Otxarkoaga

Published Febrero 26th, 2009 by erlantx

Más de 200 bilbaínos han denunciado posibles fraudes en las ayudas sociales

Estas quejas originan uno de cada tres expedientes de la unidad de Inspección .

Las denuncias de ciudadanos por fraude en el cobro de ayudas sociales se han multiplicado tras la puesta en marcha de un negociado específico de Inspección y Control en el Ayuntamiento de Bilbao. En sus primeros meses de funcionamiento, entre marzo y diciembre de 2008, esta unidad ha abierto 671 expedientes, y uno de cada tres tiene su origen en la denuncia de un particular. El resto de los casos investigados parten de las sospechas de los propios trabajadores sociales y de otros organismos, especialmente la Policía Municipal.

Con este negociado se han reforzado las tareas de seguimiento que ya realizaba el área de Acción Social. El objetivo es «mejorar la calidad de las políticas sociales y también su imagen», afirma el concejal delegado, Ricardo Barkala. La mayoría de las personas que cobran estas prestaciones -12.241 familias perciben la renta básica y 7.422 las ayudas de emergencia- «realmente lo necesitan», subraya. «Pero hay una minoría que nos engaña y mancha la imagen del conjunto».

Sospechas infundadas

De los 671 expedientes de esta primera etapa, 183 todavía se están investigando y 187 se han cerrado al no detectar ninguna irregularidad. En la mitad de los casos -301-, se ha demostrado que los perceptores tenían ingresos no declarados o mentían sobre la unidad de convivencia, los engaños más habituales. Las denuncias ciudadanas han crecido «de forma exponencial» al constatar el refuerzo de los mecanismos de control. En 2008 se presentaron 225 avisos y en lo que va de año, otros 43.

Algunos llegan por teléfono o por e-mail, y la mayoría se presentan en el registro del Ayuntamiento. Siempre van identificados -no se aceptan anónimos- y la mayoría con «mucha información». Proceden de gente «muy próxima» a los presuntos infractores, que está al tanto de sus movimientos. La alerta es una forma de reaccionar ante injusticias flagrantes, pero a veces obedece a propósitos menos nobles. «Muchos de los que denuncian son latinoamericanos», explica el edil. «Gente que ha venido a trabajar honradamente y se siente perjudicada por los abusos de otros». Pero también hay ex parejas y familiares que ventilan sus rencillas y ciudadanos «predispuestos», por lo que el área sigue un protocolo para comprobar los datos.

En un tercio de los casos, las sospechas resultan ser infundadas. El resto de las denuncias de particulares ha dado como resultado 74 suspensiones cautelares de la renta básica, 12 modificaciones de su importe y 32 denegaciones de ayudas de emergencia, además de otras intervenciones, algunas con menores, sin relación con asuntos económicos. Las bases de San Francisco, Casco Viejo y Deusto son las que más quejas reciben, y entre los presuntos infractores hay un 70% de inmigrantes -91 latinoamericanos y 57 africanos-. Al mismo tiempo, el área de Acción Social prosigue con las revisiones de oficio. El año pasado propuso a la Diputación 1.118 suspensiones cautelares de la renta básica y 727 suspensiones temporales, al detectar indicios de que los beneficiarios han perdido el derecho a cobrar las ayudas.

Elcorreodigital

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