Un desagüe fecal en el ayuntamiento de Bilbao
A la muerte del banquero Emilio Botín escribía Julia Pérez en Público digital que este santanderino “pasa a la historia judicial por haber dado su nombre a una doctrina. Nunca fue juzgado y cuidó en especial sus relaciones con los poderosos… o con los que podrían serlo algún día. Emilio Botín pasará a la historia judicial como el banquero que consiguió una doctrina jurídica propia: la doctrina Botín, con la que el Supremo cambió en 2007 su criterio de décadas sobre la acción popular y el banquero eludió así ir a juicio. Contrató a los mejores despachos de abogados para eludir acciones judiciales que le salpicaron a lo largo de la vida”.
Construcciones Panera arrastra consigo un largo contencioso con el ayuntamiento y vecinos de Bilbao. La causa un solar en Uribarri, ascensores de la calle Zumaia, parcela 55 de la autovía y volumen de edificabilidad. Lleva más de cuatro décadas rodeado de pleitos, de recusaciones, sentencias y apelaciones entre la empresa, los vecinos del entorno y el Ayuntamiento bilbaino y viene causando grandes dolores de cabeza y también graves perjuicios económicos a los vecinos de Bilbao y al ayuntamiento.
Si se le hinca el diente con seriedad y se analiza el problema con detalle la cuestión es sencilla aunque, eso sí, el asunto huele a podrido. Y, aunque tarde, es hora de que el Ayuntamiento por el bien de los bilbaínos se tome en serio el caso y resuelva definitivamente el doloroso problema.
Construcciones Panera tenía en el barrio de Uribarri la finca registral 20.744 de 20.616 m2. Y ocurre que el MOPU en 1966 proyectó y financió la autovía “Solución Norte” de acceso a Bilbao, y en el plano parcelario nº 4 del proyecto se refleja la expropiación a realizar de unos terrenos, entre otros la parcela 55 de 5.000 m2, que corresponde a la 30.486 de Panera y Socios, que está dentro de esa 20.744. El Boletín Oficial de Bizkaia (BOB) de fecha 17.7.1968 enumera a los afectados por la expropiación de la autovía, donde aparece Panera y Socios con la parcela 55, es decir la 30.486 dentro de la 20.744. Y el Ayuntamiento de Bilbao se encarga de la expropiación forzosa.
Pero ocurre que todas las parcelas fueron expropiadas por el Ayuntamiento excepto la parcela 55 de Panera y socios, y sobre ellas se construyeron los viales y carreteras actuales: se ocupó pero no se expropió. Es decir, la finca 55 (la 30.486 de la 20.744) desde entonces es una carretera pública propiedad del ayuntamiento, pero sigue registrada a nombre de Panera. ¿Por qué no lo ha registrado el Ayuntamiento en 40 años? ¿Por abandono, cazo, prevaricación…? A medida que se revela la postura del Ayuntamiento surge con fuerza la sospecha de que se hizo de manera consciente y que alguien se llevó tajada.
Panera ha seguido jugando con esos 5000 metros -que un día los tuvo pero que ahora no los tiene porque son viales- para reclamar al Ayuntamiento un volumen de edificabilidad que no tiene. El Ayuntamiento debiera haber subsanado su error y haber registrado a su nombre la finca, pública por ser vial. Hoy Panera reclama al Ayuntamiento ante el juzgado 18 millones de euros por unos metros que no tiene, por una finca que dejó de ser suya en 1968.
Tenemos un Ayuntamiento al que le flojean los remos y que resulta de especial gravedad por estar al mando de él una persona versada y entendida en urbanismo, el arquitecto Ibón Areso. La defensa llevada a cabo a lo largo de los años por el Ayuntamiento en contra de las pretensiones del Construcciones Panera y en defensa de los intereses comunes, de los vecinos y arcas municipales, deja mucho que desear. ¿Cómo es posible que en cuarenta años no se haya subsanado aquel error por tildarlo con palabra benigna y soslayar sospecha más grave? ¿Por qué no se ha opuesto el Ayuntamiento a que Panera siga aportando a los contenciosos la finca registral 30.486, que ya no es suya, que esta ocupada por un vial público y es del ayuntamiento –a pesar de seguir todavía registrada como de Panera por dejación grave del Ayuntamiento- y que se corresponde con la parcela 55 de la autovía?
A lo largo del examen de los documentos existentes habría que destacar el intento de solución por parte de dos alcaldes: El Sr. Robles y el Sr. Gorordo, y por un concejal bregado en el tema, que ha dejado su huella en el expediente: Tasio Erkizia de Herri Batasuna. Pero quienes se llevan la palma por la claridad analítica del desaguisado, la exposición detallada del tema, el seguimiento preciso a través de los años y la bravura de su trabajo y constancia son los vecinos de las casas de Tomas Zubiría e Ibarra, gravemente afectados y castigados por el abandono, desidia –y quizá algo más- de un Ayuntamiento, que ha hecho dejación de sus obligaciones, vecinos a cuyo frente se halla el trabajo persistente, pelma y masticado con detalle de Fernando Sanz y Fernando Mendi. Ellos si se merecen el reconocimiento de los ciudadanos de Bilbao y el aplauso serio de un ayuntamiento por defender el interés público más que el propio Ayuntamiento.
Hoy, que el tema sigue sobre la mesa, se exige al alcalde, a los ediles de los diversos partidos y a los funcionarios del área de urbanismo, hacienda y asesoría jurídica que demuestren profesionalidad y se alejen de toda sospecha de compadreo e intereses espúreos. Las respuestas dadas por las tres áreas a las preguntas formuladas en un pleno de Bilbao son ejemplo de falta de esmero profesional, adolecen de conocimiento y estudio del tema, salvo que se recurra a la sumisión y al amén a otros intereses. Sobre todo de Bildu espera la ciudadanía empeño y esmero en la solución definitiva y en la defensa de los vecinos y de los intereses públicos.
Mikel Arizaleta