A las puertas de unas elecciones que modificarán la composición actual del Ayuntamiento, las AAVV preparan su quinta asamblea, en la que, entre otros asuntos, se debatirá un informe que recoge propuestas para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un proceso iniciado con retraso. En noviembre, el Área de Urbanismo y Medio Ambiente, capitaneada por la edil Julia Madrazo (EB), avanzó que para mayo podría contar con un anteproyecto, con la vista puesta en que el nuevo documento esté aprobado para 2012.

Los colectivos no pretenden redactar un PGOU alternativo. «Es tan sólo nuestra aportación desde la perspectiva de los diferentes barrios, tras los debates mantenidos y los criterios básicos acordados», explican, aunque concluyen que «el modelo de desarrollo urbano que ha seguido Bilbao hasta el momento presente se resquebraja».

El informe «Bilbao: La ciudad que queremos» es categórico, al defender que el modelo de desarrollo de una `ciudad de servicios’ o `ciudad escaparate’, con grandes y suntuosas infraestructuras financiadas con las plusvalías de la recalificación de suelo público y la construcción y venta de viviendas se acaba. Ya no queda -resaltan- suelo y las viviendas no se venden».

Lo que parece evidente para los técnicos que colaboran con las AAVV, no lo es para el alcalde. En el último pleno municipal de la legislatura, Azkuna continuó apostando por el modelo que los colectivos vecinales dan por agotado. El primer edil y candidato a la reelección por el PNV afirmó que la estación del TAV de Abando se financiará a través de la venta de viviendas de lujo: «El modelo funciona y va a funcionar» cuando se supere la actual crisis económica.

Diametralmente opuesta es la reflexión del movimiento vecinal. «El modelo de expansión económica global y local que ha permitido la financiación pública de todo este desarrollo ya no resulta viable: ya no queda suelo público en el centro de la ciudad -a excepción de Zorrotzaurre-, las plusvalías generadas se han reducido dramáticamente -una buena parte de lo ya construido está resultando difícil de vender- y aparecen nuevos problemas socioeconómicos -paro, cierre de negocios, acceso a la vivienda- que se han de tratar por parte de las administraciones de una forma prioritaria», manifiestan.

Juan Mari Zulaika, componente de la directiva de la Federación de AAVV, manifiesta en un artículo reciente, en el que afirma que en Bilbo la participación ciudadana está proscrita, que «el flamante desarrollo urbanístico de Abandoibarra no es para encandilarnos. Otras áreas de actuación urbanística pendiente como Zorrotzaurre-El Canal, Basurto-Olabeaga, Irala-Rekalde… deberán atender otros parámetros, más sociales y menos especulativos».

Respecto a las tesis del alcalde, Zulaika le responde que «hipotecar el suelo, señor Azkuna, es tan grave como la hipoteca financiera. Hay que devolver su calificación original al suelo postindustrial tan alegremente recalificado para vivienda».

En el capítulo de la gestión del suelo, el extenso documento de los colectivos vecinales se plantea, por ejemplo, la necesidad de que todos los suelos privados de uso público que no tengan aprovechamiento bajo rasante puedan pasar a gestión y propiedad pública. Asimismo, se inclinan por limitar la enajenación de suelo para equipamientos públicos «en favor de llenar arcas y de la actividad privada». Tampoco se olvidan las asociaciones de apostar por la revisión de las recalificaciones de zonas industriales para la construcción de vivienda sin haber contemplado otras necesidades alternativas, como es el caso de los pabellones de Irala y Errekalde.

En el nuevo ciclo económico que se atisba, estiman que habrá que solventar «los acuciantes problemas económicos volviendo los ojos sobre la ciudad ya construida, reconstruyendo, revitalizando y regenerando el tejido urbano ya existente».

Se trata, inciden los urbanistas que colaboran con las AAVV, de gestionar de manera muy eficiente los escasos recursos. ««Se tendrá que preservar el poco suelo público urbano que aún queda buscando una ciudad con una mayor calidad de vida para sus ciudadanos, que ofrezca mayores oportunidades y deje de lado lo suntuoso, lo emblemático y lo caro de `la ciudad escaparate’».

Por ello, abogan por la rehabilitación de viviendas en una trama urbana en la que buena parte de los edificios tienen más de 40 años. «Se requiere de una ordenanza municipal de intervención en la vivienda que permita la rehabilitación y la puesta en uso de las vivienda vacía», señalan.

En sucesivos foros impulsados desde instituciones públicas y privadas se viene repitiendo la idea de que la ciudad sea más «compacta». Los colectivos ciudadanos coinciden en el concepto, aunque no en su definición. «El nuevo modelo de ciudad del que se empieza a hablar, la `ciudad compacta’, se está promocionando desde la única perspectiva de fomento del crecimiento en altura de los edificios. La `ciudad compacta’ -aclaran en el informe- no supone una ciudad vertical si no una ciudad cohesionada y con una mezcla de usos y actividades», rechazando por tanto los rascacielos con «serios problemas de seguridad y sanitarios».

Mejoras en los barrios

Entre los retos que fijan desde la Federación de AAVV está el de conseguir una villa «más descentralizada y cohesionada socialmente» a través de una mejora de la calidad de vida de los barrios. Además, advierten de que los problemas de accesibilidad de los barrios no están suficientemente cubiertos por el transporte público y generan un «uso excesivo» del vehículo privado. La situación, precisan, se agrava en los núcleos poblados más altos, donde residen unas 135.000 personas.

Es más, en la extensa reflexión a discusión en su próxima asamblea, las AAVV consideran la movilidad, los problemas derivados del tráfico de vehículos y la gestión del transporte público como una de las reivindicaciones más urgentes del movimiento ciudadano.