Las operadoras de telefonía móvil reclamarán la devolución de las cantidades pagadas a los más de 1.600 ayuntamientos que les han liquidado desde 2008 la tasa del 1,5% de sus ingresos por las 60.000 antenas que tienen colocadas en azoteas y otras áreas urbanas, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que invalida esa tasa.

El Tribunal de Luxemburgo ha dictado una sentencia en la que afirma que las localidades de Tudela (Navarra), Santa Amalia y Torremayor (ambas en Badajoz) no tenían derecho a imponer tasas por el uso de antenas y redes a ni a Vodafone y France Telecom (Orange).

Aunque la sentencia se refiere a esas tres localidades, los servicios jurídicos de las tres operadoras —las dos citadas y Telefónica— entienden que el fallo afecta a todos los ayuntamientos que cobran esa tasa, ya que la doctrina de los jueces de Luxemburgo deja claro que “la legislación comunitaria no permite a los Estados miembros imponer un canon a los operadores que, sin ser propietarios de las infraestructuras, las utilizan para la prestación de servicios de telefonía móvil”.

Según la sentencia, esa tasa solo puede imponerse al titular de dichos derechos, es decir, al propietario del edificio donde están instaladas las infraestructuras peor no a los operadores que son simples usuarios de las mismas y pagan un alquiler a los dueños.

Telefónica, Vodafone y Orange han hecho frente común desde el principio en los tribunales con la llamada «tasa de aprovechamiento especial del dominio público local», que pagan también otras compañías de telefonía fija o las eléctricas.

Las tres compañías se han negado a pagar los recibos en la mayor parte de los casos y han recurrido el gravamen ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de las distintas localidades. En su lugar han depositado avales hasta que se sustancie el proceso judicial, que ahora pretenden recuperar.

Entre los municipios que han liquidado la tasa están Madrid, Barcelona, Sevilla, Zamora, Logroño, Córdoba, Murcia, Vitoria, Badalona, Elche, Oviedo, Alcalá de Henares, Cartagena, Móstoles, Sabadell y Terrassa. Curiosamente, muchos de esos municipios se niegan a dar permisos para colocar nuevas antenas, según las quejas de Redtel, la asociación que agrupa a las operadoras.

Los ayuntamientos estiman que recaudan alrededor de 270 millones anuales por este concepto, aunque no hay ningún dato oficial sobre el mismo. La tasa se cobra en cuatro plazos trimestrales teniendo en cuenta el número de abonados y el ingreso medio por abonado de cada compañía. Como quiera que estas no facilitan a los municipios las cifras al estimar que no tienen competencias para recabar esta información, las entidades locales hacen sus estimaciones tomando como referencia los datos facilitados por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.