las últimas semanas con los escraches. “Hemos hablado con Antonio Basagoiti para llegar a un consenso de tal forma que no acudiremos a sus domicilios”, ha anunciado.

Tras remarcar que el asunto de los escraches está siendo “tan cuestionado que no se habla del problema de fondo”, Uriarte ha reconocido que los miembros de la plataforma han decidido “desmarcarse completamente” de los mismos. “No queremos ni llamarlos así, sino simplemente concentraciones que realizaremos en las sedes de los partidos y en la vía pública”, ha indicado, para añadir que en ningún caso acudirán a “domicilios particulares” de representantes políticos para que nadie pueda acusarles de “utilizar la violencia”.

A juicio de Uriarte, si la plataforma denuncia el “terrorismo que supone que se metan en nuestras casas y nos saquen con violencia” -en referencia a los desahucios-, “no vamos a responder con la misma moneda”. Según ha señalado la portavoz de la plataforma, en las últimas jornadas han mantenido contactos con representantes del Partido Popular de cara a rebajar la tensión de las últimas semanas.

“Hemos hablado con Antonio Basagoiti para llegar a un consenso de tal forma que no iremos a sus domicilios, aunque seguiremos reivindicando una modificación de la Ley Hipotecaria, pero sin agredir porque ahí es donde estamos perdiendo legitimidad”, ha advertido.

Reuniones con los representantes políticos

Asimismo, Uriarte ha anunciado que la plataforma quiere mantener una ronda de contactos con las formaciones políticas de Euskadi de cara a explicar la problemática de los desahucios y sus reivindicaciones.

Por ello, ya han solicitado una reunión con el lehendakari, Iñigo Urkullu, que confían se materialice en próximas semanas. También han solicitado ya mantener próximos encuentros con el secretario general del PSE, Patxi López, y el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti.

 
 
Stop Desahucios se desmarca 'completamente' de los escraches tras hablar con Basagoiti

Escracha llevado a cabo en la sede del PP de Bilbao.

VVMM

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PUBLICADO EN EL CORREO
2013/03/26
 
CONTROVERSIA
El concejal Eduardo Maiz explicó que antes de presentarlo «mantendremos un debate sosegado con todas las áreas del Consistorio»
Un código ético que garantice la transparencia, pero cuya filtración ha emponzoñado el ambiente. Ayer el Ayuntamiento de Bilbao iba a presentar el borrador de ‘Transparencia y buen gobierno de Viviendas Municipales’. Pero, contra todo pronóstico, se retiró de la agenda del día. El concejal de Acción Social y Vivienda, Eduardo Maiz, justificó la decisión explicando que antes de sacar el documento adelante «mantendremos un debate sosegado con todas las áreas del Consistorio». Su defensa no convenció a los demás grupos, para quienes la iniciativa esconde «algo más».

Uno de los puntos del texto que más controversia suscitó era el referido a la ética de los profesionales. Se espera de los trabajadores que, entre otras cosas, «se guíen por los principios de lealtad, que no acepten ningún trato de favor o que guarden secreto de las materias clasificadas». El concejal del PP Óscar Fernández Monroy criticó que, con esta declaración, «se pone en tela de juicio el buen hacer de los 49 funcionarios». El principal partido de la oposición entiende que es un documento «vergonzante y un insulto a los profesionales».

Alfonso Gil, por su parte, criticó que el área dirigida por Eduardo Maiz intente sacar este texto «’motu proprio’, sin ampararse en el paraguas del Consistorio». El portavoz socialista añadió que «con Cimubisa intentaron hacer lo mismo, pero si quieren hacerlo bien, deberían consensuarlo en el Ayuntamiento con todos los partidos políticos».

«¿Pero qué es la transparencia?» Aitziber Ibaibarriaga trasladó ayer esta pregunta al equipo de Maiz porque, según la concejala de Bildu, «no explican los instrumentos que llevarán a cabo» para garantizar esa claridad informativa. «El Gobierno municipal no ha concretado nada, lo que nos hace pensar que es más un acto de marketing político que otra cosa», zanjó la edil.

kaleratzeak / desahucios

Publicado en DEIA 2013/03/14

justicia europea La legislación sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria

La Justicia europea dictamina que la ley española de desahucios vulnera las normas de la UE

La legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a las cláusulas abusivas en las hipotecas

 

Vecinos de Bilbao se concentran para pedir la suspensión de los deshaucios

Vecinos de Bilbao se concentran para pedir la suspensión de los deshaucios (Zigor Alkorta)

 Las medidas que regulan en el Estado los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son contrarias a la legislación europea, que busca proteger a los consumidores de las cláusulas abusivas, sentenció hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

BRUSELAS.  La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que dictamina que los procesos de ejecución hipotecaria en España contravienen la norma europea de protección al consumidor ha abierto la puerta a que los jueces intervengan en el procedimiento y puedan parar los desahucios en determinadas circunstancias.

Aunque se esperaba un fallo de la corte de Luxemburgo en este sentido, la confirmación oficial ha irrumpido de lleno en el debate sobre la reforma de algunos aspectos de la legislación hipotecaria española y el alcance de la misma, una tarea que ya habían comenzado el Gobierno y el Parlamento.

La legislación nacional vigente impide a un juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución que se ha iniciado por otra vía.

Si finalmente el juez declara nula alguna cláusula de un contrato por considerarla abusiva, su decisión solo protege al consumidor a posteriori, mediante una indemnización, cuando ya ha perdido su vivienda.

Para la justicia europea este procedimiento menoscaba la efectividad de la protección de los consumidores, mientras que la indemnización que se pudiera recibir es “incompleta e insuficiente, y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de esas cláusulas”.

Tras la decisión del tribunal europeo España tiene que modificar algunos aspectos de su legislación, una tarea que ya estaba iniciada a través de los proyectos de ley sobre protección a deudores hipotecarios y de paralización de desahucios y que el PP, que tiene una holgada mayoría absoluta en el Congreso, decidió parar a la espera de esta sentencia.

Según ha dicho esta mañana el portavoz parlamentario de los populares, Alfonso Alonso, el fallo no cuestiona el sistema de ejecución hipotecaria en su conjunto y para adaptar la legislación nacional a lo estipulado por Bruselas se van a utilizar los proyectos en marcha, para los que se va a pedir una ampliación del plazo de enmiendas.

Las enmiendas que se han presentado hasta ahora modifican diversas leyes, entre ellas la de Enjuiciamiento Criminal, una norma que según el juez que elevó el caso al Tribunal de la UE, José María Fernández Seijo, será necesario modificar.

Fernández Seijo ha destacado en una entrevista con Efe que a partir de ahora los jueces podrán tutelar de oficio los procesos de ejecución hipotecaria, lo que permitirá dar protección a los consumidores y detener un desahucio si se observan cláusulas abusivas.

Asimismo, el experto en derecho registral y mercantil, Fernando Pedro Méndez González, ha explicado a Efe que el hecho de que un juez pueda intervenir de oficio tendrá consecuencias adicionales a los procesos judiciales.

A su juicio, desde ahora las entidades financieras tendrán que ser mucho más cuidadosas a la hora de redactar los contratos hipotecarios y habrá un mayor nivel de negociación entre deudor y acreedor en las ejecuciones en marcha, aunque, en su opinión, la clave será diseñar trámites rápidos que permitan examinar si existen cláusulas abusivas.

En el lado negativo, Méndez ha señalado que es muy posible que se produzca una aumento de los tipos de interés que se pagan por las hipotecas.

El sector financiero ha reaccionado con cautela a la decisión de Luxemburgo. La Asociación Española de Banca (AEB) ha indicado que la sentencia es “razonable y constructiva” y ha indicado que de cara al futuro “se trata de cumplir este dictamen y de interpretarlo en la misma línea”, es decir, “en los términos razonables y constructivos en los que se expresa el alto tribunal europeo sobre esta materia”.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha señalado que el fallo constituye “una aportación en el perfeccionamiento” de la legislación hipotecaria nacional y ha mostrado su disposición a colaborar con el Gobierno y el Congreso para implantar las reformas normativas que permitan una aplicación “razonable” de dicha sentencia.