LA VIVIENDA EN PROPIEDAD: OTRA HERENCIA DEL FRANQUISMO

Cuando la historia se refiere a la figura del bilbaíno José Luis Arrese Magra, arquitecto de formación, ideólogo falangista, Ministro General del Movimiento y Ministro de la Vivienda entre 1957-1960, dudoso honor se le confiere por parte de los historiadores a este personaje, tal vez por asumir como una verdad incontestable lo difundido en la prensa, sin comprender que durante el franquismo rara vez lo escrito reflejaba la verdad, porque cuantas de esas supuestas verdades acabaron siendo mentiras impuestas por la propaganda oficial. Y es que cuando me refiero a Arrese, lo hago como aquel siniestro personaje que implantó la perversa política de la vivienda en propiedad que ha llegado hasta nuestros dias.

Es preciso recordar que su mayor aportación siendo Ministro de la Vivienda, fue impulsar una política que trató de encontrar la implicación de la iniciativa privada y para ello hizo del construir viviendas un negocio. Aquellas frases que aparecían en la prensa escrita “No queremos una nación de proletarios sino de propietarios” eran explicativas de la política que pretendió instaurar. La iniciativa privada sería la pieza fundamental de su política de la construcción. Para implicar a esta iniciativa privada en la edificación, hizo del construir viviendas sociales un lucrativo negocio, a través de subvenciones a fondo perdido, rentas compensadoras, gozando de todas las ventajas tributarias de las anteriores leyes (Vivienda Protegida, Vivienda Bonificable y Viviendas de Renta Limitada) con materiales a precio de fábrica y exentos de impuestos.

Los sucesivos gobiernos franquistas, de esta forma, se vieron liberados de esa política al movilizar al ahorro privado en apoyo de la edificación y las inmobiliarias privadas entraron en tromba, como un elefante en una cacharreria, en el que sería el gran negocio del ladrillo. Es preciso recordar que en núcleos urbanos como Bilbao, a finales de los años 50, el 46% de las viviendas seguían siendo en alquiler y con la política instaurada por Arrese, en tan solo unos pocos años llevaría hasta casi su desaparición. Sería a partir de entonces la iniciativa privada, la que marcaría las pautas de desarrollo de las ciudades, las líneas arquitectónicas a seguir, decidiendo donde, cómo y cuando se construiría.

Los promotores inmobiliarios crearon falsas expectativas sobre lo que debía de ser una vivienda, dandole importancia a lo comercial, imponiendo una arquitectura banal y repetitiva. Llegaron a hacer de numerosas ciudades vascas, sobre todo de Bilbao y de los nucleos urbanos de ambas márgenes de la ria del Nervión, absurdos urbanísticos, que sufrían el ahogo de sus calles con carencias de edificios de servicios, parques y zonas de recreo. Las fábricas siguieron erigiendose junto a las viviendas con la consiguiente contaminación ambiental, llegaron a fomentar una especulación descomunal con el suelo y con los pisos deshabitados, que fue lo que hizo de esta política un negocio muy lucrativo. El suelo se revalorizó hasta precios insospechados dada la cada vez mayor demanda de suelo y su consiguiente escasez.

Posteriormente se fueron decretando nuevas leyes y reglamentos como la ley de Viviendas de Protección Oficial, que no resultó ser sino otro intento de fomentar el concurso de la iniciativa privada en la edificación de viviendas, tal y como lo fue en 1976 con la ley de Viviendas Sociales.

Los grupos de presión financieros de la vivienda, a través de la publicidad, fueron los principales culpables de crear una falsa expectativa de lo que debía de ser una vivienda. La publicidad estaba concebida unicamente para servir a los intereses particulares de sus promotores llegando a imponer un tipo de vivienda y la necesidad de vivienda, pero con fines bastardos. Todo esta maquinaria que se encontraba en las mismas manos, desde la cual lo que hicieron no fue sino imponer una asfixiante presión a sus usuarios por lo insuficiente de la superficie de la vivienda, por su continua repetición, por su infima calidad y su segregada situación: la vivienda había pasado de ser objeto de uso a serlo de consumo.

El Ministro de la Vivienda, Vicente Mortes, en 1970, reconocía el fracaso de la política sustentada por su gobierno, cuando sostenía que al mirar a las ciudades, no había motivos para sentirse satisfechos, edificios triplicados en altura, circulación imposible en las calles, edificios extraños a su naturaleza, un colosalismo interesado, las evidentes consecuencias de la especulación que se convirtió en un negocio lucrativo y tolerado por todos. Al amparo de las ayudas oficiales se construyeron muchas viviendas de lujo y decrecían las sociales, lo que produjo una inflación de lo superfluo, se edificaba para vender y no para alquilar proliferando los pisos deshabitados.

Ante algunos intentos de intensificar las viviendas en alquiler a precios asequibles, esta pretensión chocaba con la mentalidad que se impuso desde que Arrese fue ministro, dado que la siguieron fomentando los sucesivos ministros de la Vivienda, que es preciso recordar pertenecían todos a la Falange (José María Martínez Sánchez Arjona, Vicente Mortes, Utrera Molina…) Acabó siendo un grave problema, dado que de la experiencia Europea se tomó lo peor, sin comprender que se podía ser arrendatario de vuelo pero no de suelo o que se podía pagar una canon de superficie sin ser propietario del solar. No estaban siquiera preparados para la permuta de viviendas entre inquilinos.

La política estatal prosiguió siendo durante décadas la de proveer de suelo al privado y facilitar una vivienda en propiedad. Cuya consecuencia principal fue el aumento del precio del suelo en la trama urbana bilbaína, que en pocos años llegó a ser extraordinario. La iniciativa privada controlaba el valor del suelo, usurpando un uso social, porque controlando el valor del suelo controlaban el destino del proyecto. En ningún momento se abordó el problema con una conciencia científica de estrategia rigurosa porque permanecía envuelta en una ideología rentable sobre todo para el campo demagógico, consecuencia lógica en una sociedad en que las élites gestoras marginaban la realidad por la evasión permanente.

Detras de todos los problemas que sufría la ciudad, se encontraba una delictiva gestión de las inmobiliarias, que ejercían una mafiosa dictadura desde sus consejos de administración, puesto que eran enclaves monopolistas, basados en subterfugios legalistas de la especulación del suelo con la presencia plena de ambiguedades y rigorismos en la ética municipal. Resultó ser una política inútil, con instrumentos ineficaces, inviables economica y políticamente, lo que finalmente hacia imposible ponerlos en practica. Aquel crecimiento desorbitado de los precios del suelo edificable era debido a la intensificación  del proceso de concentración urbana en paralelo con la rigidez de la oferta, lo cual permitía y potenciaba el comportamiento monopolístico de los vendedores permitiendoles elevar indiscriminadamente los precios sin que se redujera el número de demandantes. El excesivo precio del suelo derivaba de la escasez de suelo urbano que existía y que a su vez tenía unas causas, como la permanencia de un régimen de uso del suelo, lo que hacía posible la retención por parte de los propietarios con fines especulativos.

Los legisladores siguieron considerando la necesidad de crear suelo impulsando este, con creaciones masivas y ayudandose del perverso sistema de expropiación como el más eficaz instrumento de gestión urbanística. Aquella ley del Suelo que vendió el franquismo en 1975, no constituyó un documento de interés para la ordenación del proceso de producción del espacio desde una perpectiva social, ya que no supuso sino una adecuación de la anterior ley de 1956 a los nuevos intereses del capital monopolista, ya que fomentaba graves costos sociales. No era sino un reconocimiento de la incapacidad de la administración para dirigir y controlar los procesos de desarrollo urbano. Esta ley mantenía el caracter oscurantista y antidemocrático de la de 1956, ya que no articulaba la participación ciudadana, unicamente lo hacía a través de unos cauces caducos e ineficaces. Todo esto hizo que la ciudad perdiera su razón de ser por culpa de los conceptos capitalistas de la especulación del suelo, de donde se debian de sacar rendimientos desorbitados de capital y se elevaban torres de cemento sin ninguna creatividad. Significaba la aceptación del sistema de especulación dentro de formulas productivas de la ciudad. Se trataba, en sintesis, de toda una legislación y realidad al servicio de la especulación.

De todos es conocido la voracidad de las inmobiliarias privadas en busca de una máxima rentabilidad económica, al aprovecharse de una legislación y de unos dirigentes urbanísticos, yo diría más que conniventes. De facto, el número de inmobiliarias creadas durante estos años fueron en aumento hasta llegar a cifras extraordinarias en el conjunto del Gran Bilbao.

La iniciativa privada llegó a suscitar un conformismo de las formas arquitectónicas, un ocultamiento ideológico especulativo de sus productos, con idea de dar apariencia de cierto standing a viviendas cuya calidad era la misma que las sociales. Se diseño un decorado exterior susceptible de atraer al comprador con distintas modificaciones de las operaciones durante la ejecucion para ajustar el programa a las posibilidades con un único fín: obtener el mayor beneficio posible.

Durante años la política de venta de viviendas a través de la prensa escrita se hizo irresistible, con la venta de terrenos, la propaganda aparecía junto a los planos de las plantas de las viviendas que podía adquirir el posible cliente, describiendo su optima distribución, con fotos del exterior o del interior de la vivienda, que proporcionaba excelentes facilidades de pago y estaban exentas de impuestos, que les decían cómo les iba a facilitar la vida y es más, les aseguraban les haría la vida más feliz, al resolverles problemas como el del confort, en edificios con una excelente ubicación, y con jardines donde se les aseguraba se les redimiría del estres.

No obstante, la labor de toda esta maquinaria no hubiera sido factible sin la financiación estatal, herramienta que fue fundamental durante décadas. Ejemplos como el Banco de Credito a la Construcción o el Banco Hipotecario de España, se hicieron usuales, aportando miles de millones de pesetas para estimular la actividad constructora de viviendas por la inicitiva privada. Gracias a esta política facilitaron la actividad de las grandes entidades financieras españolas durante décadas, que no fue otra que realizar estudios en grandes concentraciones urbanas con un importante crecimiento vegetativo, para invertir a medio plazo, recuperar la inversión y obtener pingües beneficios, siempre sobre solares cuyas referencias y actividades fueran transparentes. Tras un análisis de mercado, se observaba el déficit, las necesidades futuras y las expectativas de rentabilidad basados en los cálculos sobre millones de viviendas en propiedad. Los bancos estimaban en 1975 que para el año 2000 serían necesarias construir en todo el estado español 14,8 millones de viviendas.

Resulta sorprendente, que una vez corroborado el fracaso del régimen franquista, las actuales autoridades hayan seguido fomentando décadas después la vivienda en propiedad y hayan acabado convirtiendose en co-causantes de la especulación actual junto a las entidades financieras. Toda esta mala experiencia les debería de haber llevado a defender lo que es más justo socialmente, la vivienda en alquiler, pero un alquiler acorde a una pequeña parte de su sueldo, para todas aquellas personas que dada su imposibilidad económica no pueden acceder a una vivienda digna. Sé que tal vez no sea politicamente correcto sostener lo que voy a decir, pero esta política desarrollada hasta ahora no es sino un fraude y un escándalo, porque cómo se le denomina a que se expropien unos terrenos particulares para que se construyan unas viviendas para darlas en propiedad a un futuro especulador, dado que lo único que se fomenta con esta política es la especulación y no resuelve el problema. Las administraciones públicas son las que deberían de quedarse en propiedad la vivienda, así se harían con un importante patrimonio que se cedería en alquiler, ya que otra de las grandes mentiras legadas por el franquismo es que tengamos que adquirir una vivienda en propiedad, porque yo me pregunto ¿a quien beneficia realmente esta política? Juzguen ustedes.

Luis Bilbao Larrondo (Historiador)