Poco más se conoció de los entresijos del acuerdo, del que aún la diputada vizcaina de Obras Públicas, la jeltzale Itziar Garamendi, no ha dado explicaciones en Juntas Generales, como anunció el mismo día en que se supo de la operación. A lo largo de estas dos semanas han ido transcendiendo a los medios de comunicación algunos datos, a raíz de documentos enviados a los grupos junteros.

De este modo, se ha sabido que el coste de la extinción anticipada de la concesión es de 62,57 millones de euros, aunque no es la cantidad final que deberá afrontar la Diputación hasta que logre abrir un nuevo concurso de licitación de la gestión de los túneles que se atisba complicado, pues la cifra ronda los 65,8 millones de euros. De ellos, alrededor de 61 millones son la deuda viva que mantiene la concesionaria por la inversión realizada -que rondó los 96 millones, aunque 15,3 fueron pagados por Obras Públicas por «incremento de las medidas de seguridad»- y los otros 4,8 millones corresponden al dinero que pagarán las arcas forales a Túneles de Artxanda SA para que se encargue de gestionar la infraestructura hasta abril.

La mayoría de la deuda que asuma la Diputación vizcaina es con el Banco Europeo de Inversiones -37,6 millones de los 40 solicitados en 1999- y otros 20,7 millones con BBK, de los 20,5 que pidió a la Caja en noviembre de 1999. Por cierto, BBK es uno de los socios más importante de Túneles de Artxanda, al disponer directamente del 20% del accionariado, y luego participar también en Itínere, que es el accionista mayoritario de la concesionaria con el 50%; el resto son constructoras.

Ni la mitad de usuarios

La renuncia a la gestión tiene que ver con las pérdidas económicas acumuladas en los ocho años que llevan en servicio los túneles, debido a que en ningún momento se han cumplido las expectativas de usuarios planteadas por los estudios técnicos de la Diputación para justificar la construcción del proyecto. Así, se cifró en 36.000 vehículos anuales, cuando se quedaron en los 15.000 a pesar de la rebaja de las tarifas e incentivos a partir de 2007 para fidelizar a los conductores que transitaban en las galerías de peaje de Ugasko y La Salve al Txorierri.

La situación creada avala la reflexión que hizo la izquierda abertzale respecto a esta infraestructura hace cerca de 15 años. El ex juntero Txema Pico considera que el rescate de la concesión es «la historia de un triple fraude ambiental, económico y social, que ya anunciamos», recordando que el por entonces responsable de Obras Públicas, José Félix Basozabal (PNV), «nos vendió el modelo de concesión como la panacea para las arcas públicas, con frases como `los riesgos de la construcción son para la empresa concesionaria’, `no es una obra de Diputación’ o `las responsabilidades son asignadas a los que realmente tienen responsabilidades’, en relación a la empresa concesionaria».

Lo acontecido ahora es para Pico «un escándalo mayúsculo, con unas consecuencias económicas negativas para toda la ciudadanía debido a la nefasta gestión». «Nos hablaban -rememora el apoderado de EH- en su día de gran acierto, cuando vemos que el que se supone principal objetivo de semejante obra faraónica, la mejora de la movilidad y la descongestión de los accesos de Bilbo, se queda muy lejos de ser cumplida a la vista de los datos de uso, que no llegan ni a la mitad de los previstos, y eso que en los últimos años se vienen aplicando descuentos, eso sí, para intentar paliar -sin conseguirlo- el agujero económico cada vez más grande en el que se estaba convirtiendo, nunca se han aplicado esos descuentos desde una perspectiva de movilidad sostenible».

Desde la izquierda abertzale exige ahora a José Luis Bilbao y a su partido que asuman sus responsabilidades políticas por este «fraude».