Stop Desahucios se desmarca «completamente» de los escraches tras hablar con Basagoiti

La legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a las cláusulas abusivas en las hipotecas

BRUSELAS.  La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que dictamina que los procesos de ejecución hipotecaria en España contravienen la norma europea de protección al consumidor ha abierto la puerta a que los jueces intervengan en el procedimiento y puedan parar los desahucios en determinadas circunstancias.

Aunque se esperaba un fallo de la corte de Luxemburgo en este sentido, la confirmación oficial ha irrumpido de lleno en el debate sobre la reforma de algunos aspectos de la legislación hipotecaria española y el alcance de la misma, una tarea que ya habían comenzado el Gobierno y el Parlamento.

La legislación nacional vigente impide a un juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución que se ha iniciado por otra vía.

Si finalmente el juez declara nula alguna cláusula de un contrato por considerarla abusiva, su decisión solo protege al consumidor a posteriori, mediante una indemnización, cuando ya ha perdido su vivienda.

Para la justicia europea este procedimiento menoscaba la efectividad de la protección de los consumidores, mientras que la indemnización que se pudiera recibir es «incompleta e insuficiente, y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de esas cláusulas».

Tras la decisión del tribunal europeo España tiene que modificar algunos aspectos de su legislación, una tarea que ya estaba iniciada a través de los proyectos de ley sobre protección a deudores hipotecarios y de paralización de desahucios y que el PP, que tiene una holgada mayoría absoluta en el Congreso, decidió parar a la espera de esta sentencia.

Según ha dicho esta mañana el portavoz parlamentario de los populares, Alfonso Alonso, el fallo no cuestiona el sistema de ejecución hipotecaria en su conjunto y para adaptar la legislación nacional a lo estipulado por Bruselas se van a utilizar los proyectos en marcha, para los que se va a pedir una ampliación del plazo de enmiendas.

Las enmiendas que se han presentado hasta ahora modifican diversas leyes, entre ellas la de Enjuiciamiento Criminal, una norma que según el juez que elevó el caso al Tribunal de la UE, José María Fernández Seijo, será necesario modificar.

Fernández Seijo ha destacado en una entrevista con Efe que a partir de ahora los jueces podrán tutelar de oficio los procesos de ejecución hipotecaria, lo que permitirá dar protección a los consumidores y detener un desahucio si se observan cláusulas abusivas.

Asimismo, el experto en derecho registral y mercantil, Fernando Pedro Méndez González, ha explicado a Efe que el hecho de que un juez pueda intervenir de oficio tendrá consecuencias adicionales a los procesos judiciales.

A su juicio, desde ahora las entidades financieras tendrán que ser mucho más cuidadosas a la hora de redactar los contratos hipotecarios y habrá un mayor nivel de negociación entre deudor y acreedor en las ejecuciones en marcha, aunque, en su opinión, la clave será diseñar trámites rápidos que permitan examinar si existen cláusulas abusivas.

En el lado negativo, Méndez ha señalado que es muy posible que se produzca una aumento de los tipos de interés que se pagan por las hipotecas.

El sector financiero ha reaccionado con cautela a la decisión de Luxemburgo. La Asociación Española de Banca (AEB) ha indicado que la sentencia es «razonable y constructiva» y ha indicado que de cara al futuro «se trata de cumplir este dictamen y de interpretarlo en la misma línea», es decir, «en los términos razonables y constructivos en los que se expresa el alto tribunal europeo sobre esta materia».

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha señalado que el fallo constituye «una aportación en el perfeccionamiento» de la legislación hipotecaria nacional y ha mostrado su disposición a colaborar con el Gobierno y el Congreso para implantar las reformas normativas que permitan una aplicación «razonable» de dicha sentencia.

Trabajadores del Consistorio de Bilbao piden no ser empleados en desahucios

BILBAO. El Consistorio bilbaino ha difundido una declaración institucional en tal sentido, suscrita por las formaciones políticas representadas en el Ayuntamiento (PNV, PP, Bildu y PSE-EE) y por el alcalde de la ciudad, Iñaki Azkuna, después de que ayer un hombre, José Antonio D.G., de 50 años, se suicidase en Bilbao cuando iba a ser desahuciado.

El fallecido se tiró ayer sobre las diez de la mañana por una de las ventanas del piso de alquiler en la que vivía, en el número 2 de la calle Txakolin de Ibarrekolanda, cuando una comitiva judicial iba a desahuciarle por el impago del alquiler.

En la citada declaración institucional, el Ayuntamiento de Bilbao transmite a los familiares y allegados del fallecido «la consternación y dolor» por esta muerte.

También se compromete a actuar en casos de desahucios a través de sus servicios sociales, viviendas municipales y equipos de intervención psicológica para atender «las situaciones que se puedan producir y prevenir casos de riesgo».

El Ayuntamiento de Bilbao ofrece los servicios municipales con el fin de «colaborar con los entornos familiares y personales para prevenir estas situaciones de riesgo vital», según indica el texto.

El Consistorio bilbaino muestra, asimismo, su disposición a colaborar y articular fórmulas junto con el ámbito judicial para intentar prevenir las situaciones de riesgo.

En su opinión, las instituciones y organizaciones públicas y privadas y el conjunto de la sociedad deben comprometerse para atajar «la realidad de los desahucios» y sus consecuencias para las personas y familias más vulnerables.

Según señala en la declaración, «todas las personas deben tener garantizadas unas condiciones de vida justas y dignas, garantizando el derecho a la vivienda».