etxebizitzak / viviendas

¿LAS VPO EN PELIGRO? ¿SERAN EL PROXIMO RECORTE?

Parece que el próximo objetivo en el desmantelamiento del mal llamado estado de bienestar puede ser la vivienda pública, quizás porque han quedado muchas viviendas vacías en poder de los bancos y hay que impedir el acceso a la vivienda protegida para que estos sigan con su negocio especulador.

Ante la noticia publicada hoy:(http://www.deia.com/2012/10/29/sociedad/euskadi/alquileres-sociales-convertidos-en-negocio ) sobre el realquiler y el mal uso de viviendas de alokabide, seguro más de una administración va a intentar criminalizar a las personas que viven en dichos pisos y la consiguiente resolución seria reducir el total de viviendas o privatizar el servicio.

Nadie duda que realquilar por el triple un piso de protección oficial es una actitud además de ilegal, falta de ética y solidaridad pero vayamos a los datos y las situaciones, 9400 pisos visitados y 240 situaciones irregulares, (como conocemos como cataloga el fraude la administración y sin conocer todos los casos esa es la definición correcta) es decir menos del 2,5 % del total no parece que sea motivo de portada ni de escándalo mayúsculo cuando el fraude fiscal se calcula entre 2500 y 4000 millones al año en la comunidad autónoma del país vasco y nadie persigue ni toma medidas para acabar con él, ni se espera que se tomen.

Por tanto vuelven a magnificar los datos poniendo el microscopio sobre una mínima parte para adulterar la realidad, no nos hablan estos titulares de cuantas viviendas públicas llevan vacías años, pese a las miles de personas apuntadas en sus listas, no nos hablan de cómo muchos titulares de alquileres llevan años reclamando obras de importancia que corresponden a las administraciones y estas se hacen las sordas, nos nos hablan de cómo en tiempos pasados (quien sabe si sigue pasando lo mismo) amigos y familiares de quienes “sorteaban” esas viviendas eran agraciadas por la diosa fortuna. Tampoco nos hablan de cómo a lo largo de 30 años ninguna administración hizo un cambio en la ley para que quienes tuviesen una vivienda pública en propiedad al comprar otra privada tuviesen obligación de devolver la pública para que la disfrute quien lo necesitara, un buen ejemplo es el dirigente socialista que con una vivienda pública en el barrio de Otxarkoaga se compro un chalet en Castro por valor de 600000 euros con un dinero además que no puede justificar, tampoco explican porqué se dejo especular con un derecho básico que multiplicó exponencialmente el beneficio de las grandes contructoras a nuestra costa, de todo eso no les gusta hablar y si de supuestos fraudes generalizados que llevan a la ciudadanía a renegar de sus derechos y condenar a quien puede ejercerlos.

No nos dejemos engañar, estas administraciones vendidas a los intereses de los bancos solo utilizan la demagogia para hacer que renunciemos a lo que es nuestro, para beneficio de los más poderosos económicamente, y mientras nos cuentan estas milongas, miles de familias son desahuciadas por esos mismos bancos de sus viviendas en una espiral de avaricia y usura que tras varios años de crisis y desahucios todavía no se toma ninguna medida, eso si es un fraude social que pagamos entre todos y aquí ninguna administración le mete mano.

Cada pueblo tiene los gobernantes que se merece… ¿ACASO NOS MERECEMOS SEMEJANTE PORQUERIA?

 http://argilan-esk.org/?p=1718

kaleratzeak / desahucios

El drama de los desahucios

GARA

«Europa no entiende una expulsión de casa sin un juicio con garantías»

 

 

José María Fernández SeijoMagistrado del Juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona

Hace un año, al despacho del juez José María Fernández Seijo llegó el caso de un ciudadano de Tarragona desahuciado por Caixa Tarragona –hoy Catalunya Caixa–, que se había quedado con su vivienda por el 50% de su valor y le seguía exigiendo 40.000 euros. Ante el escaso margen que le dejaba la ley española, el juez recurrió al Tribunal Europeo, que esta semana certificó, a través de su abogada general, que la ley hipotecaria del Estado español contradice las directivas europeas y deja sin protección al consumidor.

Beñat ZALDUA | BARCELONA

¿En qué se basa la abogada general del Tribunal de Luxemburgo para considerar ilegal la legislación española?

En 1993, la Unión Europea elaboró una directiva de protección de consumidores que señala que un consumidor, antes de verse perjudicado, necesita ser oído por un tribunal. Nosotros planteamos que en el procedimiento hipotecario español el comprador de una vivienda es desahuciado sin tener un juicio en el que pueda defenderse, y lo que nos ha dicho Europa es que nuestro sistema de ejecución hipotecaria, efectivamente, se contradice con lo que de debe ser esa protección.

Pero todavía falta la sentencia del tribunal. ¿Que implicaría una resolución en la misma dirección marcada por la abogada general?

Implicaría que los jueces españoles, en vez de aplicar la ley española, podrían aplicar la ley europea y, por lo tanto, podrían paralizar o comprometer las ejecuciones hipotecarias que afectan a los consumidores.

Cuando un juez recibe en su mesa un caso de ejecución hipotecaria, ¿tiene las manos atadas?

Por eso fui yo a la legislación comunitaria, porque, si aplicaba la ley española, no tenía muchas opciones de poder proteger al consumidor. Y lo que nos ha dicho la abogada general es que Europa no entiende que un ciudadano español debe ser expulsado de su vivienda sin haber tenido un juicio con las debidas garantías.

Sin embargo, hay varios casos en los que un juez ha aplicado la dación en pago. ¿Se podría ser, por lo tanto, más sensible?

La verdad es que la presión social es tan grande y la crisis es tan profunda que cada juez ha intentado, dentro de sus posibilidades, buscar soluciones imaginativas. Hay jueces que han ido más hacia el ámbito constitucional y el derecho a la vivienda, otros han ido más hacia cuestiones sociales de no dejar en la calle a particulares, y en mi caso he pensado que el ámbito de protección más adecuado sería el derecho europeo.

¿La judicatura es permeable al drama que suponen estos cientos de miles de familias desahuciadas?

Sí, y es gracias a la presión social y al papel de los medios de comunicación. Hay que pensar además que la cuestión no es ideológica, no es un problema de derechas o izquierdas, sino que es un problema de sensibilidad social.

Cuesta entender entonces que el Consejo General del Poder Judicial no asuma el informe que encargó sobre el endeudamiento familiar y las ejecuciones hipotecarias…

Bueno, el Consejo funciona con lógicas políticas y no con lógicas sociales y, por lo tanto, está muy lejos de los ciudadanos.

¿Existe algún margen ahora mismo para que los jueces puedan practicar algo parecido a la objeción de conciencia en el tema de los desahucios?

No no, esto no es un problema de objeción de conciencia, es un problema de que nuestra ley es incorrecta. Sin necesidad de ponerse en planos de conciencia, con la ley en la mano, cualquier jurista debería llegar a conclusiones parecidas a las mías, al margen de su ideología.

Esta semana, el juez decano de Bilbo declaró que los jueces tenían que ser algo más que meros «cobradores del frac». ¿Qué medidas debería tomar el poder legislativo para que así sea?

Yo soy juez mercantil y llevo sobre todo insolvencias. En este sentido, creo que deberíamos tener una norma de insolvencia de particulares para que las personas que no puedan pagar sus deudas normales sean protegidas por el juzgado. Tenemos que pensar además que el famoso «banco malo» va a comprar inmuebles tóxicos por la mitad de su valor, ¿hasta qué punto no es razonable que a mí me perdonen la mitad de mi hipoteca si el banco malo está dispuesto a comprar mi piso por la mitad de su valor?

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca tiene muy claro cuál es su solución: dación en pago retroactiva, paralización de desahucios y alquiler social. ¿Qué le parece?

A nosotros las Plataformas de Afectados nos han ayudado mucho a sensibilizarnos. Algunas de las medidas que propone esta plataforma son razonables y, de hecho, muchos juzgados están siendo sensibles y están cogiendo sus argumentos para paralizar casos.

En cualquier caso y como resumen, ¿se puede decir que lo que impide la aplicación de medidas para evitar estos casos es una cuestión más política que jurídica?

Pues sí. Lo que hemos visto en estos cuatro años de crisis es que cuando se trata de ayudar a las entidades financieras, las medidas se adoptan en 24 horas y, sin embargo, cuando las medidas son destinadas en ayuda de los ciudadanos, se tardan cuatro años. Lo que tendríamos que pedir es un trámite de urgencia y si el Gobierno quisiera, por Real Decreto, podría adoptar medidas con efecto al día siguiente.

gaur manifestazioa / hoy manifestacion

resolucion contra desahucios

MANIFESTAZIOA  AZAROAREN 17an LARUNBATEAN BILBON,  17.30EAN Jesusen Bihotzetik

ETXE-HUSTEEN ETA MURRIZKETA SOZIALEN AURKA. 

BIZILEKU DUINA IZATEKO ESKUBIDEAREN ALDE

 

Etxebizitzaren inguruko arazoen adierazpenik larrienetakoa da gertatzen ari den etxe-huste kasuen itxuragabeko hazkundea, eta honekin batera etxea bankuek kentzen dieten pertsona eta familien kopruua. Etxetik botatzen duten jendearen egoera latza da. Gehienetan, etxea galtzeaz gainera bankuarekin zor handia izaten jarraitzen dute. Izan ere, etxebizitza enkantean ateratzean, tasatuta zegoen prezioz azpitik saltzen da, eta honi gehitu egin behar zaizkio interes altuak eta ordaintzen ez den kasuetan finantza-erakundeek ezartzen dituzten baldintza basatiak. Ondorioz, pertsona eta familia hauek etxerik gabe geratzen dira eta hipotekaren zati bat ordaindu beharrean.

 

Botere publikoek mesede egin diete etxebizitzarekin negozioa egin dutenei. Eraikuntza-enpresen eta bankuen interesen alde jokatu dute. Horrela, bizileku bat izateko eskubidea espekulaziorako ondasun bihurtu da, eta herritar gehienentzako luxua. Arrazoia, bankuak eta aurrezki-kutxak eragile nagusi bihurtu izana, arlo publikoak bermatu beharreko eskubide izan beharko lukeen kasu batean.

 

Sistemaren oinarria etxea erostea eta berria eraikitzea izan da, ez alokairu publikoa eta hutsik zeuden bizitzak erabiltzea; azken urteotan horren emaitza “jabego birtuala” izan da: enplegua suntsitu eta eskubide laboralak zein gizarte-babesa galtzen ari direlarik, egungo egoerara iritsi gara. Gainera, erakundeek etxebizitzari dagokionez murriztera jo dute: aurrekontu publikoak eta gizarte-prestazioak moztu eta protagonismo osoa eman diete herritarren beharrizanen kontura negozioa egiten duten erakundeei.

 

Izurri sozial hau amai arazi beharra dago. Arazo larriok ikusirik, honakoa galdegiten dugu:

 

·         Pertsona guztiek bizileku duina izateko duten eskubidea aitortzea; eskubide hau benetan gauzatzeko aukera ahalbidetu behar da.

 

·         Etxe-huste guztiak behin betiko geldiaraztea. Ezin da saihestu herri- eta finantza-erakundeek ere erantzukizuna dutela hipoteken ordaina betetzen ez den kasuetan. Botere publikoak bankuen esanetara daude, eta hauek usufruktudun legez jokatzen dute, hipotekak finantzatzerakoan zinez abusuzko baldintzak ezartzen dituztelarik.

 

  • Etxe-husterik ez dadila gauzatu. Etxebizitza Publikoaren Erakunde bat sortu beharra dago; hipotekapean daudenek honen esku utziko lukete etxea, bertan bizitzen jarraitu ahalko luketeelarik, beren egoerari moldatutako alokairu sozial bat ordainduta.

 

·         Diru publikoa zuzenean alokairu sozialerako etxebizitza publikoa sustatzeko erabili behar da, horrela baliabide publikoak behar bezala erabiltzen direla bermatuz. Halaber, lurzoruaren kudeaketak gizartearen kontrolpean egon behar du, interes sozialaren arabera erabiliko dela ziurtatzeko.

 

Botere publikoei exijitzen diegu arazoa konpontzeko beharrezko neurriak har ditzatela. Nazkatuta gaude ustezko “kontsentsu handi” horiek aldarrikatzen entzuteaz, egoera inondik ere aldatzeko ez baitute balio.

 

Horrenbestez, dei egiten dugu datorren larunbatean, azaroak 17, arratsaldeko 17.30ean Bilboko Jesusen Bihotzaren plazatik abiatuko den manifestaziora: “Etxe-husteen eta murrizketa sozialen aurka. Bizileku duin bat izateko eskubidearen alde”.

 

Eragile sozialak: AHT gelditu! elkarlana, Anitzak, Argilan, Asamblea abierta en defensa de las prestaciones sociales, Asamblea de invisibles, Distintas asambleas de parados y paradas de Bizkaia y Gipuzkoa, Askapena, Asociación de Trabajadoras del Hogar, Asociación de vecinas y vecinos de Bilbao La Vieja, Barrenkale, Berri-Otxoak, Bilgune Feminista, Bizkaiko Emakumeen Asanblada – Asamblea de Mujeres de Bizkaia, Colectivo de parados de Iruñerria, Danok lan, Deshazkundea, Eguzki, Ekologistak Martxan , Elkartzen, Erromoko Greba Batzordea, Eskuz Esku, Ezker Gogoa, Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, Euskal Herriko emakumeen mundu martxako plataforma, Ezkerretik Bilduz, Gazte Abertzaleak, Gazteak Alternatiba, Gipuzkoako pentsionisten duintasun elkartea, Ikasle Abertzaleak, Harresiak Apurtuz, Iratzarri, Komite Internazionalistak, Matxingune Taldea, MDMA Taldea, Mugarik Gabe, Mujeres del Mundo, Pentsionistak Martxan, Plataforma por los derechos sociales de Gasteiz, Plaza Beltza Kultur Elkartea,  Posada de los abrazos, PTParen aurkako Asanblada, Renta Básica Universal Taldea, Salhaketa, Sare Antifaxista, SOS Racismo-SOS Arrazakeria,Urtxintxa Eskola, Zazpigarren Alaba

 

Sindikatuak: ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, HIRU, CGT-LKN, CNT

 

 

Bilbon, 2012ko azaroaren 13an

 

 

MANIFESTACIÓN EL SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE EN BILBAO, A LAS 17:30 DESDE EL SAGRADO CORAZON

 

CONTRA LOS DESAHUCIOS Y LOS RECORTES SOCIALES.

POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

 

Una de las graves manifestaciones de la problemática existente en materia de vivienda es el incremento desmesurado de los desahucios que se producen y del número de personas y familias que pierden sus viviendas en manos de los bancos. La situación de la gente a la que desahucian es desesperada. En la mayoría de los casos, además de perder la vivienda, siguen teniendo una fuerte deuda con el banco. Esto se debe a que cuando se subasta la vivienda desahuciada, se vende por un precio inferior al de tasación, a lo que hay que sumar los elevados intereses y las extremas condiciones que imponen las financieras por los impagos. El resultado es que estas personas y familias se ven sin vivienda y debiendo pagar aún parte de sus hipotecas.

 

Los poderes públicos han beneficiado a quienes han hecho negocio con la vivienda. Han favorecido los intereses de las constructoras y de la banca. De esta manera, el derecho a una vivienda se ha convertido en un bien especulativo en manos de éstas y un lujo para la mayoría de la población. Este es el resultado de permitir que bancos y cajas se conviertan en agentes centrales de lo que debería ser un derecho garantizado por el sector público.

 

Un sistema basado en la política de compra de vivienda y nueva construcción en vez de impulsar el alquiler público y la reutilzación de viviendas vacías, ha conducido en los últimos años a una “propiedad virtual” que en esta situación de destrucción de empleo y deterioro de las condiciones laborales y las capas de protección social ha dado como resultado las situaciones actuales. Por si esto fuese poco, las distintas instituciones han aplicado una política de recortes en materia de vivienda: se han reducido enormemente los presupuestos destinados a vivienda, se han recortado las prestaciones sociales y se ha dado participación solo a esas entidades que hacen negocio a costa de las necesidades de la población.

 

Es necesario dar la vuelta al sistema actual. Para ello, exigimos:

 

  • El reconocimiento del derecho de todas las personas a acceder a una vivienda digna, derecho que se debe poder ejercer de forma efectiva.

 

  • La paralización de todos los desahucios de manera definitiva. No se puede negar la responsabilidad de las instituciones públicas y de las propias entidades financieras ante los incumplimientos del pago de hipotecas. Los poderes públicos están sometidos a la banca, que actúa de usufructuaria imponiendo condiciones totalmente abusivas a la hora de financiar las hipotecas.

 

  • No a los desahucios. Creación de un Instituto de Vivienda Pública, al que las personas hipotecadas puedan ceder la vivienda a cambio de poder seguir ocupándola a través de una alquiler social ajustado a su situación.

 

  • El dinero público se ha de dedicar a la promoción directa de vivienda pública en          alquiler social, garantizando así el aprovechamiento de los recursos públicos. Asimismo,  la gestión del suelo debe estar socialmente controlada para que se asegure su empleo en función del interés social.

 

Exigimos a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para paliar este problema. Estamos hartas y hartos de que lleguen a “grandes consensos” que no suponen ningún cambio real de la situación.

 

Por todo ello hacemos un llamamiento a la manifestación que se va a celebrar este sábado, 17 de noviembre, a las 17:30 horas, en Bilbao, en el Sagrado Corazón, bajo el lema “Contra los desahucios y los recortes sociales. Por el derecho a una vivienda digna”

 

 

Eragile sozialak: AHT gelditu! elkarlana, Anitzak, Argilan, Asamblea abierta en defensa de las prestaciones sociales, Asamblea de invisibles, Distintas asambleas de parados y paradas de Bizkaia y Gipuzkoa, Askapena, Asociación de Trabajadoras del Hogar, Asociación de vecinas y vecinos de Bilbao La Vieja, Barrenkale, Berri-Otxoak, Bilgune Feminista, Bizkaiko Emakumeen Asanblada – Asamblea de Mujeres de Bizkaia, Colectivo de parados de Iruñerria, Danok lan, Deshazkundea, Eguzki, Ekologistak Martxan , Elkartzen, Erromoko Greba Batzordea, Eskuz Esku, Ezker Gogoa, Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, Euskal Herriko emakumeen mundu martxako plataforma, Ezkerretik Bilduz, Gazte Abertzaleak, Gazteak Alternatiba, Gipuzkoako pentsionisten duintasun elkartea, Ikasle Abertzaleak, Harresiak Apurtuz, Iratzarri, Komite Internazionalistak, Matxingune Taldea, MDMA Taldea, Mugarik Gabe, Mujeres del Mundo, Pentsionistak Martxan, Plataforma por los derechos sociales de Gasteiz, Plaza Beltza Kultur Elkartea,  Posada de los abrazos, PTParen aurkako Asanblada, Renta Básica Universal Taldea, Salhaketa, Sare Antifaxista, SOS Racismo-SOS Arrazakeria,Urtxintxa Eskola, Zazpigarren Alaba

 

Sindikatuak: ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, HIRU, CGT-LKN, CNT

 

 

 

Bilbao, 13 de noviembre de 2012

kaleratzeak 3 / desahucios 3

El drama de los desahucios

Kutxabank suspende sus desahucios ante la presión social y política

El banco que tiene cerca del 60% de las hipotecas en la CAV opta por una paralización de los desalojos hasta que «se conozca la nueva regulación»

Al hilo de la conmoción social producida por el suicidio de Barakaldo, Kutxabank también movía ficha ayer tarde. Una nota firmada por su presidente, Mario Fernández, comunicaba en apenas seis líneas que la entidad «suspende de forma inmediata todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, en tanto en cuanto se conozca la nueva regulación que afectará a los mismos».

La paralización, por tanto, tiene carácter temporal a la espera de las reformas legales que puedan emprenderse en el marco estatal, donde PP y PSOE celebrarán mañana una reunión que se anuncia decisiva, y que ha sido acelerada precisamente tras la muerte de Amaia Egaña.

Kutxabank matiza que la resolución dictada por Fernández afecta a las hipotecas sobre primeras viviendas. No se establecen más excepciones. La paralización alcanza una dimensión muy importante si se tiene en cuenta que aproximadamente el 60% de los créditos hipotecarios suscritos en la CAV están contratados con la entidad en la que se fusionaron varias cajas vascas. Por aportar otro dato significativo del volumen del problema, solo el año pasado se renegociaron 2.353 hipotecas contratadas con la BBK que no se podían pagar.

La medida anunciada ayer está inequívocamente derivada del suicidio de la exconcejal del PSE Amaia Egaña, dado que Kutxabank se había mostrado hasta ahora reacio a buscar soluciones a estos casos. Sin ir más lejos, es conocida su posición en el caso de la portavoz de Stop Desahucios Bizkaia, Marta Uriarte: el miércoles, un juzgado de Getxo paralizó la subasta de su vivienda por estar hipotecada como propiedad de BBK y no de Kutxabank, la entidad resultante de la fusión que pretendía ejecutar la hipoteca pese a ello. Esta decisión judicial se presentó como una posible solución frente a todos los casos relativos a Kutxabank.

Por su parte, y dada la situación de conmoción social creada, Caja Laboral emitió una nota para recordar que «no ha activado en la actual situación de crisis ningún proceso de desahucio traumático a familias», al igual que ha hecho Ipar Kutxa. Añade que «espera que la nueva regulación respalde estas prácticas habilitando mayores posibilidades de acuerdo».

Gipuzkoa y Urkullu

En las últimas horas ha sido muy evidente el aumento de la presión social y política contra los desahucios y señalando directamente a los bancos como culpables. Así, tras las concentraciones de protesta del viernes, en diversos puntos se realizaron pintadas en sucursales bancarias con mensajes como “Asesinos”.

En cuanto a la presión institucional, el exponente más claro fue la rueda de prensa conjunta de la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia. Ikerne Badiola y Juan Karlos Izagirre, en calidad de representantes de las entidades fundadoras de Kutxa, lanzaron un mensaje muy rotundo: «No nos importa qué entidad está detrás del último desahucio. Instamos a Kutxabank a que los paralice. Ya, ni uno más».

En las últimas horas ha alcanzado gran realce mediático la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de amenazar a la entidad Bankia con retirar todas sus cuentas en caso de que siguiera ejecutando desahucios. El banco ha cedido.

El próximo lehendakari, Iñigo Urkullu, también había abogado el viernes por suspender todas las órdenes de desahucio hasta que no se aclare la actual legislación.

Afectados exigen moratoria y ELA acusa a los partidos

La plataforma Stop Desahucios se hizo eco ayer en una nota del «duro y trágico día» vivido el viernes con el suicidio de Amaia Egaña en Barakaldo. Su portavoz, Marta Uriarte, incidió en que todo esto «no puede quedar impune» y animó a la ciudadanía a seguir mostrando «repulsa y hartazgo ante esta barbarie». Al mismo tiempo, pidió «respetar el dolor de la familia» pero seguir manteniendo «la memoria de Amaia».

Stop Desahucios también se dirige a los representantes políticos para que «de forma inmediata establezcan una moratoria» de modo que «no se ejecute ni un desahucio». El llamamiento tiene como destinatario claro la reunión que mañana celebran PP y PSOE en Madrid y de la que Mariano Rajoy, presidente español, afirma que saldrá una solución para las familias en situaciones de desprotección más graves.

ELA, por su parte, cargó contra los políticos por «permitir el sadismo del poder financiero». En una nota en la que no señala directamente a ninguna sigla ni institución concreta, Adolfo Txiki Muñoz, secretario general del sindicato, exigió que se investigue el trato recíproco entre los partidos y los bancos. Entiende que «la banca tiene en nómina al poder político» a través de los créditos que otorga a los partidos políticos «y que muchas veces les perdona» después. GARA

kaleratzeak 2 / desahucios 2

el drama de los desahucios

Llamamientos a luchar «porque es la única esperanza»

El desasosiego bañado en lágrimas y adornado por muestras de rabia inundó el corazón del nuevo Barakaldo, que aún se construye a orillas del Ibaizabal, después de la muerte de Amaia Egaña. Muestras de incredulidad y continuos llamamientos a la lucha ciudadana para obligar a las instituciones a frenar los desahucios.

Varias dotaciones de la Ertzaintza y Policía Municipal, una ambulancia de la DYA y un grupo de personas tomando notas junto a un cadáver fue lo que alertó a los vecinos del nuevo ensanche de Barakaldo. Minutos antes, una mujer -Amaia Egaña, de 53 años- se había precipitado desde el balcón de su vivienda del cuarto piso del número 11 de la calle Escuela de Artes y Oficios, que confluye con la avenida Altos Hornos de Vizcaya, y dio la casualidad de que fue a caer en la zona ajardinada que rodea la sede del Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda (Cedemi).

Con celeridad, el juez decano de Barakaldo, Juan Carlos Mediavilla, procedió al levantamiento del cadáver mientras el alcalde, Tontxu Rodríguez, y otros miembros de su equipo como Olga Santamaría y Jesús María González Suances, acompañaban al esposo, el exedil del PSE José Manuel Asensio, que era atendido por sicólogos y luego tuvo que ser trasladado al Hospital de San Eloy.

Cuando los medios de comunicación se arremolinaban junto al cordón policial, apareció el veterano activista social y miembro de la izquierda abertzale Periko Solabarria, que luego confesó que acudió para interesarse por el caso sin más información que la que el suicidio tenía su origen en su desahucio. «Para ayudar, arropar», apuntó sujetando una pancarta.

Allí, supo de la identidad de la víctima, y tras solidarizarse con su familia, «a los que conozco desde hace años, porque hemos sido compañeros en el Ayuntamiento cuando fui concejal y luego», Solabarria animó a la movilización. «Lo social es lo importante -subrayó-, lo político debe estar subordinado a lo social. Hay que parar esto».

Para entonces eran ya varios los vecinos que se reunían en los alrededores. «Estamos consternados, muy mal», confesaba uno, al tiempo que incidían en que no sabían de los problemas económicos graves que atravesaba la familia Asensio Egaña, que residía en el inmueble desde hace ocho años. «De puertas afuera, no había transcendido que tuvieran ningún problema grave», apostillaban.

«Esto nos va a llegar a todos si no reaccionamos y pedimos soluciones», manifestaba una joven, que decía estar en paro. La conmoción fue grande en esa nueva área residencial, con muchas familias jóvenes, donde fueron muchas las bocas que pidieron «luchar porque es la única esperanza».

Para entonces se presentó ante los periodistas el juez decano de Barakaldo que, después de terminar las diligencias tras consultar al presidente del TSJPV, llamó a la tranquilidad. «No podemos llegar a situaciones como la que hoy hemos vivido aquí», señaló Juan Carlos Mediavilla, quien abogó porque «sin demora» se impulsen cambios legislativos. «No podemos estar en situaciones que, por un problema económico, derivan en crisis como esta, con resultados tan trágicos», añadió.

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el drama de los desahucios

La muerte de Amaia Egaña resume el drama diario de los desahucios

El suicidio convulsiona Barakaldo, donde se manifestaron anoche miles de personas, y a toda Euskal Herria, donde cada día se produce más de una decena de desalojos. El impacto llega a Madrid, donde PP y PSOE anuncian soluciones el lunes.

 

Eran las 9.20 cuando Amaia Egaña, de 53 años, sola en la vivienda de Barakaldo que ha sido hasta ayer su hogar y el de su familia durante cerca de ocho años, saltó por la ventana tras abrir la puerta del portal del número 11 de la calle Escuela de Artes y Oficios de Barakaldo a la comisión judicial que iba a ejecutar el desahucio impulsado por La Caixa. La mujer, que llevaba 30 años trabajando en Bizkaibus -destinada en las cocheras de los autobuses en Burtze- ña- y era esposa del exconcejal del PSE José Manuel Asensio, no pudo soportar más la presión a la que se veía sometida y optó por quitarse la vida al ver como le iban a desposeer del piso.

Egaña, natural de Eibar pero afincada hace décadas en la localidad fabril, vivía con su marido y su hijo de 21 años, que al parecer desconocían que ayer iban a ser desahuciados, ya que acudieron a sus obligaciones habituales con normalidad. José Manuel Asensio, su esposo, fue concejal delegado de Seguridad Ciudadana en Barakaldo y al igual que la víctima eran militantes del PSE. En la actualidad, su compañero tenía empleo después de haber permanecido unos años en el paro.

La familia de la fallecida es muy conocida en la villa armera guipuzcoana, donde su padre regentó una conocida tienda de electrodomésticos y fue presidente del PSE local. Ella misma fue edil en ese Consistorio en el periodo 1983-1987.

Poco después del trágico suceso se acercaba hasta el lugar el marido de Amaia Egaña que, después de ser atendido por sicólogos y arropado por compañeros de partido con el alcalde Tontxu Rodríguez a la cabeza, fue trasladado al Hospital de San Eloy por el shock que padecía. En el centro sanitario se vivieron intensos momentos de emoción entre los familiares y compañeros de militancia. Nadie sabía de los problemas económicos que atravesaban.

Una vez que la noticia saltó a los medios de comunicación, fueron decenas las personas que comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del edificio donde que produjeron los hechos, en la confluencia con la avenida Altos Hornos de Vizcaya, una de las principales arterias del nuevo ensanche de Barakaldo, en terrenos que ocupó la histórica siderurgia vasca.

Entre los primeros que acudieron al lugar, además de representantes del PSE y EH Bildu, estaban integrantes de la plataforma Stop Desahucios. Su portavoz en Ezkerraldea confesó estar «destrozado», ya que tenía la sospecha de que la mujer que el jueves a la tarde contacto con él telefónicamente era la víctima. «Estaba un poquitín tocada. Creo que se llamaba Amaia. Yo le traté de animar, de hacerle ver que la vida no se acaba aquí», explicó, antes de anunciar que estudian poner en marcha un gabinete de atención sicológica, «porque el problema se sale ya de madre. O se toman soluciones, o el problema va a degenerar en violencia, suicidio y depresiones de caballo».

Lo cierto es que la comunicante anónima, según relató Félix, no les informó en ningún momento de que iba a ser desalojada ayer de su hogar, lo que creó más desasosiego entre los componentes de Stop Desahucios.

La Caixa puso el piso en venta

A pesar de que no se había ejecutado formalmente el desahucio, la vivienda de la familia Asensio Egaña, según las noticias que posteriormente transcendieron, se ofrecía desde hace un año en el portal inmobiliario servihabitat.com, que pertenece a La Caixa. Junto a la fotografía del edificio, se incluía un precio de salida de 233.180 euros y se animaba a los interesados a pujar. Además, en el anuncio se precisaba que no era posible la «visita inmediata» porque las llaves no estaban disponibles «temporalmente».

Tal fue el revuelo mediático que se originó a lo largo de la tarde en las redes sociales, que el anunció fue retirado del portal al igual que otras viviendas del área, la zona Urban-Galindo. Ayer mismo, el grupo La Caixa anunció que hasta setiembre ha obtenido un beneficio neto atribuido de 157 millones de euros.

Por la mañana, a escasos metros de donde cayó Amaia Egaña, la portavoz de Stop Desahucios Bizkaia, Marta Uriarte, afirmó que el suicidio de esta mujer era un caso evidente de «terrorismo financiero», al tiempo que emplazó a los partidos políticos a que «negocien una solución a este problema» para que, de manera inmediata, se paralicen los desahucios

GARA

 

etxebizitza eta espekulazioa / vivienda y burbuja inmobiliaria

PROPUESTA DE CAMBIO DE PARADIGMA EN VIVIENDAS EN ESPAÑA.

Autor de la propuesta: Dr. Francisco González de Tena (paco_tena@hotmail.com)

CONCEPTOS GENERALES A TENER EN CUENTA

Placa en un edificio de 1957

Desde la irrupción del falangista y arquitecto José Luis de Arrese al frente del inicial Ministerio de la Vivienda en 1957, por elevación de lo que había sido el Instituto Nacional de Zonas Devastadas (más tarde I.N.Vivienda), se implantó la política de control social que acreditó en las llamadas Cortes franquistas: “Transformar un país de proletarios en un país de propietarios”. De aquellos viejos intereses de la oligarquía especulativa se viene arrastrando un sesgo diferencial que tanto ha influido en la actual situación de callejón sin salida al problema de la vivienda, hipotecada y desahuciada, con la que se enfrentan cientos de miles de familias angustiadas en estos momentos en España. Lo que comenzó siendo una obra para dotar de viviendas a familias, esencialmente las desplazadas a las grandes urbes y con especial impacto sobre el problema del chabolismo, liberando al mismo tiempo miles de metros cuadrados en sitios estratégicos alrededor de las grandes ciudades. No fue causalidad que irrumpieran en esos momentos los especuladores mejor situados junto al Régimen.

José Luis Arrese Magra.

Varios objetivos se unieron en esa estrategia, junto al indudable beneficio privado que se sigue ahora padeciendo. El control social arriba mencionado era, evidentemente, un tema central del franquismo, aunque en este caso además con la estrategia añadida de fijar la población en un espacio urbano más fácilmente controlable, en su doble vertiente de atemperar la movilidad social y lastrar la movilidad geográfica. Las migraciones inevitables desde el campo a las ciudades con mayor dinamismo estaban, por tanto, planificadas en lo que se conocieron como “polos de desarrollo”, forma eufemística para identificar la planificación característica de las dictaduras de economías al servicio de una planificación centralista.

La población española en régimen de alquiler de viviendas era superior al 60% en esos años, llegando muy cerca del 80% si se tiene en cuenta los

habitáculos y el chabolismo de los extrarradios. Si se contempla ahora el porcentaje de distribución alquiler / propiedad estaríamos justo al revés, muy alejados de los parámetros europeos. Esta situación supone un lastre para las movilidades sociales y geográficas ahora exigibles, lo que se ha demostrado como unas taras muy importantes para relanzar la economía. El argumento utilizado reiteradamente, tanto por los promotores privados como por los planificadores franquistas, era que “por el precio de un alquiler puedes tener una vivienda en propiedad”. Esto se ha evidenciado como una trampa insoportable para unas economías familiares degradadas y sujetas a ataques combinados económico / financieros.

El espíritu de la socialdemocracia, vista como un peligro cierto por parte del franquismo, propugnaba la superación de las fronteras en concordancia con el internacionalismo asumido por las izquierdas. En ese espíritu de futuro la movilidad de los trabajadores era casi una exigencia inherente al horizonte deseable. Se comprenderá la lógica de “una familia / una vivienda en propiedad”, con la secuela inevitable de una hipoteca casi vitalicia, como estrategia alternativa del franquismo frente a su enemiga emergente.

En un ambiente tan manipulable y proclive a la titularidad inmobiliaria, los parámetros estaban dados para una especulación galopante, en manos de los promotores y oportunistas, además de allanar el camino a la gran banca internacional que vio desde el primer momento el campo abonado para inflar al límite una trampa que se ha demostrado cuasi mortal.

Cuando el momento de dar el salto se mostró propicio, el castillo de naipes era perfectamente vulnerable al asalto de los eufemísticamente llamados “mercados”, que no son otros que las redes especulativas financieras de alcance internacional.

Llegados a la situación de un número muy importante de viviendas vacías, entre las promociones inacabadas y entregadas a los bancos y cajas en pago de las deudas impagables y los desahucios producidos por impago de las hipotecas, nos estamos acercando a la pavorosa cifra de medio millón.

UN PLAN DE SUMA CERO

En los años de la locura especulativa en España se ha vivido una dramática y colosal versión del antiguo juego del “baile de la silla”, en el momento en el que la música dejó de sonar cientos de miles de frustrados bailarines se encontraron materialmente sentados en el suelo y sin la ansiada única silla en la que sentar a su familia ante una mesa vacía. Todos miramos furiosos buscando a los culpables sin reparar que han estado todo el tiempo entre nosotros.

A las pocas fechas de aquél sueño rejuvenecedor del 15-M, sin duda también contagiado de la bocanada de aire fresco, aporté mi grano de arena en forma de propuesta para intentar lo que ya era un drama colosal: los desahucios encadenados unos a otros como los chorizos a los que tan reiteradamente se aludían en las algaradas callejeras. Esta propuesta, ya un poco retocada tras meses de intentar ser oído (y que por extraños caminos ha llegado a ser un punto de referencia sin mencionar su origen), es la que vuelvo a presentar de forma sucinta en las próximas líneas.

Primera evidencia: los bancos no son agencias inmobiliarias, aunque ahora se afanen a la fuerza por intentar desprenderse de sus activos tóxicos, es decir la masa inmobiliaria que lastran sus balances, valorados muy por encima del teórico valor real actual de mercado. Esa enorme diferencia tiene un nombre, que nadie quiere pronunciar, se llama riesgo hipotecario intencionadamente asumido en las alocadas tasaciones inmobiliarias. Visto desde esa óptica es indudable que los únicos responsables son los gestores bancarios, por cierto generosamente compensados en lugar de exigírseles responsabilidades patrimoniales e incluso penales. El siguiente error de esos gestores bancarios fue ignorar los repetidos avisos de que la insolvencia no era algo puntual que afectaba a unas cuantas familias con pocas previsiones sobre sus respectivas economías familiares, sino que era la consecuencia lógica derivada de una contaminación económica que venía de mucho antes del fatídico otoño de 2008. La pregunta que vale millones es, ¿no se ha evidenciado suficientemente que los que deben responder de ese monstruoso diferencial son las cúpulas bancarias?

Segunda evidencia: si el Estado acudió con generosos fondos públicos en socorro de los bancos con riesgo de quiebra (incluso sistémico), es lógico preguntarse, ¿no son los ciudadanos contribuyentes, en razón de esas aportaciones al Estado, los verdaderos accionistas de una parte sustantiva de esa banca socorrida in extremis? En otras palabras, la banca en su parte más vulnerable ha sido nacionalizada, para bien y para mal. Y corresponde al Estado, en el ejercicio responsable de esa representatividad, ejercer un control directo y proporcional sobre esa banca; por mucho que moleste a los que huyen como de la peste del anverso de la idea privatizadora, de tan gratas resonancias para los neoliberales.

Tercera evidencia: el derecho a una vivienda digna, no sólo es un principio constitucional casi olvidado bajo la hojarasca leguleya, sino un derecho humano básico. Así parece que lo han entendido, por delante de los políticos, algunos jueces haciendo honor a vieja técnica legal de estar atentos a la realidad social sobre la que deben actuar. La Ley Hipotecaria, promulgada para una sociedad de la que nos separa más de un siglo, no puede ser una norma de hierro a aplicar sin más. Pero cuando se ha producido esa saludable, aunque parcial y tardía reacción de una parte de la judicatura, ya estamos enfilando al parecer sin remedio al medio millón de familias expulsadas o en riesgo de serlo de sus viviendas sin alternativas.

A estas tres evidencias hay que añadir el coste oneroso e irrecuperable que representa, para las entidades financieras (y de paso para erosionar aún más las cuentas de resultados que debemos soportar entre todos) el mantenimiento ocioso y degradado de ese inmenso parque inmobiliario vacío, y además con costes de mantenimiento, y vigilancia para evitar saqueos, a veces en urbanizaciones inacabadas.

Para darle una salida a todo este caótico panorama se pone en marcha lo que se ha venido en llamar “banco malo”, Agencia Estatal de Liquidación de Activos. Lo cierto es que se trata de un atajo que resultará otra ruina añadida. Se pasarán a esta Agencia, procedentes de los balances bancarios, aquellos inmuebles calificados como activos tóxicos. Su valoración, a la baja como ha ocurrido en similares circunstancias en otros países, sólo podrá beneficiar a los inversores oportunistas, nacionales e internacionales. Y de

esa valoración depreciada se derivarán sin duda cuantiosos beneficios, otra vez en manos de los especuladores. Es decir, privatizaremos las ganancias tras haber, una vez más, socializado las pérdidas de unas tramposas y ruinosas gestiones bancarias, y algo más.

Por si todo esto fuese poco los anteriores propietarios de esas viviendas, despojados de todos sus recursos y patrimonio, arrastrarán por mor de esa antigua Ley Hipotecaria, de forma vitalicia y con intereses de demora a nivel de usura, la carga de unas viviendas de las que fueron despojados.

UNA PROPUESTA RAZONABLE

Trataré de simplificar en líneas generales mi propuesta, ya esbozada hace más de un año.

a) Cuando se demuestre que el impago hipotecario ha sido debido a unas circunstancias sobrevenidas, que han superado de forma evidente la buena fe contractual del hipotecado, se articulará la salida prevista en la Ley aunque lo fue de forma excepcional en su origen: la dación en pago del inmueble. Éste pasaría a ser de titularidad de la entidad financiera a todos los efectos legales y la deuda, con este mecanismo, quedaría anulada.

b) En negociación a tres bandas, es decir prestatario, prestamista y el Estado por medio de sus Agencias de mediación (representación del Banco de España, en su calidad de supervisor, o alguna de las instancias de reciente creación como la de Alquiler o la mencionada de Liquidación de Activos), se fijarían una condiciones razonables de alquiler social, en primera instancia a los desahuciados o, como alternativa, a familias en demanda de vivienda en alquiler de los anteriores desalojos. El alquiler debería estar gestionado por la Agencia Estatal de Alquiler para evitar en lo posible los problemas. Como es lógico el importe neto del alquiler se destinaría a la entidad bancaria o a quien detente la titularidad inmobiliaria.

Con este mecanismo se obtienen las siguientes ventajas:

1) Los desahuciados tienen una buena oportunidad, si han actuado de buena fe, de seguir viviendo en su hogar a cambio de un alquiler social razonable. Pierden la propiedad, pero ese era el riesgo menor. En el peor de los casos existiría una oportunidad de reposición para otra familia anterior en similares circunstancias de desalojo.

2) Las entidades financieras, o la Agencia constituida como banco para asumir esos inmuebles (y por lo mismo en su sustitución) reciben un interés por el capital inmobiliario, evitando la subasta. Equivale al riesgo estatal derivado de los fallos en la vigilancia y control bancario.

3) Se cambia de raíz el paradigma de propiedad inmobiliaria, como única forma de vivienda, por la forma extensiva de alquiler, más dinámica, en todos los aspectos, y equiparada al estándar europeo.

4) Se evita el ciclo continuista de especulación inmobiliaria, ahora en manos de muy posibles oportunistas que no garantizan en ningún caso la puesta en circulación en forma de alquiler y menos a precio social. La anunciada sangría fiscal que supone el que los inversores extranjeros del banco malo obtendrán ventajosos beneficios fiscales, puede ser conjurada o al menos controlada en su dimensión.

Hay un peligroso asunto no mencionado en estas notas. Los doscientos millones de metros cuadrados, inicialmente destinados a la especulación urbanística (ahora abortada, al menos temporalmente) que han quedado evidenciados el Exposuelo (foro celebrado en Madrid recientemente) no podrán ser desarrollados nunca, con lo que 50.000 millones ya se pueden dar por perdidos de forma definitiva como inversión especulativa. Ese lastre va a pesar y mucho. Nos podemos legítimamente preguntar ¿se ha abandonado de forma casi definitiva en España la posibilidad de una explotación racional, ecológica, rentable y vital para nuestra economía presente, y sobre todo futura, en energías renovables? Apuntábamos como una verdadera potencia mundial en ese campo vital para la supervivencia de la humanidad y ahora parece que se han enterrado todos los proyectos bajo siete llaves con el signo inevitable de las gaviotas carroñeras.

Nota de la Memoria Viva: Las imagenes son inicitiva de nuestra edición.

Otro analisis de Luis Bilbao Larrondo (Historiador) en : http://www.otxarkoaga.com/afo/2011/10/28/etxebizitza-vivienda/ en cuyas páginas he recogido la fotografía de José Luis de Arrese.

PUBLICADO EN

http://lamemoriaviva.wordpress.com/2012/11/06/propuesta-de-cambio-de-paradigma-en-viviendas-en-espana/

hipoteka legea / la ley hipotecaria

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consecuenas de la crisis

Europa ve ilegal la norma española de desahucios por no garantizar la protección de los usuarios

La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE ha hecho público hoy mismo un informe en el que detalla la posición de Bruselas

La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado hoy que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.
El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca. El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.
En sus conclusiones presentadas hoy, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en el derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los estados miembros establecer las modalidades procesales. No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas.
En este sentido, la abogada general estima que “la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue”. “No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios”, resalta Kokott.
Al contrario, la norma europea exige “que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa”.
La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación. El dictamen de la abogada general no tiene carácter vinculante, pero el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior.

el correo

ikasleentzako etxebizitzak / viviendas para estudiantes

Viviendas Municipales de Bilbao entrega las llaves de diez pisos de alquiler compartido a universitarios “solidarios”


Los 26 estudiantes beneficiados deberán participar en proyectos comunitarios en Otxarkoaga y Bilbao la Vieja

Como contrapartida, los 26 alumnos beneficiados con la iniciativa deberán colaborar en proyectos comunitarios y en el apoyo a colectivos vulnerables en los barrios objetivo del proyecto: Otxarkoaga y Bilbao La Vieja.

En un acto en la Plaza Corazón de María, que alberga cuatro de los pisos, el director general de Viviendas Municipales, Marcos Muro, ha recordado que la edición de este año es la tercera del programa “Jóvenes solidarios”, puesta en marcha por Viviendas Municipales en colaboración con la UPV-EHU y con los agentes sociales de los barrios de Otxarkoaga y Bilbao La Vieja.

Según ha dicho, se trata de jóvenes que “vienen de toda la cornisa cantábrica”, además de “algún estadounidense, del pueblo saharaui…”. Muro ha afirmado que lo que se busca es que “la gente que pueda estar en estos momentos haciendo un máster, joven, menor de 25 años, pueda participar en este programa de jóvenes solidarios”.

“EXPERIENCIA MUY POSITIVA”

“De ellos y de nosotros -ha dicho- va a depender el éxito del programa, para que en próximos años pueda continuar” y ha asegurado que la experiencia de estas dos ediciones ha sido “muy positiva” tanto desde el punto de vista de la Universidad como de Viviendas Municipales, mientras que los jóvenes y las entidades que han participado en el proyecto “también han estado encantados”.

Por su parte, el vicerrector de la UPV-EHU, Carmelo Garitaonandia, presente también en la entrega de llaves, ha dicho que la universidad está “muy agradecida al Ayuntamiento por poner en marcha con nosotros este Plan de Vivienda solidario para jóvenes que permite a 26 estudiantes de postgrado “tener una vivienda por 50 euros más los gastos de comunidad, electricidad, agua, etc”. Según ha recordado, el estudiante se compromete a prestaciones con el barrio, del tipo de organización de la comunidad o actividades culturales.

Ha dicho esperar que la iniciativa “siga años posteriores y sobre todo que se amplíe años posteriores esta colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad del País Vasco.

Garitaonandia ha indicado que han sido unos 60 los estudiantes apuntados, que cursan máster, tanto de Humanidades como de Ciencias Experimentales y Técnicas, y que una “parte importante” de los ellos provienen de máster de Cooperación al Desarrollo y de Relaciones Internacionales y cuentan con una“importante experiencia” en trabajo de Cooperación al Desarrollo o Sostenibilidad.

Por su parte,  Marcos Muro ha indicado que, “una vez conocidos los perfiles”, se está trabajando con las entidades colaboradoras para “ver el tipo de proyecto y de trabajo donde ellos van a poder participar”.

Una estudiante italiana beneficiada con el piso, ha asegurado que el programa de pisos para “jóvenes solidarios” le parece “superbuena experiencia y una oportunidad muy grande”“Para mí que soy italiana, mayor”, ha dicho, en la medida en que permite “conocer una ciudad a través del trabajo social”.

De las diez viviendas ofertadas para el presente curso 2012-2013, seis están ubicadas en la calle Txotena de Otxarkoaga y serán ocupados por 14 jóvenes en régimen de alquiler compartido, al igual que el curso pasado.

Los cuatro pisos restantes se encuentran en la Plaza Corazón de María, en los que se alojarán 12 universitarios. Los estudiantes, además del precio simbólico del alquiler, compartirán los gastos de luz y agua. Las personas inquilinas disfrutarán de una habitación individual en unas viviendas perfectamente acondicionadas y con cocina completa y mobiliario básico.

La contrapartida exigida para disfrutar de las condiciones ventajosas del programa es el compromiso de colaboración con los planes municipales de intervención socio-comunitaria en el barrio, como es el Plan “Imagina Otxarkoaga” y el Plan “Imagina tu barrio”, orientados fundamentalmente a mejorar la convivencia en el barrio y a dinamizar su tejido social.

Durante la última edición, los jóvenes han colaborado activamente con las asociaciones de los barrios en actividades como taller de ajedrez para niños y jóvenes, taller de baile para mujeres, huertos urbanos, taller de yoga, participación en los grupos scouts del barrio, colaboración con asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, apoyo a programas de Osakidetza, fomento del deporte, colaboración con medios de comunicación del barrio y clases de apoyo de euskera para padres y madres.

MENORES DE 35 AÑOS

Para poder acceder al Programa “Viviendas Municipales de Bilbao para Jóvenes Solidarios” es necesario estar matriculado en alguno de los títulos de postgrado de la UPV/EHU y tener menos de 35 años. La elección de los 26 inquilinos para este curso se ha llevado a cabo mediante un cuestionario en el que se valoraba la experiencia de participación social y una entrevista personal.

Medio centenar de estudiantes han solicitado participar en el programa en este curso. El programa cumple, según sus responsables, múltiples objetivos públicos y sociales como son la revitalización y rejuvenecimiento de los barrios de Otxarkoaga y Bilbao La Vieja; la complementariedad de la formación universitaria con la responsabilidad comunitaria y social; y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, uno de los colectivos de atención preferente deViviendas Municipales, y en concreto a estudiantes.

Europa press

otxarkoaga.com

etxebizitza / vivienda

 

PUBLICADO EN EL CORREO 2012/10/ 14

El debate: desahucios y pisos vacíos

El mercado de la vivienda está parado aunque los precios se hunden, en Euskadi hay casi 60.000 pisos vacíos y, sin embargo, los desahucios se disparan. ¿Hasta cuándo persistirá esta situación?

PSE: Los Socialistas creemos que estamos ante uno de los peores dramas que está causando la crisis. Recientemente la Vice Lehendakari, Idoia Mendia, y el Portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, mantuvieron un encuentro con miembros de la plataforma Stop Desahucios en el que los afectados trasladaron sus propuestas y les explicamos las medidas que venimos desarrollando para combatir esta situación. Estamos convencidos de que hay que continuar la labor desarrollada por el Servicio de Mediación Hipotecaria puesto en marcha por el Gobierno Vasco para evitar los desahucios y los juicios hipotecarios, siempre en coordinación con Kontsumobide y el Departamento de Vivienda. Además, impulsaremos una moratoria legal para que los propietarios de vivienda en desempleo puedan aplazar el pago de la hipoteca mientras dure sus situación de paro. También apostamos por programas y medidas fiscales que convenzan a quienes tengan viviendas desocupadas a darles uso. Por último, esperamos que finalice su tramitación con éxito el Proyecto de Ley presentado por el Grupo Socialista en el Congreso para evitar más desahucios.
PP: Son varias preguntas en una. Las personas que como consecuencia de la crisis corren el riesgo de perder sus viviendas, merecen todo el apoyo de las administraciones. Los códigos de buenas prácticas y otras medidas adoptadas por el gobierno de España y el ejecutivo vasco deben contribuir a solucionar los casos más graves. La reactivación del mercado de la vivienda es otra cuestión. Depende de la recuperación económica y la creación de empleo y también de la confianza de los compradores en el futuro y su capacidad para hacer frente a los pagos. Solo cuando las familias son optimistas respecto al porvenir afrontan inversiones a 30 o 35 años.
EH Bildu: Es indispensable una Ley de Vivienda. Por un lado, que defina la vivienda vacía y establezca un canon por el no cumplimiento de la función social al que esa vivienda debía estar destinada. A su vez, habilite formulas de disposición de la vivienda intermedias entre el alquiler y la propiedad como es la “cesión de uso”, ya puesta en práctica en otros lugares de Europa (modelo Andel Dinamarca). Y por último, establezca los requisitos para que una persona pueda demandar a la administración el disfrute de una vivienda. Por otro lado, es necesaria una exigencia ética a las entidades financieras que actúan con la administración. Por ejemplo, obligándoles a aceptar las propuestas de intermediación para evitar desahucios, o firmando acuerdos para que dispongan las viviendas vacías que poseen en programas públicos de alquiler social.
Ezker Batua-Berdeak: Los desahucios continuarán disparándose hasta que se constituya (en el ámbito del Estado) una respuesta ciudadana seria y firme que demande sin rebajas ni paliativos la “dación en pago” retroactiva, para empezar, y la no aceptación del desahucio (por deudas a los bancos) sin otra alternativa, por ejemplo, alquileres temporales de bajo coste y subvencionados. Pero todo esto lo tendrá que hacer la sociedad civil. Los grandes partidos PP y PSOE (y, al parecer, otros) no están interesados en apoyarlo porque los bancos no se lo permiten. Cuando Ezker Batua Berdeak estuvo gestionando el Departamento de Vivienda lanzó iniciativas eficaces de alquiler subvencionado y garantizado de la vivienda vacía en el ámbito de nuestra comunidad.
Ezker Anitza-IU: Hemos denunciado que tengamos un país “con casas sin gente y con gente sin casa”. Ezker Anitza IU ha exigido una ley que garantice el derecho a la vivienda y ha propuesto la paralización de todos los desahucios de primera vivienda por impago de hipotecas a bancos y cajas de ahorro hasta que se garantice el derecho a la vivienda a toda la ciudadanía. Además ha propuesto la creación de un parque público de viviendas en alquiler social con los stocks actualmente detentados por la Banca y los promotores, viviendas que serían adquiridos por las Administraciones Públicas a precio de coste.
UPyD: Es necesario una ley de vivienda para el País Vasco. E incentivar la actividad económica para crear empleo y salir de la situación en la que nos encontramos. Defendemos la modificación de la ley hipotecaria para introducir la dación en pago y que sea imposible el desahucio por parte de entidades financieras que se hayan acogido a ayudas públicas. Y facilitar a los desahuciados ayudas sociales.