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DEIA

 2012/06/26

Los pisos sociales se abren a los desahuciados

 Las familias de Bilbao que hayan perdido su piso podrán acceder a las viviendas municipales

El Ayuntamiento apuesta por eliminar el sistema de sorteo y primar las necesidades de los solicitantes

Una familia accede a su vivienda de alquiler social en una de las promociones de años anteriores.

Una familia accede a su vivienda de alquiler social en una de las promociones de años anteriores. (David de Haro)

El Ayuntamiento de Bilbao permitirá a los desahuciados acceder a una vivienda social en alquiler, para cuya adjudicación quiere también eliminar el sistema de sorteo y elegir, para cada solicitante, el piso que más se adecue a sus necesidades. Son las principales novedades que el equipo municipal ha planteado para modificar el reglamento de Viviendas Municipales, que incluirá también las aportaciones del resto de los grupos políticos y los vecinos. El nuevo sistema de adjudicación podría estar en vigor el próximo año.

Según explicó ayer el concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, y presidente también de Viviendas Municipales, Ricardo Barkala, la entidad quiere adecuarse a la realidad actual y a las nuevas necesidades que han surgido debido a la crisis. «Este nuevo reglamento pretende afrontar la situación de crisis que vivimos en la ciudad; no puede ser ajeno a ella», advirtió el concejal. Barkala citó, entre los nuevos retos a los que tiene que hacer frente, «el incremento tan dramático del paro que estamos teniendo, la mala situación que está atravesando el comercio y la problemática que están sufriendo muchas familias derivada de la reducción de los ingresos familiares, como los desahucios». Para ello, han planteado introducir en el reglamento de Viviendas Municipales tres nuevas líneas de actuación: favorecer la adjudicación a las personas que más lo necesitan, dinamizar el alquiler de lonjas a emprendedores y atender a los afectados por los desahucios.

Uno de las principales novedades es la intención, por parte del equipo municipal, de que las personas que hayan sido desahuciadas de sus viviendas por impago de la renta puedan optar a un piso de alquiler social, algo que hasta ahora no estaba permitido. Siempre, con una serie de requisitos: un mínimo de residencia de cinco años, no estar inscrito en el registro de morosos y no haber sido desahuciado por otras administraciones públicas. «Queremos apoyar a las familias que llevaban una vida más o menos normalizada y, al quedarse sin ingresos, han perdido su vivienda. ¿Por qué 5 años? Para nosotros una persona que viene a Bilbao, está 2 años viviendo en un piso sin pagar y le echan no es un desahuciado», advirtió Barkala.

El Ayuntamiento quiere también favorecer a este colectivo con otras medidas subsidiarias. «Por ejemplo, en los casos en los que no haya entrado el Gobierno vasco con esas entidades financieras que han firmado el código de buenas prácticas, nosotros también podamos actuar. Incluso, hay algún planteamiento en el sentido de poder optar a un derecho preferente sobre las viviendas», explicó Marcos Murco, director general de Viviendas Municipales.

El nuevo reglamento también pretende eliminar el sistema de sorteo a la hora de adjudicar los pisos y hacerlo adecuando cada vivienda a las necesidades de los solicitantes, que actualmente rondan los 9.200, de los que cada año acceden a un piso unos 140. «Los resultados del sistema de sorteo no han sido valorados satisfactoriamente debido al retraso en la adjudicación y a los resultados, en ocasiones, inapropiados. Por ejemplo, situando a una única persona en pisos de tres habitaciones», admitió Ricardo Barkala. Por ello, se elegirá, para cada demandante, la vivienda que mejor se adapte a sus necesidades. Se hará en la medida de lo posible, ya que desde el Gobierno vasco puede imponerse, por disposición normativa, otro sistema para regular el parque de viviendas.

Mediante este sistema de adjudicación, denominado casación por idoneidad, se tendrán en cuenta diferentes baremos, desde el nivel de ingresos al número de miembros de la unidad familiar, que, en opinión de Marcos Muro, hará casi imposible que dos familias obtengan la misma puntuación. «Son muchos aspectos los que se tienen en cuenta y, en última instancia, está la antigüedad en el registro», explicó.

Preferencia a los jóvenes Este sistema de adjudicación permitirá, además, dar preferencia a los colectivos con mayores necesidades, en especial los menores de 35 años, para los que se reservará el 45% del parque de Viviendas Municipales. «Son los que más difícil tienen el acceso a un piso, porque su nivel de ingresos es menor y porque los bancos no están dando créditos», especificó el concejal. También se primará a las personas que lleven más años empadronados en Bilbao -casi una de cada cuatro viviendas estará reservada para los que hayan cumplido diez-, las familias monoparentales, las víctimas de la violencia machista, los mayores de 70 años y los discapacitados físicos. «Son los colectivos que más necesitan una vivienda, porque son los demandantes más numerosos en nuestras listas», explicó Barkala. Respecto a los colectivos desfavorecidos, el concejal negó que actualmente se dé preferencia a los inmigrantes a la hora de acceder a una vivienda de alquiler social.

El arraigo en los barrios de origen es un aspecto que también quiere fomentar el equipo de gobierno municipal. Para ello, se empezará a aplicar un tratamiento específico a los vecinos que quieran seguir viviendo en su barrio, dándoles prioridad en la adjudicación de estos pisos. «Se valorará el hecho de que sean hijos del barrio que quieran mantener su raíces», destacó el concejal. La experiencia se iniciará en Otxarkoaga -donde se ubica un tercio de las casi 4.000 viviendas y donde existe mayor número de renuncias-, aunque se podrá extender a otras zonas de la villa.

Finalmente, se dará un impulso al mantenimiento de los pisos, obligando a los inquilinos a firmar un compromiso para cuidar de forma adecuada la vivienda, así como que la convivencia con los vecinos sea la más idónea. «Queremos cortar cuanto antes esos problemas de convivencia que unos pocos están teniendo pero molestan a muchas familias e incluso provocan renuncias a una vivienda», advirtió.

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