Agustín GOIKOETXEA |

Al recuperar la presidencia de Metro Bilbao, José Luis Bilbao anunció el 4 de febrero que encargaría un informe de fiscalización del periodo en el que el PSE gestionó el suburbano de la mano de Iñaki Prego, factótum del entonces viceconsejero de Transportes, Ernesto Gasco. Como apuntaban los datos dados a conocer primero desde la oposición y después por el PNV desde el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), quien fue consejero delegado desde febrero de 2010 a diciembre de 2012 contrató por más de un millón de euros proyectos con «nula o limitada» aplicación, además de originar otros gastos elevados en viajes y vehículo de empresa.

En ese documento se recoge que Prego percibió 183.340,65 euros como indemnización y bonus por objetivos al abandonar por decisión propia la dirección ejecutiva el 21 de diciembre de 2012. Esa compensación le será reclamada una vez que el consejo de administración de Metro Bilbao lo acordase el viernes pasado, al estimar que esos conceptos pactados con Gasco son «nulos de pleno derecho».

En una entrevista en la Cadena Ser, el promotor de la reclamación, el propio José Luis Bilbao, advirtió ayer a Prego de que, si no devuelve el dinero, la Diputación acudirá a los tribunales. El diputado general insistió en que la indemnización ni es legal ni está sustentada por los estatutos de la sociedad pública que él preside.

Horas más tardes, a través de un comunicado, Prego advirtió de que emprenderá acciones legales contra quienes cuestionen su honorabilidad en la gestión de Metro Bilbao. Informó de que ha puesto en manos de sus abogados las declaraciones publicadas en distintos medios por si pudieran dar lugar a actuaciones ante los tribunales.

Justificación de gastos

Tras escudriñar las cuentas, el nuevo equipo directivo liderado por el jeltzale Eneko Arruebarrena, con el asesoramiento de la firma J&A Garrigues, ha descubierto que el metropolitano tuvo que desembolsar 250.000 euros para indemnizar a la adjudicataria del servicio de lanzadera Etxebarri-Galdakao, que no llegó a funcionar, y que tuvo que abonar cuantiosas multas a la Diputación por no disponer de permisos.

Considerables son también las facturas en viajes a Chile y Suiza -cuyo objetivo no está justificado claramente- y Brasil, a donde se cursaron cuatro viajes a pesar de que Metro Bilbao no logró ningún contrato. Fueron 147.243,07 euros, de los que 9.137,11 se abonaron por un desplazamiento de Prego a Santiago de Chile veinte días antes de cesar voluntariamente.

Prego dispuso durante esos tres años de un vehículo de alta gama, un BMW Serie 5. Se da la circunstancia de que el directivo no vivía en Bizkaia y, a pesar de su sueldo de alrededor de 140.000 euros anuales, se le pagaban los desplazamientos de casa al trabajo y viceversa, una práctica que no es nueva en algunas empresas públicas.

Tampoco está fundamentado por qué Metro Bilbao invirtió más de un millón de euros en proyectos que finalmente no se aplicaron o lo hicieron de manera muy limitada. A firmas externas se encargaron trabajos de desarrollo organizativo y gestión del cambio, al que iban asociados otros. Esos informes de consultoría no fueron expuestos al comité de dirección ni al consejo de administración a pesar de que se suponía que eran «estratégicos» para la compañía. Tampoco pasan por alto los fiscalizadores que la mayoría de las empresas adjudicatarias no eran vascas, lo que levanta ciertas sospechas.

A este respecto, Bilbao manifestó que si Prego «como consejero delegado tenía autorización legal para incurrir en determinados contratos y gastos, legal es; otra cosa es que eso sea ético, que sea justo, que se deba hacer o que se deba evitar, y en este momento lo vamos a evitar».

EH Bildu, por boca de Maribi Ugarteburu y Helena Gartzia, insistió ayer en rueda de prensa en que «la transparencia, el control público, la gestión directa y la participación ciudadana son las garantías» para que no vuelvan a producirse situaciones como las recogidas en el informe sobre Metro Bilbao o en otras entidades. Además, advirtió de que ese modelo «de gestión oscurantista» es el que han aplicado PNV, PSE y PP sin distinción y al que la coalición se opone.

Ugarteburu y Gartzia precisaron que, aunque la gestión del PSE es denunciable, también lo es «que los que precedieron a Prego dejaron una deuda de 500 millones de euros en el Consorcio de Transportes de Bizkaia».

«La noticia de hoy no es la única muestra de que hay personas que se intentan lucrar a costa de la ciudadanía. Si se producen decisiones de este tipo es porque el modelo de gestión opaco vigente así lo permite», manifestaron, añadiendo que es el sistema por el que se rigen las sociedades mercantiles forales, «que se abastecen de dinero público para realizar una gestión privada».

Desde el PSE, Patxi López emplazó al diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, a denunciar ante los tribunales las irregularidades acometidas por el Prego en vez de dedicarse a emprender «campañas de desprestigio». «Si tiene constancia de alguna irregularidad o ilegalidad, lo que tiene que hacer es denunciarlo en los tribunales y dejar de hacer como el aldeano, que tira la piedra y esconde la mano», destacó el exlehendakari.

El PP, por su parte, exigió «explicaciones a todos los vizcainos» por la gestión de Iñaki Prego.

PUBLICADO  en GARA

LOS DATOS Las obras comenzaron en 2010 y la aportación de fondos suscitó una fuerte polémica entre PSE y PNV Los vecinos, molestos con los trabajos, pidieron la semana pasada que se concretaran los plazos

El Gobierno vasco estima que las obras para la entrada en funcionamiento del nuevo trazado no acabarán hasta 2017 Ana Oregi pone fecha al plan de expansión del suburbano, un mes después de que el lehendakari advirtiera de que el proyecto sería «reprogramado»

BILBAO. Cuatro años. Este es el plazo de tiempo que el Gobierno vasco considera que será necesario para poner en servicio la Línea 3 del metro de Bilbao. Así lo afirma la titular de la cartera de Medio Ambiente y Planificación Territorial, Ana Oregi, en una respuesta parlamentaria. En su escrito, la consejera arroja luz sobre una de las preguntas recurrentes que han asaltado a vecinos y partidos políticos desde que, el pasado 12 de marzo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, advirtiera de que la expansión del suburbano hacia los barrios altos de la villa sería una de las infraestructuras en construcción que i ban a ser «reprogramadas o reorientadas» por las estrecheces presupuestarias.

«Estimamos que quedan cuatro años de obras y montaje de instalaciones hasta la puesta en explotación del nuevo trazado», asegura la máxima responsable de la política de Transportes de la Administración autonómica, en un documento oficial remitido la semana pasada a Bildu y al que ha tenido acceso EL CORREO. La miembro del Ejecutivo autonómico no ofrece más detalles sobre el cronograma previsto para rematar una actuación que, según los planes iniciales, debería estar ya en funcionamiento y que se retrasará, al menos, hasta 2017.

Los primeros planes hablaban de 2012. Posteriormente, el equipo del socialista Iñaki Arriola aplazó la fecha de apertura hasta 2015 –la primera piedra se colocó en febrero de 2010–. Antes de dejar el Gobierno y después de que se hiciera público que el proyecto se había encarecido en más de 100 millones de euros, los responsables técnicos nombrados por el PSE apuntaron que la Línea 3 aún podría ser inaugurada antes de 2016 si se mantenía «el esfuerzo inversor».

Duro enfrentamiento

La falta de financiación es, precisamente, el mayor obstáculo para la llegada del metro a Otxarkoaga, Txurdinaga o Matiko. El proyecto fue motivo de un duro enfrentamiento durante la pasada legislatura entre el Ejecutivo vasco y la Diputación, con acusaciones mutuas de deslealtad y de no querer aportar fondos a la iniciativa. Ahora, en su escrito, Oregi precisa que el sobrecoste de los trabajos asciende a 124 millones de euros. Según la información aportada por la consejera, el plan costará 277 millones frente a los 153 contemplados en la primera planificación económica realizada. «El dinero destinado en los presupuestos 2013 para estos trabajos es de 23,1 millones de euros», añade.

Las asociaciones de vecinos de los barrios altos de la villa se encuentran muy preocupadas por el retraso que acumula la iniciativa. A finales de la semana pasada, los colectivos que representan a los residentes de Otxarkoaga y Uribarri instaron a las direcciones de Metro Bilbao y ETS a facilitarles información sobre «cuándo y cómo» van a finalizar las obras, así como la fecha «previsible» de su puesta en servicio. Los afectados aseguran que están viviendo un auténtico infierno por los cortes de calles, el continuo trasiego de camiones y la ocupación del espacio público con vallados.

Tras recibir la respuesta parlamentaria firmada por la consejera, Bildu considera prioritario que los trabajos no se paralicen. En este sentido, reclaman «el compromiso de todas las instituciones implicadas para que las obras cuenten con la financiación necesaria». Asimismo, urgen a «postergar» la reforma de la estación del Casco Viejo, donde está previsto construir un edificio emblemático que llevará la firma del arquitecto británico Norman Foster, pero cuyo concurso público aún no ha sido siquiera convocado. «El servicio puede ponerse en marcha de manera provisional aprovechando la salida de Metro Bilbao por la Plaza Unamuno», propone la coalición abertzale.

Una vez concluida, la Línea 3 del ferrocarril subterráneo tendrá 5,8 kilómetros de longitud. Partirá de San Antonio de Etxebarri y finalizará en Matiko, en donde se podrá enlazar con la línea de tren que llegará al aeropuerto, a través del túnel de Artxanda que actualmente encara la fase final de su construcción.