Al recuperar la presidencia de Metro Bilbao, José Luis Bilbao anunció el 4 de febrero que encargaría un informe de fiscalización del periodo en el que el PSE gestionó el suburbano de la mano de Iñaki Prego, factótum del entonces viceconsejero de Transportes, Ernesto Gasco. Como apuntaban los datos dados a conocer primero desde la oposición y después por el PNV desde el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), quien fue consejero delegado desde febrero de 2010 a diciembre de 2012 contrató por más de un millón de euros proyectos con «nula o limitada» aplicación, además de originar otros gastos elevados en viajes y vehículo de empresa.
En ese documento se recoge que Prego percibió 183.340,65 euros como indemnización y bonus por objetivos al abandonar por decisión propia la dirección ejecutiva el 21 de diciembre de 2012. Esa compensación le será reclamada una vez que el consejo de administración de Metro Bilbao lo acordase el viernes pasado, al estimar que esos conceptos pactados con Gasco son «nulos de pleno derecho».
En una entrevista en la Cadena Ser, el promotor de la reclamación, el propio José Luis Bilbao, advirtió ayer a Prego de que, si no devuelve el dinero, la Diputación acudirá a los tribunales. El diputado general insistió en que la indemnización ni es legal ni está sustentada por los estatutos de la sociedad pública que él preside.
Horas más tardes, a través de un comunicado, Prego advirtió de que emprenderá acciones legales contra quienes cuestionen su honorabilidad en la gestión de Metro Bilbao. Informó de que ha puesto en manos de sus abogados las declaraciones publicadas en distintos medios por si pudieran dar lugar a actuaciones ante los tribunales.
Justificación de gastos
Tras escudriñar las cuentas, el nuevo equipo directivo liderado por el jeltzale Eneko Arruebarrena, con el asesoramiento de la firma J&A Garrigues, ha descubierto que el metropolitano tuvo que desembolsar 250.000 euros para indemnizar a la adjudicataria del servicio de lanzadera Etxebarri-Galdakao, que no llegó a funcionar, y que tuvo que abonar cuantiosas multas a la Diputación por no disponer de permisos.
Considerables son también las facturas en viajes a Chile y Suiza -cuyo objetivo no está justificado claramente- y Brasil, a donde se cursaron cuatro viajes a pesar de que Metro Bilbao no logró ningún contrato. Fueron 147.243,07 euros, de los que 9.137,11 se abonaron por un desplazamiento de Prego a Santiago de Chile veinte días antes de cesar voluntariamente.
Prego dispuso durante esos tres años de un vehículo de alta gama, un BMW Serie 5. Se da la circunstancia de que el directivo no vivía en Bizkaia y, a pesar de su sueldo de alrededor de 140.000 euros anuales, se le pagaban los desplazamientos de casa al trabajo y viceversa, una práctica que no es nueva en algunas empresas públicas.
Tampoco está fundamentado por qué Metro Bilbao invirtió más de un millón de euros en proyectos que finalmente no se aplicaron o lo hicieron de manera muy limitada. A firmas externas se encargaron trabajos de desarrollo organizativo y gestión del cambio, al que iban asociados otros. Esos informes de consultoría no fueron expuestos al comité de dirección ni al consejo de administración a pesar de que se suponía que eran «estratégicos» para la compañía. Tampoco pasan por alto los fiscalizadores que la mayoría de las empresas adjudicatarias no eran vascas, lo que levanta ciertas sospechas.
A este respecto, Bilbao manifestó que si Prego «como consejero delegado tenía autorización legal para incurrir en determinados contratos y gastos, legal es; otra cosa es que eso sea ético, que sea justo, que se deba hacer o que se deba evitar, y en este momento lo vamos a evitar».
