El 21 de julio pasado, dentro del programa de los Cursos de Verano de Donostia organizados por EHU-UPV, en el seminario «Modelos e infraestructuras para el tratamiento sostenible de los residuos urbanos», impartió su conferencia titulada «Los bioresiduos como fuente de energía renovable» Xabier Gamendia Martinez, a quien el programa definía así: «Viceconsejería de Tecnología y Desarrollo Industrial. Gobierno Vasco. Portugalete. Bizkaia».

Al día siguiente el diario más vendido en Gipuzkoa ofreció a sus lectores una entrevista con el señor Garmendia bajo el título: «La incineradora es lo más eficiente para la sostenibilidad». El periodista preguntó para empezar: «Si la incineradora es el método para el tratado de residuos con más garantías, ¿por qué suscita controversia entre la ciudadanía?». A lo que el viceconsejero respondió: «Por dos razones. Una, porque hay una falta de conocimiento hacia el tema y lo que se desconoce puede causar recelo, desconfianza, temor. Y dos, porque interviene mucho la credibilidad de las personas e instituciones. Por desgracia en España y en Euskadi hay poca formación científica por parte de la ciudadanía y no hay instituciones científicas que gocen de credibilidad suficiente como para que sus dictámenes sean socialmente aceptados. Por eso, se cree que cuando las instituciones defienden una iniciativa de este tipo, lo hacen interesadamente. Esto hace que determinados ciudadanos le otorguen más credibilidad a un grupo ecologista que a una institución, y no se plantean que quizás éstos también tengan sus propios intereses al defender posturas contrarias a la incineradora».

He ahí una gran cuestión: ¿Tenemos o no los ciudadanos guipuzcoanos motivos para desconfiar de quienes han organizado y gestionan el Plan Integral de Gestion de los Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG)? Lamentablemente, sí.

Para empezar, quien hablaba en el palacio Miramar de Donostia y respondía en la entrevista citada, es, además de viceconsejero (PSE) de Industria del Gobierno Vasco, quien ha dirigido la elaboración del PIGRUG y otros estudios que lo completan. El PIGRUG, documento guía de la gestión de los residuos urbanos de Gipuzkoa hasta 2020 que contempla la construcción de la incineradora de Zubieta, lleva la firma de Xabier Garmendia Martinez, en calidad de director general de la empresa de consultoría Desarrollo Protección Ambiental (DPA, S.L).

Ingeniero Industrial de formación, Garmendia fue parlamentario de Euskadiko Ezkerra entre 1987 y 1991, participando entre otras tareas en la comisión de Ordenación Territorial y Transporte. De 1991 a 1995 fue viceconsejero de Medio Ambiente en último gobierno de Ardanza.

Tras salir del Gobierno Vasco, creó la empresa Neuciclaje, nombre que resulta de fusionar «neumáticos» y «reciclaje». Sabemos, por haberlo afirmado públicamente el propio Garmendia, que en Neuciclaje son socios «las dos principales cementeras del País Vasco y los principales operadores del sector de los neumáticos». El «reciclaje» de los neumáticos significa, en este caso… el quemarlos en los hornos de las cementeras.

Como en su día señaló la militante de Ezker Batua Pilar Barquín y se puede comprobar en las hemerotecas, Xabier Garmendia ha ocupado puestos ejecutivos en Cementos Lemona (consejero delegado), en Neuciclaje y en Cementos Rezola. Tanto Cementos Lemona como Cementos Rezola, así como la incineradora de Bizkaia Zabalgarbi (del cual es vicepresidente Garmendia en la actualidad) figuran entre las empresas más contaminantes en la lista E-PRTR de la Unión Europea, como recientemente informó el diario «Berria».

Las empresas citadas superan y con mucho los topes de contaminación impuestos por la Union Europea, lo cual ya de por sí debería conllevar alguna sanción tanto para las empresas como para sus directivos. Además, en el caso de Zabalgarbi, en junio de 2009 fue motivo de alarma por contaminar su entorno; este hecho grave le acarreó por parte del Gobierno Vasco (en el cual es viceconsejero el vicepresidente de Zabalgarbi) la multa mínima entre las posibles: 30.000 euros.

Por tanto, las personas de Gipuzkoa debemos saber que quien ha diseñado el plan general de residuos que prevé que nosotros y nuestros descendientes seamos los vertederos finales de la quema indiscriminada de residuos es a la vez un cargo político y un empresario que hace negocio precisamente de la incineración. El lector puede informarse de más detalles en el blog «Zeinek erre nahi ditu hondakinak?» (http://erraustu.wordpress.com) del periodista Mikel Peruarena.

A partir de esas certezas, se acumulan las preguntas. ¿Hasta dónde llegan los cruces de intereses entre políticos e industriales en el proyecto de incineradora de Zubieta? ¿Quiénes y a cambio de qué han decidido implantar una solución más cara, más insostenible para el medio ambiente y más nociva para la salud de los ciudadanos, a sabiendas de que existe otro modo más limpio, más económico y más sostenible? ¿Qué cargos políticos, partidos, funcionarios públicos y empresarios están implicados en este escándalo y en cuánto?

No es mi intención dramatizar frívolamente con el tema. Vivo y trabajo, al igual que gran parte de mi familia y amigos, dentro del radio de cinco kilómetros del sitio elegido por la Diputación de Gipuzkoa para construir la incineradora, y si amplío el radio hasta 20 kilómetros alrededor del «punto 0», puedo ver a varios cientos de miles de personas que no merecemos ser inquietadas y exasperadas por falsos alarmismos… pero que sí somos merecedoras de que se nos cuente la verdad. Y la verdad exige preguntar, entre otras personalidades de referencia, al doctor Dominique Belpomme.

El doctor Belpomme, cancerólogo eminente y reconocido en Francia, impartió el 12 de setiembre una conferencia en Hazparne (Lapurdi) dentro de las jornadas sobre Agricultura Biológica organizadas por la asociación Asunak. A finales de octubre, en la ya imprescindible feria anual de agricultura sostenible Lurrama de Baiona, volverá a estar entre nosotros. El leit motiv de Lurrama 2010 es «Elikadura eta Osagarria», la Alimentación y la Salud. Ahí Belpomme, personalidad referente dentro de la Asociación para la Investigación de Terapias Anti-Cancerosas (ARTAC, por sus siglas en francés), tendrá mucho que enseñar sobre la relación entre la contaminación y los cánceres y otras enfermedades.

Belpomme ha sido noticia este verano porque se ha demostrado la veracidad de una denuncia que hace años planteó: en la Isla de Martinica (en las Antillas de posesión francesa) se produce un alarmante aumento de cánceres de próstata a causa de los pesticidas que en sus campos se usan. Cuando Belpomme denunció lo que ocurría, desde muchos ámbitos (entre ellos los grandes medios de comunicación) fue atacado y menospreciado como científico. Y, sin embargo, ahora que la revista científica «Journal of Clinical Oncology» ha convalidado sus resultados, los grandes medios ocultan la noticia de que el doctor tenía razón, que los pesticidas producen cánceres en Martinica. Así controlan la información los lobbies de la gran industria.

La asociación ARTAC, que preside el doctor Belpomme, ofrece en su sitio web www.artac.info importantes informaciones acerca de la relación probada entre contaminación ambiental y cánceres y otras enfermedades. En su apartado «Santé durable» (Salud Sostenible) tiene un capítulo referido a la incineración de residuos urbanos que no tiene desperdicio: «Dioxines-Incinération».

Comienza explicando que las dioxinas son «substancias organocloradas que actúan por dos mecanismos: principalmente, en tanto que promotores, favorecen la estimulación de las células mutadas; pero también, muy probablemente, en calidad de mutágenos, inducen mutaciones desestabilizando el genoma. Esto último, aunque se basa en artículos publicados, todavía es discutido por algunos científicos».

Tras resumir cómo se produce la contaminación por dioxinas y furanos, ARTAC se refiere en estos términos al decreto que en 2002 rebajó en Francia la norma tolerada de dioxina: «En 2008 la gran mayoría de incineradoras de Francia estarán dentro de las normas. Sin embargo, aunque la normas sean respetadas, no protegen contra la aparición de un cáncer. En efecto, y esto vale para el conjunto de los procesos de cancerización, en los productos químicos no es la intensidad de la dosis lo que cuenta, sino la repetición de las dosis, y por tanto la duración de la exposición a los factores de riesgo. Dosis infinitesimales de dioxina (o de otros productos químicos), incluso trazas en el límite de detección, pueden resultar cancerígenas, si esas dosis son repetidas durante un período de tiempo prolongado».

ARTAC no se olvida de que una incineradora de residuos emite además de dioxinas y furanos otras muchas substancias, que engloba en el término de CMR: cancerígenas, mutágenas y reprotóxicas, es decir, generadoras de cánceres, leucemias, malformaciones congénitas y alteraciones del sistema de reproducción. Es por ello que los profesionales de la salud que agrupa ARTAC piden al Estado francés la moratoria para la construcción de nuevas plantas incineradoras.

En 2007 esta petición de moratoria la incluyó como segundo de sus siete puntos la Plataforma Nacional (francesa) del Cuerpo Médico reunida para incidir en el gran debate organizado por el Gobierno de París llamado «Grenelles de l’Environnement», puntos refrendados, además de por ARTAC, por la Confederación de Sindicatos de Médicos Franceses, el Consejo Nacional de la Orden de los Médicos (Colegio de Médicos), la Federación de Médicos de Francia, y otros organismos.

Ésa es la dramática realidad de las «modernas plantas incineradoras que funcionan con las más modernas tecnologías supervisadas por las más exigentes de las normas» que nos quieren vender los promotores del proyecto de Zubieta. Es la triste realidad que a causa del monstruo incinerador llamado Zabalgarbi soportan cada día cientos de miles de personas en Bizkaia. Y es el riesgo que se cierne sobre quienes vivimos hoy y vivirán mañana en Gipuzkoa.

La banca europea se resiste a contribuir a la salida de la crisis. Pese a haber recibido ayudas millonarias desde que estalló la crisis financiera, y a que trabajadores, pensionistas y la sociedad en general ya están cargando, a la fuerza, con el peso de los ajustes y reformas que aplican los gobiernos, las entidades bancarias siguen quedando al margen. Incluso cuando se menciona la posibilidad de que paguen, exponen una serie de argumentos en contra.

La actual crisis económica comenzó con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los estados, desde EEUU hasta los de la Unión Europea, se apresuraron a rescatar a las entidades salpicadas por las hipotecas basura a través de garantías de depósitos o bien directamente de inyecciones de capital que llegaron a nacionalizar grandes bancos. También juega este papel de respaldo a su actividad el Fondo de Reordenación Bancaria -FROB,- del Estado español que ayuda a las fusiones de cajas y, sobre todo, a su conversión en bancos privados. Una ley de cajas hecha a su medida es otro de los regalos de la administración española.

Después llegarían nuevos rescates bajo otras fórmulas, como el plan de apoyo a Grecia impulsado por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como el fondo para respaldar a los estados más endeudados de la Unión. En el fondo, se trataba de garantizar que los bancos, poseedores de los títulos de deuda griegos, españoles o portugueses, vieran asegurado el cobro de los mismos. De paso, la crisis contribuyó a aumentar el tipo de interés de esta deuda y los ingresos de estos bancos.

Eslovaquia discrepa

Pero algunos socios de la Unión Europea no comparten estas urgencias por las ayudas a Grecia. En una entrevista realizada por Efe la semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores eslovaco, Mikulas Dzurinda, volvió a criticar la ayuda financiera concedida al país heleno, tras completarse la transferencia de 9.000 millones de euros del segundo tramo concedido por la eurozona y el FMI. A cambio de estos fondos, impusieron a las autoridades griegas la aplicación del draconiano plan de ahorro que pagan actualmente trabajadores y pensionistas.

«La ayuda financiera a Grecia es un error», señaló en esta entrevista Dzurinda. La ayuda fue aprobada por el anterior Gobierno eslovaco, pero el actual Ejecutivo de Eslovaquia ha desestimado conceder un préstamo bilateral de 800 millones de euros a Grecia. «Estoy seguro de que existían alternativas. La principal cuestión en este sentido es quién gana con la ayuda a Grecia», dijo el ministro. A su juicio, está claro que «los beneficiarios son los bancos comerciales».

«¿A quién ayudamos con la ayuda financiera, a los políticos responsables o irresponsables?. Es un error, sobre todo a largo plazo, porque sostiene a políticos que dejaron que la deuda subiera en 1980 del 25% del producto interior bruto (PIB) hasta el 150%. Es tan fácil ser populista, acrecentar la deuda y comprar votos». El mandatario eslovaco no cree que, por la postura de Bratislava en el caso griego, la Unión Europea (UE) tome medidas de castigo contra su país, ya que «no infringimos ningún acuerdo».

El 31,4% del PIB europeo

Según el gabinete de estudios del sindicato ELA, durante el año 2009 la intervención pública ha supuesto la aprobación de 3,7 billones de euros destinados al sector bancario en los Veintisiete estados de la UE, es decir, el 31,4% de la riqueza generada en toda la Unión el año pasado. En el caso español, calcula que las ayudas ascendieron a 230.000 millones, lo que equivale al 21,9% del PIB.

Aunque no toda esta cantidad se ha hecho efectiva, sí se ha transferido 1,5 billones de euros, el 12,7% del PIB europeo. ELA destaca que, por cada habitante de la UE, la banca ha recibido 3.000 euros, «una cantidad similar al gasto público en sanidad y en educación». Además, el resto sigue disponible para utilizarse en el futuro.

Producto de este gasto en ayudar a la banca ha sido el déficit público que los gobiernos hacen pagar ahora mediante el recorte del gasto público.

Pero si se ha beneficiado de ese esfuerzo social, ¿cómo ha contribuido la banca a este gasto?. Mientras los rescates y recortes del gasto se aprobaron en tiempo récord, un mayor control de los mercados financieros o la aprobación de una tasa a los bancos con la que crear un fondo que financie rescates en caso de nuevas crisis se hacen esperar.

El pasado día 12, los principales bancos centrales mundiales acordaron elevar hasta el 7% las reservas de capital para hacer frente a posibles turbulencias, entre otras medidas, como aumentar su capital básico -el ratio denominado Tier I- y a mantener un mínimo de acciones ordinarias del 4,5% (un 7% en períodos de bonanza).

Pero todas estas medidas todavía deben ser aprobadas por los veinte países más industrializados y, aun así, su plazo de ejecución es muy relajado. No comenzarían a introducirse hasta enero de 2013 y su aplicación total sólo llegaría en 2019, doce años después del estallido de la crisis. de la que fueron responsables los propios bancos.

Botín no quiere pagar

En el Estado español, el presidente del principal grupo bancario, Emilio Botín, ha dado un claro ejemplo de esta resistencia a dejar de ganar dinero y poner su parte.

El máximo mandatario del Grupo Santander aseguró que aplicar un impuesto al sector financiero no es la medida adecuada para evitar que el contribuyente tenga que asumir los costes de la crisis, calificó de inadmisible esa opción, y sostuvo que la tasa obstaculizaría la recuperación.

Durante el discurso que pronunció en la III Conferencia Internacional de Banca, Botín vinculó la buena marcha de su negocio a la de toda la economía, al asegurar que «no hay economía sana sin banca sana», por lo que subrayó que el sector privado y en concreto la banca tienen que tener «un papel clave» en el incipiente proceso de recuperación económica.

Tras indicar que la quiebra de Lehman Brothers fue «el desencadenante de la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión» y admitir que «grandes entidades tuvieron que ser rescatadas por el sector público», consideró que «sólo ahora empezamos a recuperarnos de la recesión más profunda de las últimas décadas».

En su opinión, «ahora el reto es consolidar un crecimiento sostenido, apoyado en un sistema financiero sólido, solvente y eficiente». Alabó la «decidida» actuación de gobiernos y autoridades monetarias hace dos años para hacer frente a la crisis, cuando avales, garantías e inyecciones de capital respaldaron a las entidades financieras ante los riesgos que habían asumido.

A su juicio, esta intervención evitó el desastre, ya que se tomaron importantes medidas que permitieron que «ahora tengamos una economía en recuperación, una banca incluso más solvente que antes de la crisis y un marco regulatorio y supervisor en proceso de ser reforzado». Sin embargo, rechazó una intervención igual de decidida para que la banca pague un impuesto. El argumento básico de las entidades se basa en que una tasa a los bancos retrasaría el crecimiento. A juicio de Botín, ahora, «el reto es consolidar un crecimiento sostenido, apoyado en un sistema financiero sólido, solvente y eficiente». Por eso, dijo que el debate no debe centrarse en gravar a la banca con una tasa especial, sino en tomar las medidas que permitan que el sistema financiero funcione correctamente y que se reduzca la probabilidad de que haya nuevas crisis.

El presidente del grupo Santander, no obstante, sí apoya que los sacrificios sigan recayendo sobre el resto de la población, ya que, en el mismo foro, señaló que «el ajuste presupuestario y la reforma de las pensiones y del mercado de trabajo, junto a la reestructuración del sistema financiero, constituyen la batería de reformas necesarias» para recuperar la confianza en la economía.